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Pendiente de promulgar, ley para sancionar la tortura
La iniciativa sobre tortura fue presentada por el mandatario mexicano desde el 14 de diciembre de 2015; el decreto fue turnado por los legisladores al Ejecutivo federal para su promulgación desde el pasado 26 de abril.
El presidente Enrique Peña Nieto tiene pendiente promulgar dos decretos aprobados por el Congreso de la Unión en el periodo de sesiones ordinario recién concluido, cuyas modificaciones él propuso.
Se trata del decreto que incluye la nueva Ley General para Investigar y Sancionar los Delitos de Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanas o Degradantes, y las modificaciones hechas, en relación con el tema, a los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal y 6 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y del correspondiente a los cambios a la Ley General de Salud y al artículo 195 del Código Penal Federal.
La iniciativa sobre tortura fue presentada por el mandatario mexicano desde el 14 de diciembre de 2015 y la relacionada con el uso medicinal de la mariguana desde el 21 de abril de 2016; ambos decretos fueron turnados por los legisladores al Ejecutivo federal para su promulgación desde los pasados 26 y 28 de abril, respectivamente.
El último día de sesiones del pasado periodo ordinario, los diputados federales turnaron a los congresos locales para su ratificación dos decretos de reformas a la Constitución promovidas por Peña Nieto 16 meses y un semestre antes, respectivamente, en materia de resolución de fondo del conflicto y procesal civil y familiar.
Una vez que sean ratificados por al menos 16 congresos estatales, los decretos referidos serán turnados al Ejecutivo federal, previa declaratoria de reforma constitucional por parte del Congreso mexicano, para su promulgación y entrada en vigor.
En el periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión anterior, realizado entre el 1 de febrero y el 30 de abril, los diputados federales y senadores aprobaron cinco iniciativas pendientes del Ejecutivo federal, incluyendo la iniciativa preferente para reformar la Ley General de Educación presentada al inicio el periodo como ordena la Constitución.