Piden desahogo de iniciativa antilavado

Por tratarse de un tema relevante, la Cámara de Diputados está obligada a acelerar la aprobación de las reformas propuestas por el presidente Enrique Peña Nieto que buscan fortalecer el marco jurídico para combatir el lavado de dinero y delitos relacionados, como el terrorismo, afirmó Julio César Moreno Rivera.

El integrante de la Comisión de Justicia, instancia de trabajo a la que fue remitida la iniciativa presidencial para reformar los códigos Penal Federal, Federal de Procedimientos Penales y Fiscal de la Federación, así como las leyes Federal contra la Delincuencia Organizada y Federal de Extinción de Dominio, anticipó que la próxima semana propondrá la suscripción de un acuerdo entre los coordinadores de los grupos parlamentarios del PRI, PAN y PRD para ubicar el tema como prioritario y de urgente desahogo.

El acuerdo es fundamental, amplió el también Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, porque el proyecto es muy importante, aunque no haya sido resultado de los consensos entre el gobierno federal y las principales fuerzas políticas del país en el contexto del Pacto por México.

Es un tema que requiere celeridad por su relevancia, previo acuerdo .

En todo caso, dijo, la iniciativa presidencial deberá procesarse conforme a los tiempos establecidos en el reglamento interno, que es de 45 días hábiles. De acuerdo con el artículo 182 del citado ordenamiento, las comisiones ordinarias deben dictaminar dentro de un término máximo de 45 días , con derecho a una prórroga por un plazo igual.

MANIFESTACIONES NO TERRORISMO

El proyecto del presidente Peña establece que las penas de prisión sugeridas de 15 a 40 años y de 400 a 1,200 días de multa, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos, para quien realice, acuerde, prepare o pretenda cometer un acto terrorista, se aumentarán en una mitad cuando además el delito se cometa contra un bien de acceso público, se genera un perjuicio a la economía nacional o en la comisión del delito se detenga en calidad de rehén.

Aclara que las manifestaciones que realicen grupos sociales en ejercicio de los derechos humanos, sociales o de cualquier otro derecho constitucional, sin atentar contra bienes jurídicos de personas, tengan la finalidad de presionar a la autoridad para que tome una determinación en cierto sentido sobre alguna demanda no se considerarán como terrorismo.

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