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Política

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Renuncia de auditor prende alertas en ASF: expertos

En febrero pasado, el máximo órgano fiscalizador del país se retractó de la auditoría sobre el costo de la cancelación del aeropuerto de Texcoco que estimó, en un inicio, en 331,996 millones de pesos, 231% más que lo anunciado por la administración de López Obrador.

AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION CAMARA DE DIPUTADOS ASFECONOMISTA

La renuncia de quien fuera el director del área de Cumplimiento Financiero de la Auditoría Superior de la Federación, Gerardo Lozano Dubernard, puede abonar a la inestabilidad al interior de este órgano fiscalizador, al tiempo que enciende alertas alrededor del trabajo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), indicaron expertos.

Lozano Dubernard, —el segundo funcionario más importante de la ASF, sólo por debajo del auditor superior, David Colmenares—, se retiró del cargo luego de advertir que los cambios en el reglamento interno de la auditoría, interpuestos el 25 de agosto pasado, limitarían a una sola área la responsabilidad de interponer denuncias penales por irregularidades en las fiscalizaciones.

“Sirva la presente para informarle mi decisión de presentar la renuncia con carácter de irrevocable al cargo de auditor Especial de Cumplimiento Financiero con efectos a partir del próximo 16 de noviembre del 2021, en congruencia con el desacuerdo que he manifestado respecto al nuevo Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación en vigor”, expresó en la carta de renuncia difundida ayer 15 de noviembre.

Lozano ya había manifestado en días pasados su inconformidad sobre las modificaciones internas ante la Comisión de Vigilancia de la ASF en la Cámara de Diputados, a la que envió un escrito donde subrayaba que dichos cambios se dieron entre el fin de la LXIV Legislatura y el arranque de la actual LXV, lo que pudo generar que pasarán desapercibidas.

Además expresó que el nuevo reglamento derogó la fracción XXXIV del artículo 12 que facultaba a todas las Direcciones Generales de las áreas auditoras a presentar las denuncias penales por las irregularidades detectadas, por lo que desde agosto sólo la Auditoría Especial de Seguimiento, a cargo de Nemesio Ibáñez Aguirre, cercano al auditor superior, puede denunciar.

Por lo anterior, Gerardo Lozano advirtió que desde julio del 2020, su área contaba con 60 dictámenes técnicos con posibles irregularidades, y en 10 de ellos ya se tenía alguna revisión en la Unidad de Asuntos Jurídicos, sin embargo, hasta el momento la Auditoría Especial de Seguimiento no había revisado la información.

Lozano Dubernard se despidió ayer “agradecido de haber tenido la oportunidad de servir desde este puesto a mi país; las 138 denuncias presentadas que se originaron en esta auditoría especial, los tres dictámenes técnicos para denuncia de hechos que obran en poder de la Unidad de Asuntos Jurídicos pendientes de presentar ante la Fiscalía Anticorrupción y los 66 Dictámenes Técnicos enviados a la Auditoría Especial de Seguimiento, todos por un monto superior a 21,000 millones de pesos, son parte del resultado de ese compromiso adquirido con todos los mexicanos”.

Deficiencias desde 2020

Para Eduardo Bohórquez, director Ejecutivo de Transparencia Mexicana, “la renuncia de Gerardo Lozano enciende alertas alrededor del trabajo de la ASF”, las cuales, dijo, no son las primeras en activarse.

El experto señaló que en el 2020, se percibió la ausencia de la ASF en la vigilancia en tiempo real de los recursos destinados al manejo de la pandemia y la recuperación económica; mientras que en el 2021, con el trabajo sobre la cancelación del aeropuerto, surgieron dudas tanto en el gobierno como en la oposición sobre el trabajo realizado por la ASF, por lo que “la acusación que hace Gerardo Lozano no es menor: el ahora exauditor habla de concentración de poder y politización de las tareas anticorrupción de la ASF”.

Advirtió que “a nadie conviene una Auditoría Superior débil, salvo a los que buscan relajar controles o desviar recursos públicos (...) si se politiza la selección de los casos o se concentra en un par de manos, la incipiente capacidad de investigación que ahora tiene no cambiará en mucho tiempo”.

En tanto, Francisco Varela, director de Instituciones y Gobernanza del IMCO, expresó que la ASF tiene que ser un órgano independiente, sin embargo, destacó que desde que salió el estudio sobre el costo de la cancelación del nuevo aeropuerto de la CDMX es que se han tomado decisiones que responden a preocupaciones de gobierno, específicamente del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Esto es problemático, justamente porque lo que señala Gerardo lozano en su renuncia fue precisamente que se le estaban, ahora sí que ‘amarrando las manos’ para poder denunciar irregularidades”, dijo.

Además, consideró que luego de las reformas al interior de la ASF, las cuales le dan facultad de denuncia al área donde “curiosamente” está nombrada una persona mucho más cercana al auditor superior, “se debe observar el potencial riesgo de captura de la ASF por el gobierno actual”.

El experto en rendición de cuentas consideró que actualmente, “hay unas cosas que funcionan bien y otras mal, él mismo (David Colmenares) se retractó sobre los costos de cancelación del aeropuerto, eso no pasaba antes. Yo usaría las palabras inestable, inconsistente, en sus señalamientos, en sus decisiones, en su proceso de auditar”.

maritza.perez@eleconomista.mx

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