Lectura 3:00 min
Pagan cuota por lugar en campamento
El Instituto Nacional de Migración informó que el desalojo de un campamento de personas en calidad migrante, durante la noche del 5 de junio, de la plaza Giordano Bruno, se realizó para mejorar las condiciones de este grupo de personas.
Durante el 2022, se registró un total de 118,756 solicitudes de refugio en las oficinas de la Comar en el país.
El Instituto Nacional de Migración informó que el desalojo de un campamento de personas en calidad migrante, durante la noche del 5 de junio, de la plaza Giordano Bruno, se realizó para mejorar las condiciones de este grupo de personas.
A través de una tarjeta informativa, que se emitió en cumplimiento a una instrucción del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se detalló que las acciones realizadas en la alcaldía Cuauhtémoc incluyeron la regularización de la situación migratoria de las 432 personas de nacionalidad extranjera que se ubicaban en la zona.
“El INM estableció comunicación directa con cada una de las 432 personas extranjeras, para lo cual contó con el apoyo de agentes migratorios especializados en traducción. De este conjunto de personas, 83 aceptaron de manera voluntaria su traslado a los espacios migratorios del INM en los estados de Morelos (76) y México (7). Por su parte, nueve fueron trasladadas a las Oficinas de Regularización del INM en la Ciudad de México. Finalmente, siete personas fueron trasladadas a un albergue en la Ciudad de México, entre ellas, tres menores de edad”, indicó la dependencia.
Se compartió que, un total de 99 personas aceptaron recibir una tarjeta de visitante por razones humanitarias, con la cual se regularizará su situación migratoria por un año. Estas personas son originarias de diversos países: tres provenientes de Brasil; una de Chile; cuatro personas más de nacionalidad colombiana; cinco ciudadanos de Ecuador, de El Salvador, una persona, Haití fue el país con más ciudadanos con 53; Honduras y Nicaragua sumaron tres, cada uno; Perú contó con uno y Venezuela sumó 17 personas.
Las autoridades detallaron que el resto de las personas migrantes decidieron retirarse por su propio pie, ya que contaban con documentos migratorios que acreditaban su condición regular en el país.
También se expresó que, durante la intervención, se descubrió que las personas extranjeras realizaban un pago, a manera de cuota, a un dirigente territorial para tener un lugar en el campamento, con montos que oscilaban entre los 200 y 600 pesos.
Estas tareas fueron realizadas en coordinación con la Guardia Nacional y diversas dependencias del gobierno de la Ciudad de México, incluyendo la Secretaría de Seguridad Ciudadana y representantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.