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ONG llaman a garantizar presupuesto mínimo para la atención de víctimas
Las organizaciones Centro Prodh y Fundar afirmaron que con el amparo en revisión 675/2022, que prevé analizar la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mañana 15 de noviembre, se abre una oportunidad para garantizar el presupuesto para la atención a víctimas de la violencia.
Las organizaciones Centro Prodh y Fundar afirmaron que con el amparo en revisión 675/2022, que prevé analizar la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mañana 15 de noviembre, se abre una oportunidad para garantizar el presupuesto para la atención a víctimas de la violencia.
En un comunicado conjunto, las ONG aseguraron que para el Presupuesto de Egresos 2024, no se respetó el mínimo de recursos para atender a las víctimas.
“La partida Ayudas Sociales de la CEAV (Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas), a través de la cual se financian este tipo de medidas, contaría en 2024 con un presupuesto de 633 millones de pesos, por lo que, para cumplir con la garantía mínima, el presupuesto de esta partida debería aumentar en un 24%; es decir, cerca de 200 millones de pesos más”, denunciaron las organizaciones.
El amparo promovido es, específico, contra la modificación a la Ley General de Víctimas, que eliminó la obligación de destinar un mínimo del presupuesto anual a la CEAV para cubrir exclusivamente gastos relacionados con reparación integral, medidas de ayuda y asistencia para las víctimas.
“Con esta reforma, se corre el riesgo de que, frente a cambios en las prioridades presupuestarias, se disminuya o recorten los recursos para el pago de medidas de ayuda, asistencia y reparación integral de víctimas como gastos funerarios de personas privadas de la vida arbitrariamente, traslados y hospedajes para las búsquedas de las familias que buscan a personas desaparecidas, entre otras”, denunciaron las organizaciones.
En la nota de prensa se resaltó que el retiro del asunto de la lista para la sesión del pasado 9 de agosto, donde se tenía previsto discutir el proyecto de resolución del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, genera la expectativa de que la SCJN analice a fondo la importancia de garantizar un presupuesto mínimo para las víctimas.
Dicho proyecto propone conceder el amparo al Centro Prodh al considerar que la reforma vulnera el principio de progresividad de los derechos humanos.