Pondrán dispositivo de localización a agentes que realicen detenciones

Las comisiones del Senado aprobaron la ley general para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes, que castigará hasta con 30 años a funcionarios que incurran en tortura y obligará a los agentes de las instituciones de seguridad pública que realicen detenciones a contar con un dispositivo electrónico de localización geográfica en tiempo real.

La ley, que hasta el cierre de esta edición se perfilaba para aprobarse en el pleno del Senado, tuvo varios cambios respecto de documentos de trabajo distribuidos anteriormente. Uno de ellos es el referente a los dispositivos electrónicos para elementos policiacos.

Este dispositivo será para que los uniformados no se lleven a los detenidos a otros lugares, para torturarlos o aplicarles otros tratos crueles. Los dispositivos deberán estar en funcionamiento a partir del momento de la detención y hasta la puesta a disposición de la persona detenida y deberán realizar un reporte administrativo de manera inmediata sobre cada caso.

Esta medida se deberá aplicar, máximo, dos años después de que la ley entre en vigor. Otro de los cambios es para aplicar una sanción de tres meses a tres años de prisión y hasta 200 días de multa al funcionario que, en el ejercicio de su encargo, como medio intimidatorio, como castigo, veje, maltrate, degrade o humille a una persona.

Por primera vez, la ley abre la puerta para que soldados y marinos desobedezcan a un superior en caso de que les ordene torturar.

Las órdenes de los superiores jerárquicos de cometer tortura son manifiestamente ilícitas y los subordinados tienen el deber de desobedecerlas y denunciarlas .

Se pondrá pena de 10 a 20 años de prisión a los funcionarios que torturen y se podrá aumentar hasta en una mitad hasta 30 años- cuando la víctima sea menor de edad, mujer, embarazada, adulto mayor, tenga alguna discapacidad, así como periodista o defensor de derechos humanos.

Este delito será imprescriptible y no procederá la libertad condicionada para los sentenciados.