Se confrontan el PRI y el FCM por desafueros

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Frente Ciudadano por México (FCM) reactivaron la confrontación en la Cámara de Diputados, al acusarse mutuamente de proteger los actos de corrupción de sus dirigentes nacionales, gobernadores y legisladores. Se retaron a crear una comisión especial que investigue el supuesto enriquecimiento ilícito del dirigente panista, Ricardo Anaya, y el priista, Enrique Ochoa Reza.

La confrontación comenzó cuando el presidente de la Sección Instructora de la Cámara, Ricardo Ramírez Nieto (PRI), presentó dos dictámenes para negar el desafuero solicitado por la Fiscalía de Veracruz, en contra de los diputados federales priistas Antonio Tarek Abdalá Saad y Alberto Silva Ramos, acusados de desviar 2,300 y 1,500 millones de pesos, respectivamente, del gobierno de Veracruz.

Ramírez Nieto argumentó que en ambos casos, la Fiscalía de Veracruz no ha concluido las investigaciones, por lo que los legisladores no cuentan con una orden de aprehensión en su contra.

Al someter a votación ambos dictámenes en la Sección Instructora se presentó un empate, debido a que los priistas Ramírez Nieto y Sandra Méndez votaron en favor del no desafuero, mientras que los diputados Pablo Piña (PAN) y Omar Ortega (PRD) votaron en contra.

Como salida al empate, los integrantes de la Sección Instructora acordaron turnar a la Mesa Directiva de la Cámara los dictámenes, a fin de que decida el futuro jurídico de los desafueros.

Los diputados Omar Ortega y Pablo Piña aseguraron que el PRI pretende un acto de protección a sus diputados, ya que ninguna autoridad puede emitir una orden de aprehensión contra otra autoridad que goce de fuero.

“Emitir una orden de aprehensión en contra de un servidor público que tiene fuero es un delito federal. El Procurador que lo consigne y el Juez que libre la orden de aprehensión se van a la cárcel por cometer un delito federal”, dijo el panista.

Luego, el coordinador del PRI, César Camacho Quiroz, salió acompañado de unos 50 diputados de su bancada para informar que presentaría un punto de acuerdo para que la Cámara cree una comisión especial que investigue el presunto enriquecimiento ilícito del dirigente del PAN, Ricardo Anaya.

“Fiscalizar es traer a juicio las acciones de alguien, es una función central del Poder Legislativo; esta es una manera de hacer eco a expresiones ciudadanas queretanas, que han denunciado hechos inexplicables, inexplicados hasta ahora”, aseveró.

En respuesta, el coordinador del PAN, Marko Cortés Mendoza, acompañado de una veintena de legisladores, dijo aceptar la creación de esa comisión especial para investigar a Anaya, aunque consideró que también deberá investigar a Ochoa Reza por la compra de una flotilla de taxis y sus cuentas bancarias en el exterior.

Cortés dijo que dicha comisión, que propuso sea presidida por Morena, también tendría que investigar los supuestos sobornos de Odebrecht al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, entre otros actos denunciados de corrupción.