Reportes de ASF encienden las alarmas: audita y detecta menos quebrantos y hurga más en estados que en el gobierno federal

La primera entrega de informes individuales de la cuenta pública de 2022, de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), exhibe serias deficiencias: su programa se presentó a destiempo; se concentra en el gasto que ejercieron estados y municipios (82%), revisando lo menos el ejercido por el gobierno federal (18%) y no se ha programado una sola auditoría forense al ejercicio del presupuesto de la administración del presidente, Andrés Manuel López Obrador, a pesar de los serios señalamientos de presuntos actos de corrupción en instituciones como Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), Diconsa, Liconsa y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

La diputada federal panista, María Elena Pérez-Jaén Zermeño, expuso que el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022 (PAAF) se publicó tardíamente, hasta el 15 de marzo de 2023, y, a la fecha, no se ha publicado ninguna modificación al mismo.

De acuerdo con la también integrante de la Comisión de Vigilancia de la ASF y de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, para la revisión del gasto de 2022, se programaron 2,104 auditorías, de las cuales, el mayor número, 1,735, es decir 82%, corresponden a las del grupo funcional de gasto federalizado. Las restantes, 369, corresponden al gasto del gobierno federal.

Además, únicamente se programaron 10 auditorías de cumplimiento forense, pero ninguna a dependencias del gobierno federal, pues tres serán a gobiernos estatales (dos a Baja California Sur y una a Durango); cuatro a municipios (Ciudad Juárez, Chihuahua; Torreón, Coahuila; Tlalnepantla, Estado de México y Solidaridad, Quintana Roo) y a tres universidades autónomas estatales (las de Querétaro, Sinaloa y Tamaulipas).

La legisladora recordó que el Auditor Superior de la Federación, David Colmenares Páramo, se comprometió a realizar auditorías forenses a Segalmex, Diconsa y la Conade, pero éstas no aparecen en el programa anual de auditorías para la fiscalización superior de la cuenta pública 2022, publicada en marzo pasado.

Con ello, nos podemos dar cuenta que no se programaron auditorías de cumplimiento forense a ninguna entidad y dependencia de la Administración Pública Federal, como debería ser el caso de entidades como Segalmex, Diconsa, Liconsa y la Conade, las cuales han presentado, como he dicho reiteradamente en auditorías de ejercicios anteriores, irregularidades graves y desvíos de recursos públicos federales, remarcó.

De acuerdo con el Tablero de la Impunidad de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), tan solo en el caso de Segalmex, donde hay denuncias de quebrantos que superan los 15,000 millones de pesos, tan sólo del ejercicio fiscal de 2022, se han denunciado los siguientes hechos:

• En enero de 2022 una nueva investigación de MCCI reveló que Segalmex otorgó un contrato por más de 245 millones de pesos a una empresa sin empleados dados de alta en el IMSS. Además, subcontrató a una empresa que había sido inhabilitada.
• El 26 de enero de 2022, la Secretaría de la Función Pública (SFP) destituyó a tres directivos de Segalmex por las irregularidades presentadas en esta dependencia.
• En febrero de 2022, la Auditoría Superior de la Federación reveló en la Cuenta Pública 2020 que Segalmex no acreditó el destino de 8,000 millones de pesos.
• El 6 de abril de 2022, René Gavira Segreste fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, ya que había autorizado la compra de títulos bursátiles en una Casa de Bolsa con recursos de Segalmex.

Para la legisladora panista, el auditor superior ha dejado de lado las auditorías forenses, las cuales han tenido un marcado descenso durante su gestión, ya que, pasaron de 15 en 2016, la última fiscalizada por Juan Manuel Portal, a 12 en 2017, primera de Colmenares; a 15 en 2018; a nueve en 2019; a seis en 2020 y siete en 2021, y para 2022, hay 10 programadas, pero son únicamente para estados, municipios y universidades estatales.

Destacó que el auditor ha mencionado en diversos medios de comunicación que sí van a practicar auditorías forenses a Conade, Segalmex y Liconsa; sin embargo, estas no se encuentran publicadas en el PAAF del 15 de marzo pasado y, tampoco, se han publicado modificaciones al programa en las que se visualice su inclusión, lo cual la lleva a cuestionar ¿cuándo van a iniciarse esas auditorías si no están publicadas? y ¿por qué la importancia de que las auditorías forenses estén en el PAAF?, porque las auditorías no pueden iniciar sin que previamente estén incluidas en el multicitado programa.

Además, mencionó que, considerando que ya inició julio, que no se sabe cuándo se van a integrar al programa las auditorias forenses para entidades de la Administración Pública Federal, los plazos que establece la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación para los distintos procesos en la ejecución de las auditorías, las vacaciones de la ASF (en julio una semana, en diciembre dos semanas), los tiempos internos que tiene la ASF para concluir sus informes de auditoría y el hecho de que las auditorías forenses suponen mayor profundidad, mayor alcance y, por lo tanto, requieren de mayor tiempo de ejecución, así como la aplicación de procedimientos forenses, por ejemplo, darle seguimiento al recurso hasta el último beneficiario, entrevistas, compulsas y confirmaciones con terceros, entre otros, quedan aproximadamente cuatro meses para que las auditorías de cumplimiento forense se practiquen, esto en caso de que se publiquen, “pero seamos sinceros, ¿con ese tiempo de ejecución las auditorías darán los resultados esperados?”.

Por su parte, Ernesto Núñez, investigador de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) destacó que, en el caso de la ausencia de auditorías forenses para el gasto que ejerce el gobierno federal, sí hay tendencias específicas que debieran preocuparnos.

Recordó que el auditor tiene la capacidad de aprobar y rechazar la programación de auditorías forenses, es decir “viene desde la cabeza de la institución decidir donde sí y dónde no se hacen auditorías forenses”. “Esto sí es un llamado de emergencia. Podrían haber modificaciones al programa de auditorías, pero hoy por  hoy no se va a tocar al gobierno federal”.

La diputada Pérez-Jaén Zermeño recalcó que la labor de David Colmenares como titular de la ASF, es cuestionable, pues se “está rendido y entregado a la 4T”.

La integrante de la fracción legislativa del PAN en la Cámara de Diputados, recordó que el auditor ha planteado en diversos medios de comunicación, “números felices” sobre la programación de auditorías a diversas entidades “relevantes” y “proyectos estratégicos” que, según él, implican una mayor cobertura de fiscalización; sin embargo, también ha quedado demostrado que, durante su gestión, el número de auditorías que se practican a la administración pública federal ha disminuido.

En ese aspecto, de acuerdo con la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCC), en la primera entrega de la cuenta pública de 2022, se da cuenta que se practicaron 86 auditorías, lo que constituye la cifra más baja que la institución presenta en esa primera entrega. De la de 2021, 207; de la de 2020, 125; de la de 2018, 268: de la de 2017, 334 y de la de 2016, 502.

Se reporta la cifra de irregularidades más baja de los últimos años

Lo relevante del caso es que, en esta primera entrega de la cuenta pública de 2022, se reportan irregularidades por 61.5 millones de pesos, que es la cifra más baja para una primera entrega de auditorías que se tenga registro. En la de 2016, en la primera entrega, se hallaron inconsistencias por 26,773 millones de pesos, es decir 434 veces más de las que hoy se refieren para 2022.

Si se analizan las cifras de los reportes de la primera entrega de las cuentas correspondientes de 2016 a 2021, se observa que año con año fueron bajando las cantidades de los montos de irregularidades encontradas.

Ernesto Núñez llamó la atención en que en esta primera entrega de las auditorías correspondientes a 2022, el monto promedio de irregularidades por auditoría detectado fue de 715,000 pesos. “Ésta sí es una cifra completamente anormal, pues en 2019 el promedio fue de 114 millones de pesos por auditoria (que fue el punto más alto). Hoy estamos en una centésima parte del punto más alto”.

Recalcó que esas cifras no son coincidentes con la dinámica del gasto que estamos viendo y con lo documentado por periodistas y organizaciones de la sociedad civil, en algunos casos de corrupción.

Dijo que la preocupación apunta a que hoy estamos detectando menos casos y montos de corrupción, lo cual es delicado. “Lo que resulta cuestionable es que, en un entorno donde hay muchas evidencias de lo que está sucediendo, los hallazgos sean cada vez menores”.

Aclaró que, “si bien en estos momentos no hay elementos para señalar que se trata de una acción deliberada o no, ciertamente los datos que encienden las alarmas ahí están”.

MCCI destaca que actualmente, el desempeño de la ASF se caracteriza por el rezago en la recuperación de recursos federales que ejercen las entidades públicas.

Concretamente, refiere que mientras que en las administraciones anteriores (de 2000 a 2016), el promedio de rescate era de 53 de cada 100 pesos, durante la revisión a las primeras cuatro cuentas públicas correspondientes al periodo en el que está al frente de la ASF Colmenares Páramo (2017-2020), esa institución solo recuperó 17 de cada 100 pesos observados con irregularidades-

“Si lo ves en espejo, quiere decir que hay 83% de impunidad, cuando antes estaba en 47 por ciento. Esto, en parte, es responsabilidad de la auditoría y, en parte, de la administración pública, que cada vez está justificando menos, las irregularidades que aparecen en las auditorías. Es una preocupación por partida doble: la auditoría está encontrando menos irregularidades, pero las dependencias están ofreciendo menos explicaciones y devolviendo menos recursos”, dijo Núñez.

En febrero pasado, MCCI señaló que la ASF tenía pendientes por recuperar más de 378,650 millones de pesos y a eso se suma un descenso en la presentación de denuncias por posibles quebrantos a la Hacienda Pública por parte de funcionarios.

Según la organización civil, en los primeros cinco años de la era Colmenares (2018-2022) se enlistaron 220 denuncias de hechos tramitadas, contra 463 que presentó la administración anterior en un periodo similar.

Ernesto Núñez recalcó que esta primera entrega enciende las alertas, respecto al trabajo de la auditoría y la forma en que el gobierno ejerce el presupuesto. 

Recalcó que lo preocupante es que la ASF era una institución que servía, pero hoy se están planteando serias dudas de su independencia, efectividad y lo que hará ante casos de corrupción documentados por organizaciones de la sociedad civil y periodistas.