“Plan B” de AMLO hace cirugía de adelgazamiento al INE sin tocar a partidos

El llamado "Plan B" para modificar algunas leyes secundarias en materia electoral que fue aprobada este miércoles por la Cámara de Diputados es una “cirugía” -sin diagnóstico- de "adelgazamiento" presupuestal al Instituto Nacional Electoral (INE), no fortalece la democracia y deja intactos a los partidos políticos, opinaron expertos.

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, reconoció que se trata de una reforma para disminuir en lo inmediato el costo de operatividad del INE en 3,500 millones de pesos y, en general, de 5,000 millones de pesos en el primer año de ejecución. 

La reforma -que aún deberá ser analizada por el Senado de la República- quita facultades administrativas a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral para entregarlas a cinco consejeros designados por el pleno. Crea la Comisión de Administración, integrada por cinco consejeros, en sustitución de la Junta General Ejecutiva, compuesta por los Directores Ejecutivos, Secretaria y Presidencia del INE, responsables del manejo presupuestal, el seguimiento del gasto y el Servicio Profesional Electoral Nacional.

Contempla la eliminación de las figuras de Vocal Secretario y Vocal de Organización en la estructura del INE. A nivel distrital se suprimen los cargos de Vocal de Organización Electoral, Vocal de Registro Federal de Electores, Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica y Vocal Secretario, aunque se mantiene únicamente el Vocal Operativo en la estructura.

Bajo el nuevo Servicio Nacional Electoral, establece órganos electorales permanentes y temporales, con lo que se pretende una reducción de 300 a 264 el número de órganos distritales fuera del proceso electoral bajo criterios de regionalización. Durante el periodo electoral, la estructura de los órganos distritales se reintegrará en su totalidad para cumplir con las funciones del Instituto.

Por otro lado, la minuta impulsada por el Gobierno federal plantea eliminar los fondos y fideicomisos del INE como el Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral; y el Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral, cuyos recursos deberán ser reintegrados a la Tesorería de la Federación.

Eric Guerrero Luna, abogado experto en derecho electoral, opinó que se trata de una reforma para debilitar al INE, ya que reduce de manera unilateral recursos sin un análisis sobre el impacto negativo que tendrá en su operación.  Destacó que la reforma no merma a los partidos, e incluso contiene beneficios para ellos.

“La reforma denominada Plan B, obedece al rencor que el Presidente le guarda al INE, pues más que fortalecer nuestra democracia, sistema de partidos, la fiscalización electoral, entre otras, realiza una cirugía de último momento a la autoridad electoral, ataca directamente al Servicio Profesional Electoral, reduce la estructura orgánica fusionando direcciones y unidades técnicas del Instituto sin hacer un análisis de impacto presupuestal que todo dictamen de reforma debe tener, dicho impacto lo encarga al propio INE en sus artículos transitorios.

“Ahora los remanentes de los partidos ya no serán devueltos a la Federación obligatoriamente, sino que los partidos tendrán la oportunidad de utilizarlos en ejercicios fiscales subsecuentes e incluso utilizarlos para sus procesos electorales, ya no se podrán imponer sanciones por indebidas afiliaciones y tampoco sanciones por temas de falta de enteros de impuestos u otros que competan a otras autoridades.

“Es decir, la reforma más que maximizar la fortaleza de nuestra democracia, parece que el objetivo es mandarle un mensaje al INE que se debe ajustar al poder en el gobierno o seguirá siendo sometido a cirugías para reducir su capacidad de operatividad. No niego que sea necesaria una reestructura, pero para ello se debiera primero realizar un impacto presupuestal y operativo, y después la reforma. Sin embargo, en esta ocasión sucedió lo contrario”, explicó.

Por su parte, el abogado Luis Rodríguez Alemán cuestionó: “Uno de los objetivos principales de la reforma legal electoral es debilitar la autonomía presupuestal del INE. Castiga la eficacia administrativa y todo ahorro o economía debe entregarse a la Tesofe. Ordena liquidar los fideicomisos y los recursos entregarse a la Tesofe”.

Para Eric Guerrero, una de las cosas positivas de la reforma en materia electoral, que aún deberá ser analizada por el Senado, es que se garantiza la representación de grupos vulnerables mediante acciones afirmativas para candidaturas de personas jóvenes, indígenas, afromexicanos, personas de la diversidad sexual, migrantes y discapacitados.

jorge.monroy@eleconomista.mx

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