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Tribunal Electoral prohíbe a partidos hacer “guardaditos” para campaña presidencial del 2024
Los magistrados del TEPJF establecieron que los recursos del gasto ordinario no deben ser ahorrados para ser usados para la obtención del voto, atendiendo al modelo constitucional y legal de financiamiento público que rige para los partidos políticos.
Foto EE: Archivo
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) estableció que los partidos políticos no pueden realizar ahorros de su presupuesto ordinario, para exprofesamente destinarlos a la campaña federal y presidencial del 2024.
El partido Movimiento Ciudadano impugnó el acuerdo 34 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a través del cual determinó que no está permitido que los partidos políticos constituyan fideicomisos con los remanentes de su financiamiento para gastos ordinarios de los años 2022 y 2023, para poder utilizarlos en los periodos de precampaña y campaña en el próximo proceso electoral federal que se celebrará en el año 2024.
Por unanimidad, en sesión pública presencial, los magistrados del TEPJF establecieron que los recursos del gasto ordinario no deben ser ahorrados para ser usados para la obtención del voto, atendiendo al modelo constitucional y legal de financiamiento público que rige para los partidos políticos.
Lo anterior, porque el financiamiento público para el desarrollo de actividades ordinarias y específicas que le es entregado a los partidos políticos debe destinarse únicamente para esos fines, a fin de asegurar el eficaz funcionamiento operativo de los institutos políticos y, por ende, el sostenimiento de la democracia.
Además, mencionó que los partidos políticos, como parte de sus prerrogativas, tienen derecho a recibir financiamiento público destinado de manera exclusiva para gastos de campaña, a partir del modelo legal establecido en la Constitución y en la Ley de Partidos Políticos, sin que ello genere inequidad.
El Tribunal argumentó tampoco poder dar la razón a Movimiento Ciudadano, en virtud de que pretende modificar el modelo de financiamiento público para gastos de campaña, hecho que corresponde únicamente al Poder Legislativo federal.
En la reforma electoral conocida como “Plan B”, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y materializada por Morena en el Congreso de la Unión, inicialmente se propuso un cambio a la ley para permitir que a partir de 2023 las fuerzas políticas pudieran acumular el monto de sus financiamientos nacional y estatales, a fin de administrarlos en fideicomisos. Sin embargo, ante los cuestionamientos sociales, López Obrador demandó a los legisladores de su partido retirar este planteamiento, que finalmente no fue aprobado en el llamado “Plan B”.