Refrendan dudas por cárcel preventiva

Expertos, funcionarios del Poder Judicial y de Derechos Humanos coincidieron en que la propuesta de reforma al Artículo 19 constitucional, por la que se prevé incluir al catálogo de delitos meritorios de prisión preventiva la corrupción, el robo de hidrocarburos y los delitos electorales no mejorará el panorama de impunidad que permanece en el país y, por el contrario, se puede empeorar en rubros como violaciones a derechos humanos.

Juan José Olvera López, integrante de la Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal del Consejo de la Judicatura Federal, aseveró que la falta de resultados en la procuración de justicia tiene su razón en la falta de capacitación de los operadores del Nuevo Sistema de Justicia Penal, como son los policías y los ministerios públicos.

“Se pide prisión preventiva en 34% de los casos judicializados y se otorga en tres de cada cuatro casos; el tema está en que no se pide prisión preventiva en una proporción mayor, el Poder Judicial está reaccionando en tres de cada cuatro casos otorgando (cárcel)”, aseguró durante la primera audiencia denominada: Fundamento Constitucional de la Prisión Preventiva Oficiosa, realizada en la Cámara de Diputados

Sobre los delitos de corrupción y uso de programas sociales con fines electorales, el funcionario del Poder Judicial refirió que el implementar la prisión preventiva para ello no tendría impacto alguno “por la sencilla razón de que (estos ilícitos), junto con muchos otros delitos, integran menos de 1% de la problemática que opera en la vida real”.

Como conclusión, Olvera López refirió que “en una visión de sistema” el que se catalogue con prisión preventiva a los delitos antes descritos tendría un impacto marginal sobre la seguridad pública.

Por su parte, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, indicó que hay serias deficiencias en la integración de carpetas de investigación por parte de las procuradurías y fiscalías, pero también con los jueces.

En este sentido, Nieto precisó que desde el 1 de diciembre a la fecha se han generado 366 carpetas de investigación por robo de hidrocarburos con detenidos.

“Solamente 56 de estos 366 sujetos alcanzaron la prisión preventiva oficiosa, estamos hablando de datos diferentes a los que ha planteado el magistrado Juan José Olvera, estoy refiriéndome a un delito en particular.

“Me llama la atención y esto es una parte importante porque a pesar de que existe la obligación del Ministerio Público de formular la imputación, solicitando la prisión preventiva oficiosa, en realidad no lo hace, uno; y dos, a pesar de que lo hagan los jueces no lo están concediendo”, lamentó el funcionario de Hacienda.

Nieto Castillo indicó que si bien se necesita una política integral de Estado para reducir la impunidad, los jueces también deben “estar sensibles” a la problemática social por lo que concluyó que sí se debe de aplicar la reforma e integrar los delitos de robo de combustibles y delitos electorales como meritorios de prisión preventiva.

A su vez, Jaime Hugo Talancón Escobedo, director general Jurídico de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), indicó que se está de acuerdo en aumentar las penas sobre ciertos delitos electorales, no así en la prisión preventiva.

“Deberemos aceptar que la pasión política en las jornadas electorales nos llevaría con la prisión preventiva oficiosa a escenarios no deseados (...) La seguridad debe garantizar nuestra libertad, no limitarla”, enfatizó.

En tanto, Rubén Francisco Sánchez, coordinador general de Seguimiento a Recomendaciones y Asuntos Jurídicos de la CNDH, indicó que de acuerdo con recomendaciones de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, se ha solicitado a México que reconsidere la aplicación de la prisión preventiva.

Afirmó que en caso de que se aplique la prisión preventiva se pueden incurrir en graves violaciones de derechos humanos, y desencadenar otros problemas como el hacinamiento en cárceles.

“Si bien la situación de violencia en el país enfrenta una situación de crisis, también lo es que esta crisis no puede ser enfrentada a través de la transgresión de los derechos humanos”, declaró.