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Recomiendan prohibir publicidad oficial
Se debe prohibir la publicidad oficial en todo momento, no sólo durante el periodo electoral, con excepción de los programas relativos a salud y seguridad pública.
Con el fin de estimular un sistema de medios de comunicación que viva más de su audiencia y de los anunciantes que de los presupuestos públicos, de los partidos políticos y de las campañas, se debe prohibir la publicidad oficial en todo momento, no sólo durante el periodo electoral, con excepción de los programas relativos a salud y seguridad pública.
Lo anterior se propone en el estudio Fortalezas y Debilidades del Sistema Electoral Mexicano (2000-2012). Ideas para una nueva reforma electoral , elaborado por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias e Integralia.
Y es que el documento expone que el gasto de los tres poderes de la Unión en publicidad gubernamental aumentó en los últimos años en términos reales, al pasar de 1,013 millones de pesos en el 2002 a 5,927 millones de pesos en el 2011.
De todo el gasto ejercido en servicios de comunicación social y publicidad, el Ejecutivo ejerció 92.5% de los recursos entre el 2000 y el 2011, en promedio anual , detalla el estudio, cuyo coordinador fue el exconsejero presidente del IFE, Carlos Ugalde.
De acuerdo con el análisis -en el cual se recogen las opiniones de diversos especialistas-, en términos generales, hay una mayor reglamentación en materia de comunicación y publicidad del gobierno federal.
Sin embargo advierte-, más reglas no se han traducido en una mejor regulación, al argumentarse que en años electorales se registra un mayor gasto en este rubro, a pesar de que el gobierno no puede anunciarse durante los periodos de campaña.
Entre el 2007 -año de la reforma electoral- y el 2001 se observa un incremento en el gasto en comunicación oficial y publicidad del Poder Ejecutivo de 536%: pasó de 910 millones de pesos a 5,795 millones de pesos en términos reales , registra el documento.
Plantea que entre el 2003 y el 2011, el presupuesto ejercido en publicidad rebasó en promedio 29.2% lo aprobado por el Congreso, llegando a magnitudes muy significativas como en el 2008, cuando el gasto fue 54% mayor de lo aprobado, o en el 2011, cuando se excedió en casi 85% .
mauricio.rubi@eleconomista.mx