Pretenden regular retenes en el país

El PRD presentó ayer una iniciativa para crear un protocolo de actuación de policías y militares que permita preservar la vida, integridad física y el patrimonio de los ciudadanos dentro de los operativos y retenes que llevan a cabo el Ejército y la Policía Federal.

En tribuna para presentar el proyecto, el senador Tomás Torres (PRD) dijo que el Estado mexicano no puede renunciar a su responsabilidad de garantizar la salvaguarda de la integridad de las personas, de sus familias y de sus bienes.

La iniciativa, respaldada por senadores del PRI y PVEM, propone expedir el decreto de emergencia para preservar los derechos de los ciudadanos en las acciones y operativos del gobierno federal contra el Crimen Organizado. En ese decreto se dejaría establecido que las acciones y los operativos en contra de hechos que constituyan o puedan constituir hechos delictivos estarán regulados por un protocolo específico de carácter imperativo.

De aprobarse, la Policía Federal, el Ejército y la Marina tendrían que llevar a cabo los protocolos tácticos y operativos para remitirlos al Consejo Nacional de Seguridad Pública, el cual daría el visto bueno.

De esa forma, explicó el senador Tomás Torres, se especificaría cómo y cuándo podrían actuar los elementos del Ejército y de la policía en retenes, operativos, intercambio de fuego con el crimen organizado y persecuciones a los delincuentes.

Las técnicas y tácticas partirían de un uso racional y legítimo de la fuerza, y se especificaría que en los retenes y centros de detención en carreteras los elementos de seguridad deberán tener señalización clara que permita su plena identificación; cámaras de video que permitan la filmación del tránsito de vehículos y personas por el retén; mecanismos de inmovilización de vehículos que no atiendan la revisión y los elementos policiacos o militares deberán estar debidamente capacitados.

En la propuesta se establece: La actuación de las instituciones de seguridad pública y de los elementos de las Fuerzas Armadas que participen en tareas de seguridad pública y combate a la delincuencia se regirá por los principios de legalidad, eficiencia, racionalidad, profesionalismo y respeto a las garantías y los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales .

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