Promueven en San Lázaro contralorías ciudadanas

La fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados promueve expedir la ley general del sistema nacional de contralorías ciudadanas, como la vía para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas en la administración pública y el combate a la corrupción.

El proyecto de la nueva ley que contempla 47 artículos y cuatro transitorios tiene como principal objetivo que la ciudadanía intervenga de forma directa, clara y contundente en la erradicación de la corrupción que caracteriza el desarrollo de la vida pública del país, con el fin de que dicho fenómeno multifactorial disminuya de manera drástica y, en consecuencia, la administración pública brinde mejores servicios y calidad de vida.

México necesita y requiere trasparencia, pero una trasparencia que sea avalada por los mismos ciudadanos, ya que la población está cansada de que sean organismos gubernamentales que velen por la trasparencia y por el adecuado manejo de los recursos públicos , explicó Lizbeth Rosas Montero.

La encargada de confeccionar la propuesta, que ya se discute en comisiones, recordó que México signó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que indica como finalidades intrínsecas la promoción y el fortalecimiento de las medidas para prevenir y combatir la corrupción, el fomento de la cooperación internacional e integral en la materia, y que los estados rindan cuentas y realicen una debida gestión de los asuntos y bienes públicos.

De ahí que es preciso dar cabida a la ciudadanía de una forma directa en la trasparencia, opinión y revisión del ejercicio del gasto presupuestal y la cuenta pública, completó la mujer.

Ya está muy probado, amplió, que un Estado no se conforma sólo por los poderes de la Unión, sino que requiere de una firme y directa intervención de la ciudadanía para poder lograr una correcta soberanía y gobernabilidad que permita a sus gobernados tener la tranquilidad de que sus impuestos están siendo utilizados correctamente para la atención y satisfacción de sus necesidades inmediatas.

La lucha contra la corrupción evidentemente se encuentra vinculada al debido ejercicio de la función pública y por ello es preciso comprometernos con la creación de las figuras necesarias para brindarle a la ciudadanía la certeza de que sus funcionarios públicos son los administradores de los recursos gubernamentales y deben velar por el beneficio social .

Desde la óptica de la perredista, la corrupción no sólo es un problema que consiste en el enriquecimiento de los funcionarios públicos a través del abuso de autoridad, sino alienta la mala calidad en las obras públicas, programas sociales, además de que merma la eficiencia de la administración pública y promueve conductas ilícitas, lo que conlleva a que México sea víctima de las deficiencias ocasionadas por dicho cáncer social que a la fecha no se ha logrado erradicar.

LEY ORGÁNICA

MANLIO ASEGURA QUE SCJN LES DARÁ LA RAZÓN

El coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, auguró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) habrá de dar la razón a su partido al resolver la acción de inconstitucionalidad que en los próximos días promoverá en contra de la reforma, recién aprobada, que faculta al Senado a ratificar el nombramiento de los mandos de la seguridad pública que estarán adscritos a la Secretaría de Gobernación.

No podemos avalar una ley que contraviene la Constitución , estableció el priísta.

El recurso legal que prepara el PRI, explicó, pretende refrendar la facultad exclusiva del Ejecutivo federal de nombrar o remover a funcionarios del gobierno federal que no están incluidos en las excepciones que considera el texto constitucional vigente.

Afirmó que al unirse PAN y PRD para aprobar que la Cámara de Senadores ratifique los nombramientos del Secretario del Comisionado Nacional de Seguridad y del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se generó un escenario inédito, que es parte del desarrollo institucional de un Estado democrático y de Derecho.

rramos@eleconomista.com.mx