Caso Zaragoza, el referente para la UIF en materia de criptomonedas y lavado de dinero

Lavado de dinero y criptomonedas, una fórmula de alto riesgo; sin embargo, esto no significa que sea indetectable o esté fuera del alcance de la autoridad, como suele decirse erróneamente. Prueba de ello es que en el tiempo que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha analizado estos instrumentos, también ha desarrollado tipologías con base en hechos investigados, uno de ellos, el caso Zaragoza, que hasta el momento es el gran referente que tiene esta autoridad al respecto.

El caso es la historia de una familia entera relacionada con delitos como delincuencia organizada, narcotráfico y defraudación fiscal, que terminó en lavado de dinero por medio de depósitos y retiros en el sistema financiero tradicional, así como en una plataforma clandestina operadora de criptomonedas.

"Una empresa dedicada al ofrecimiento habitual y profesional de intercambio de AV (activos virtuales) y un grupo de personas físicas, la mayoría vinculadas por parentesco consanguíneo, forman parte de una estrategia para 'lavar' recursos, producto del narcotráfico, la delincuencia organizada y la defraudación fiscal", así es como describe el tema la UIF al referirse al caso Zaragoza.

La mecánica fue la siguiente: un grupo de personas físicas, integrantes de una familia encabezada por Rodrigo "Z", recibía depósitos en efectivo en distintas localidades del país, especialmente donde el crimen organizado tiene fuerte presencia, como Jalisco y Michoacán.

Una vez que estas personas recibieron cantidades millonarias, triangularon los recursos entre sí, por medio de una serie de operaciones. Posteriormente, según la UIF, los recursos se estratificaron al utilizarlos para la compra de criptomonedas, especialmente en una plataforma clandestina que no cuenta con el registro de ninguna autoridad para operar estos instrumentos, de nombre CT OPTION TRADING (Citiwallet), según pudo constatar este medio.

Como último paso, este grupo de personas, así como la plataforma clandestina, transfirieron y recibieron altas sumas de dinero desde y hacia el extranjero como a los Emiratos Árabes, país con riesgos significativos por sus actividades financieras, económicas, corporativas y comerciales. Posteriormente, los recursos regresaron a sus beneficiarios finales, para concretar la triangulación de recursos.

"Resulta sumamente relevante el movimiento internacional de operaciones en efectivo de una organización criminal dedicada al lavado de capitales, mediante el uso combinado de instituciones bancarias y una plataforma de AV", detalla la UIF en un documento donde explica la tipología del caso.

Dentro de la descripción del caso, se pueden encontrar distintos depósitos, retiros, compras de divisas y de criptomonedas, por cantidades millonarias. Por ejemplo, para comprar bitcoin, el principal señalado, Rodrigo "Z", gastó más de 9 millones de pesos. En total, la UIF identificó más de 30 movimientos por cantidades millonarias, tanto en pesos como en dólares.

Según la descriptiva del caso, la mayor parte de las operaciones se realizaron entre el 2019 y el 2021 y para mover todos esos recursos, los señalados utilizaron diversos mecanismos del sistema financiero formal, como transferencias vía el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios, así como movimientos en plataformas dedicadas a la operación de criptomonedas.

Los resultados

Son cincuenta pasos los que las UIF describen a detalle para explicar cómo funcionó este mecanismo de lavado de dinero. Ante ello, la unidad de la Secretaría de Hacienda explicó que realizó una denuncia en contra del principal operador de la familia Zaragoza, así como de familiares en tercer y cuarto grado de parentesco, el socio fundador de la plataforma clandestina, la operadora financiera del grupo, entre otros.

"En la denuncia se hizo referencia a los hechos que resultan posiblemente constitutivos de delito, relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada, narcotráfico y defraudación fiscal", acotó la UIF.

Asimismo, solicitó el aseguramiento de 29 cuentas del principal operador de la familia, 12 cuentas del tío del líder, cuatro cuentas de la tía, cuatro cuentas de la prima, tres cuentas del primo, nueve cuentas del socio fundador de la plataforma, 10 cuentas de la operadora financiera, entre otros. En total, solicitó congelar 78 cuentas.

Panorama regulación

En los últimos años se ha discutido sobre la conveniencia de qué tanto se deben regular las criptomonedas; sin embargo, en la actualidad, hay un marco legal para este tipo de instrumentos. Por un lado, está la ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, o ley fintech, que norma aquellos activos virtuales cuya operación ha sido autorizada por el Banco de México y que sólo abarca al sistema financiero; hasta el momento, la postura del banco central ha sido la de no permitir el uso de estos instrumentos hacia el público en general.

Asimismo, la ley Federal para Prevenir Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), o ley antilavado, regula el ofrecimiento habitual y profesional de intercambio de activos virtuales por parte de las actividades vulnerables distintas a las entidades financieras y le da la facultad tanto al Servicio de Administración Tributaria como a la UIF de poder vigilar los movimientos al respecto.

Según una solicitud de información, con el numeral 330027721000485, hasta el 25 de octubre pasado había 35 solicitantes que se habían registrado en el portal antilavado como actividad vulnerable de operaciones con activos virtuales; sin embargo, para efectos de análisis de información, las autoridades, en este caso el SAT y la UIF, sólo tenían registro de 23 sujetos, pues el resto son personas físicas, las cuales no entran en el espectro de revisión y supervisión para efectos antiblanqueo.

Números que resaltan

La UIF ha sido constante dentro de su espectro de actuación, en la vigilancia sobre operaciones con activos virtuales en línea con los criterios del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el lavado de dinero, el cual desde el 2019 fortaleció sus recomendaciones para tener mayor alcance sobre estos instrumentos.

Desde el 2020, la UIF comenzó a recibir información, para efectos antilavado, de las operaciones realizadas en las plataformas dedicadas a la comercialización de activos virtuales inscritas como actividades vulnerables. En ese sentido, desde ese año hasta febrero pasado, la unidad recibió 6,375 avisos de operaciones que superan el umbral de los 62,000 pesos de las 23 plataformas dedicadas a esta actividad.

Sin embargo, la UIF también generó un modelo para detectar operaciones de alto riesgo dentro del sistema financiero relacionadas con activos virtuales, el cual, del 2013 a septiembre del 2021, arrojó 1,708 reportes de operaciones inusuales, es decir, los bancos han identificado movimientos que tienen relación con criptomonedas.

Estos reportes también permitieron la identificación de 1,432 sujetos relacionados con operativas inusuales al hacer uso de operaciones con criptomonedas y los cuales se encuentran en las listas de la unidad de inteligencia financiera de Estados Unidos conocida como FinCEN, del Centro Nacional de Inteligencia, entre otras.

Además, la UIF ha detectado que las criptomonedas también han sido incorporadas como medio de pago en las distintas actividades vulnerables del país, tales como la compra de joyas, autos e incluso inmuebles. En este contexto, esta instancia ha recibido más de 9,000 avisos de operaciones donde se utilizó algún activo virtual como instrumento de pago los cuales representan una cantidad equivalente a los 6,154 millones de pesos.

Actualmente, los casos que considera la UIF como de éxito en materia de investigaciones de uso de criptomonedas y lavado de dinero son:

• El caso de Zona Divas.
• Los hackers de León, Guanajuato.
• Los hackers de Nigeria.
• El caso Zaragoza.

Para la UIF, es de llamar la atención que muchas operaciones con criptomonedas se generan desde Jalisco, donde predomina un grupo criminal. Asimismo, ha detectado más de 12 plataformas que actúan de forma ilegal al no estar registradas, en la compraventa de estos instrumentos, muchas de ellas, según fuentes de la unidad, ancladas en la zona occidente del país.

Se espera que, en el corto tiempo, haya un cambio en la supervisión de estos instrumentos, pues una iniciativa de reformas a la ley antilavado, atorada en el Congreso de la Unión, prevé que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tome la supervisión de las plataformas registradas como actividades vulnerables dedicadas a la comercialización de criptomonedas, vigilancia que actualmente tiene el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Por lo mientras, México ocupa el puesto 44 en el mundo dentro de la lista de países con mayor adopción según la firma Chainalysis y se espera, según un reporte de la firma Sherlock Communications, se espera que en el corto plazo la adopción de estos instrumentos crezca en el país 345 por ciento.

De acuerdo con Chainalysis, entre julio del 2019 y junio del 2020, México recibió el equivalente a 2,400 millones de dólares en criptomonedas, mientras que, en dicho periodo, el volumen de transacciones en cuanto a comercio de persona a persona fue el equivalente a 15,600 millones de dólares.

En este contexto, la firma acotó que, en dicho periodo, en México, los flujos ilícitos alcanzaron los 57 millones de dólares, mientras que el valor ilícito enviado a billeteras de otros países fue de 39 millones de dólares.

kg