Proponen que Arraigo cambie de 80 a 20 días

La senadora Cristina Díaz presentó una iniciativa para acotar el tiempo de arraigo de 80 a 20 días, tras argumentar que esta figura legal amplía las posibilidades de que una persona sea sometida a tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

La expresidenta del PRI propuso reformar el Artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que la autoridad judicial pueda decretar arraigo de una persona como medida cautelar bajo control judicial.

En todo caso, la limitación de la libertad para efectos de la investigación no podrá exceder los 30 días, incluido el tiempo de retención (arraigo). La persona sujeta a medida cautelar quedará a disposición del Juez en cuanto a su libertad personal, y del Ministerio Público para la investigación , promueve.

La Constitución ordena que ningún indiciado podrá ser retenido por el MP por más de 48 horas, plazo que podrá duplicarse en casos en que la ley prevea como delincuencia organizada.

En ese sentido, la Senadora pide agregar enseguida de esa oración que en los casos en que el Ministerio Público requiera mayor tiempo para acreditar las pruebas por la complejidad de la investigación, el Juez de control podrá autorizar ampliar dicho periodo por un máximo de 144 horas, estando sujeto a supervisión judicial .

Mediante la exposición de motivos, la priísta argumenta que las medidas cautelares incrementaron del 2009 al 2010 de 4,010 a 4,605 casos, de acuerdo con estadísticas de los juzgados penales de distrito especializados en cateos, arraigos e intervención de comunicaciones.

Los arraigos pasaron de 556 a 772 del 2009 al 2010; los cateos de 3,457 a 3,715; las intervenciones de comunicaciones de 26 a 118, y las autorizaciones para requerir información a compañías telefónicas bajaron de uno a cero casos.

La reducción de tiempo del arraigo también significó modificaciones a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.

El arraigo ha sido cuestionado por diferentes organizaciones defensoras de Derechos Humanos, quienes argumentan que constituye una forma de detención arbitraria y que viola los derechos de libertad personal, legalidad, presunción de inocencia, así como las garantías del debido proceso y el derecho a un recurso efectivo, que además, amplía las posibilidades de que una persona sea sometida a tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes , argumenta.

Cabe destacar que varias instituciones, incluso funcionarios de la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Gobernación, se han pronunciado en contra de esta medida cautelar y han pugnado por su desaparición.