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Presencia militar no funciona en seguridad: AI
Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional, aseguró que el 2014 ha sido uno de los peores años para los derechos humanos.
De acuerdo con Amnistía Internacional (AI), la crisis de seguridad que viven países latinoamericanos como México, en particular con el fortalecimiento de diversos actores no estatales -grupos del crimen organizado, maras, pandillas, entre otros-, ha dado pie a nuevos tipos de conflictos sociales que han tenido efectos devastadores para la población civil.
En su participación en el lanzamiento de las oficinas regionales de AI en las Américas con sede en México, el secretario general de Amnistía Internacional, Salil Shetty, advirtió sobre la militarización de los países latinoamericanos para enfrentar a los grupos trasnacionales del crimen organizado.
Amnistía Internacional está muy preocupado sobre la respuesta militarizada a la falta de seguridad en este continente. Sabemos, por décadas de experiencia, que esto nunca ha funcionado bien; de hecho, empeora la situación para los sectores más vulnerables , reiteró Shetty.
El 2014, dijo, ha sido uno de los peores años en materia de derechos humanos. Sobre México, refirió que el número de desafíos del país es importante: 23,000 homicidios en el 2013; más de 27,000 personas desaparecidas y 43 estudiantes normalistas que desaparecieron a manos de policías municipales en colusión con el crimen organizado el año pasado.
La directora de Fundación para la Justicia México, Ana Lorena Delgadillo, expuso, por su parte, que grupos criminales han aumentado su poder de influencia en la región, desafiando de manera efectiva el poder del Estado.
En tanto, entrevistada en el marco del lanzamiento, la directora regional para las Américas de AI, Érika Guevara, afirmó que en esta organización, presente en más de 150 países, hay una preocupación generalizada de las violaciones de los derechos humanos que se cometen en todos los países de la región, desde Canadá hasta Argentina.
Es por ello, explicó, que esta organización mundial determinó abrir una oficina regional de las Américas, que tendrá sede en México, que le permitirá vigilar el estado de los derechos humanos.