Riesgo para candidatos, hasta en 80% de municipios de Guerrero

Al menos 64 de los 81 municipios de Guerrero, incluido Ahuacuotzingo al que pretendía gobernar Aidé Nava González, hallada muerta el miércoles, conviven bajo el asecho de grupos delictivos como Los Rojos, Los Ardillos, el Cártel Independiente de Acapulco y Guerreros Unidos, entre otros.

Un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) alertó que al menos 64 municipios de Guerrero, donde han emergido los grupos de autodefensa, deben recobrar las funciones de seguridad pública que les fueron arrebatas por la delincuencia organizada.

Es necesario implementar medidas inmediatas para recobrar las funciones de seguridad pública y garantizar la paz y el orden público en todas sus comunidades, instrumentando medidas efectivas de prevención del delito y tomando acciones inmediatas contra la impunidad , refiere el estudio.

Destaca que desde el 2010, cuando se cometieron 1,500 homicidios en Guerrero, tal delito se ha ido incrementado hasta el 2014, cuando se reportaron 2,197 homicidios dolosos, de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El informe de la CNDH identifica como focos rojos a los municipios de Acapulco, Acatepec, Ahuacuotzingo, Alcozauca, Alpoyeca, Atlamajalcingo, Atlixtac, Atoyac, Ayutla, Azoyú, Chilapa, Chilpancingo, Cochoapa, Copala, Coyuca de Benítez, Eduardo Neri, Zihuatanejo, Tecoanapa, Técpan de Galeana, Tixtla, Tlacoapa, Tlalixtaquilla Tlapa y Xalpatláhuac; en total 64 municipios donde imperan los grupos delictivos.

En esos municipios, visitadores de la CNDH constataron: Centenares de personas (que tuvieron cercanía con algún delito, particularmente homicidio) que prefirieron abstenerse de compartirlo, debido al patente temor y amenaza de posibles represalias de la delincuencia y de las autoridades estatales .

En promedio, 61.43% de las víctimas en Guerrero no presenta denuncia, por temor a que la delincuencia tomara represalias en su contra o por temor a la convivencia entre las autoridades y los grupos criminales .

Por ejemplo, un testimonio de la CNDH refiere que tras denunciar un secuestro, el familiar de la víctima, que identifica como Q4, denunció los hechos ante el Ministerio Público; sin embargo, al salir de sus instalaciones, aproximadamente a las 11:45 del día, recibió una llamada telefónica de PD1 (delincuencia), amenazándolo por haber denunciado.

El quejoso relató que PD1 llegó a su domicilio a las 7 de la tarde, aproximadamente, que entró y le preguntó irónicamente si él lo había denunciado; asimismo, PD1 llevaba en la mano una copia de la denuncia que el quejoso había interpuesto ese mismo día ante el Ministerio Público, por lo que, acto seguido, sacó un encendedor y quemó el documento frente a Q4. Mientras esto ocurría, PD3 (otro delincuente) cuidaba la puerta .

Añade que PD1 le pidió 2 millones de pesos como rescate, de los cuales sólo pudo pagar 1 millón 800,000 pesos, porque la gente no quería ayudarlo para no tener problemas con PD1, PD2 y PD3 (delincuentes). Por otra parte, Q4 también refirió que conservaba su copia del acta de denuncia, por lo que PD1, PD2 y PD3 rompieron las puertas de su casa, entraron, y violentamente empezaron a buscar entre sus cosas. Se llevaron el dinero que encontraron, las alhajas que tenían su esposa e hija, y la carpeta donde estaba la aludida acta.

Por último, Q4 destacó la inactividad del agente del Ministerio Público, quien se excusa señalándole que necesita que sea el propio Q4 quien presente testigos, porque sin testigos no puede castigar .

Más aun, en 46 de esos 64 municipios existen grupos de autodefensa, lo cual representa 65.47 % de la población total de Guerrero, se protegen a sí mismos de la delincuencia; es decir, unos 3 millones 523,858 personas, de acuerdo con el reporte de la CNDH.

Aidé Nava González era integrante de la corriente Nueva Izquierda del PRD. En junio del 2014, su esposo, el ex alcalde Francisco Quiñónez Ramírez, también fue asesinado. El 11 de octubre de 2012, el hijo de la pareja perredista fue secuestrado. Se supo que sus captores pedían 300,000 pesos para su liberación, pero el joven permanece a la fecha en calidad de desaparecido. Según fuentes del PRD, Aidé Nava González estaba amenazada desde entonces.

En un caso que recordó al ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, el diputado federal con licencia y dirigente de la corriente Nueva Izquierda, Sebastián de la Rosa Peláez, pidió a las autoridades no descartar ninguna línea de investigación en el asesinato de la precandidata del PRD a alcaldesa de Ahuacuotzingo, Aidé Nava González.

Pidió también no omitir que la perredista hizo señalamientos contra el alcalde priísta Daniel Hernández Casarrubias, por el asesinato de su esposo Francisco Quiñónez en junio del 2014.

El hecho recuerda un caso del ex presidente municipal de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca (actualmente preso), a quien la regidora Sonia Mendoza acusó de homicidio en contra de su esposo y líder social guerrerense, Arturo Hernández Cardona, quien Abarca habría sido asesinado de dos disparos en la cabeza mientras aquél le decía: Me voy a dar el gusto de matarte .

Navarrete pide seguridad para Mojica

En tanto, el presidente nacional del PRD, Carlos Navarrete, informó que analizará con el gobierno federal que le sea proporcionada seguridad a su candidata al gobierno de Guerrero, Beatriz Mojica.

Navarrete adelantó que en las próximas 48 horas se buscará una reunión con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para hablar del tema de la seguridad de candidatos, particularmente sobre la aspirante a la gubernatura de Guerrero.

Expresó que se trataría de medidas básicas de seguridad , y no aislarlos de la gente, o de lo contrario no podrían hacer campaña. Asimismo, Navarrete indicó que se analizará cuál es la modalidad de seguridad que tiene la Policía Federal para brindar a los candidatos.

Respecto del asesinato de su precandidata a la alcaldía de Ahuacuotzingo, Carlos Navarrete explicó que la fiscalía le dio un reporte el miércoles por la mañana de lo sucedido, y que ya se ha solicitado a la autoridad estatal y federal que sumen esfuerzos, ante la presunción de que fue un atentado de un grupo criminal.