Rezago, por asimetría en implementación de sistema de justicia

Los estados de Chihuahua, Nuevo León, Baja California, Tabasco, Yucatán y Guanajuato son las entidades que presentan un mejor proceso para la implementación de la reforma penal aprobada en el 2008.

Mientras que Guerrero, Querétaro, Tlaxcala, Estado de México, Jalisco y Zacatecas presentaron las condiciones más deficientes en la fase de implementación, según un análisis del Centro de Investigación para el Desarrollo, AC (CIDAC).

Entre los puntos débiles que el CIDAC detectó en los estados para este cambio en el Sistema de Justicia Penal están: que los planes de implementación son documentos poco utilizados y, por ende, desactualizados; en otros casos inexistentes, hay una falta de información completa, comparable y actualizada, lo que dificulta una toma de decisiones que garantice el uso óptimo de los recursos disponibles.

Además detectó que las instituciones están implementando el nuevo sistema a distintos ritmos y con diferente calidad, lo cual provoca asimetrías institucionales que se reflejan en la utilización de los recursos financieros, además de que no existen mecanismos de evaluación para medir el avance homogéneo de instituciones ni el impacto de la inversión.

Cabe destacar que se mide más que la sola entrada en vigor y se enfatiza en el desarrollo y formalización de aquellas acciones que posibilitan no sólo implementar, sino también, de forma eventual, perfeccionar una política pública. Por dicho motivo una entidad que ya opera puede resultar rezagada con respecto a otras que se encuentran aún por iniciar en algún territorio o delito .

El precio de la implementación

Desde la aprobación de la reforma constitucional del 2008, el Congreso ha aprobado un total de 2,268 millones 852,538 para que las entidades federativas realicen el proceso de transición del antiguo sistema penal mixto hacia el sistema acusatorio.

La reforma no ha sido una prioridad en la agenda pública. A tres años de que venza el plazo constitucional, es momento de profundizar en la transformación del sistema de justicia penal y poner atención no sólo en la cantidad, sino también en la calidad de la implementación, corregir las deficiencias y replicar las buenas prácticas. Lo importante es evitar que lleguemos al 2016 con instituciones operando bajo las viejas prácticas pero con nuevos nombres .

En el 2008 se aprobó la reforma penal, cuyo plazo vence en el 2016. Tiene como propósito hacer los procesos penales más rápidos y eficientes.

Utilizar más la Justicia Alternativa, es decir, los asuntos que no son graves se resuelvan por medio del diálogo y así sólo llevar los casos graves ante los jueces. Obligar a que los procesos sean públicos, que la víctima y el inculpado muestren sus argumentos ante el juez de forma oral, entre otros aspectos.

veronica.macias@eleconomista.mx