PJF pide garantizar 2.5% de presupuestos a poderes estatales

Garantizar al menos 2.5% del presupuesto de los estados y el federal para los poderes judiciales, aumentar la contratación de jueces, cambiar el enfoque “punitivo” de la política criminal y crear un sistema de protección de operadores de justicia, son parte de las propuestas que lanzó el Poder Judicial de la Federación (PJF) para mejorar la seguridad y justicia en el país.

En el marco de la discusión en el Senado de la minuta de reforma judicial, el PJF presentó ayer los documentos: “Reforma integral al sistema de justicia en México: desafíos y propuestas” y “La reforma al Poder Judicial en voz de la Judicatura”, creados con propuestas retomadas de foros y conservatorios en las 32 entidades del país con expertos y operadores del sistema de justicia.

Presupuesto y protección

Es importante promover reformas constitucionales que aseguren la autonomía presupuestaria de los poderes judiciales estatales, para garantizar un presupuesto que represente al menos 2.5% del total de cada entidad federativa, de manera que los poderes judiciales cuenten con los recursos necesarios para llevar a cabo estos cambios estructurales”, se precisó en el documento “Reforma integral al sistema de justicia en México: desafíos y propuestas”.

En el mismo informe se indicó que se debe garantizar la protección de los diferentes actores del sistema de justicia, por lo cual se debe crear un sistema de protección.

“Este sistema debería considerar a diversos operadores jurídicos, incluidos personas defensoras públicas, fiscales, juezas, jueces, magistrados, magistradas, tanto en el ámbito federal como en las entidades federativas”.

Aunado a esto se recomendó ampliar el número de jueces con el fin de agilizar los procesos jurídicos.

Cambiar enfoque punitivo

A su vez, en el mismo documento se propuso que se abandone el enfoque “punitivo” en seguridad pública, además de integrar a los poderes judiciales estatales con el fin de mejorar el acceso a la justicia.

En este contexto se llamó a legislar para abandonar leyes que permiten la prisión preventiva y el arraigo, como se ha recomendado por organismos como las Naciones Unidas.

A su vez, se llamó a integrar a los poderes judiciales estatales en la creación de las políticas criminales.

“Se debe reformar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública para incluir a los poderes judiciales en el desarrollo de la política criminal, con respeto a su independencia, pero contribuyendo a una estrategia más coherente y efectiva”, se aseguró.

En materia penal, el informe propuso también mejorar la profesionalización de los ministerios públicos.

“Ello puede lograrse por medio del uso de los parámetros actuales para la selección de magistrados y funcionarios judiciales basados en un modelo de carrera y certificación constantes. Esta propuesta puede incluir el establecimiento de una institución similar a la del Consejo de la Judicatura Federal que sea independiente de la Fiscalía y con integración mixta entre autoridades ministeriales, sociedad civil y judicatura para evaluar el actuar y desempeño de personal de investigación”, se indicó.

Sistema disciplinario

Por su parte, en el documento “La reforma al Poder Judicial en voz de la Judicatura”, se destacó que una de las principales preocupaciones para los participantes de los foros fue el Tribunal de Disciplina.

“En particular, preocupa que las decisiones de este tribunal serían definitivas e inatacables en tanto que con este diseño se eliminaría el derecho a una segunda instancia. Académicos enfatizaron la necesidad del respeto estricto a los derechos de presunción de inocencia, defensa adecuada y debido proceso dentro de los procedimientos disciplinares.

“Además, la falta de claridad sobre los mecanismos de selección y supervisión de los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial podría politizar la justicia y comprometer la imparcialidad de las personas juzgadoras”, se indicó.

Ante este panorama se propuso fortalecer los mecanismos disciplinarios que existen en el Consejo de la Judicatura Federal.

“Esto incluiría aumentar la transparencia de los procesos de vigilancia y disciplina. También se propone involucrar a la sociedad civil, así como implementar un sistema de retroalimentación y auditoría que mejore la eficiencia y la rendición de cuentas en el sistema judicial”, se precisó.

Riesgos de enmienda

En el mismo documento se advirtió de los riesgos de sustituir masivamente a jueces.

“La sustitución abrupta de personas juzgadoras podría generar un rezago en la resolución de casos, afectando directamente a las personas usuarias del sistema. Por ello, se recomienda una implementación gradual y escalonada que permita integrar nuevos perfiles sin comprometer la operación cotidiana del sistema de justicia, aprovechando el talento existente”.

Apoyan a los 43 senadores que votarían en contra

Por quinto día, marchan en defensa del Poder Judicial

“El-Poder-Judicial-no-va-caeeer, no-va-caeeer, el Poder Judicial no…”, corearon los manifestantes aglutinados sobre la avenida Paseo de la Reforma, en las afueras de la Cámara de Senadores.

En el quinto día de protestas contra la reforma judicial que procesa el Congreso de la Unión, inconformes con la elección de ministros, jueces y magistrados propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) y universitarios marcharon del Ángel de la Independencia a la Cámara Alta.

“¡No están solos!, ¡no están solos…”, gritó a todo pulmón Patricia Aguayo, vocera de los trabajadores judiciales, desde el templete colocado para el mitin sobre el arroyo vehicular, en referencia a los 43 senadores del PAN, PRI y MC que ya comprometieron su voto en contra de la reforma judicial.

Llegó el turno del uso de la voz al ministro en retiro José Ramón Cossío.

Explicó que el motivo de la “manifestación pacífica e informada” era comunicar a los senadores el “rechazo a la reforma judicial”.

Leído el texto aprobado por la Cámara de Diputados la semana pasada, dijo, hay la convicción de que “los intentos por modificar a los poderes judiciales del país anteponen los intereses de quienes hoy gobiernan, en perjuicio de la convivencia plural de la inmensa mayoría de los mexicanos”. (Rolando Ramos)

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