Hay discriminación financiera por no regular correctamente a las sociedades financieras comunitarias: Amucss

En el 2009, el sector de ahorro y crédito popular vivió un hito al integrar la figura de sociedad financiera comunitaria (sofinco), enfocada en atender al segmento rural, a la normativa financiera; sin embargo, con el paso de los años el cauce regulatorio no ha tenido el desarrollo necesario para consolidar a estas entidades, lo cual es un ejemplo de discriminación financiera que existe en el país, acusó Isabel Cruz Hernández, directora de la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (Amucss).

En la inauguración del foro Financiamiento en comunidades indígenas y rurales: el papel de las sofincos, celebrado este miércoles en el Senado de la República, Cruz Hernández detalló que, en estos 14 años de la integración de las financieras comunitarias al mundo financiero, sólo ha habido una entidad de esta naturaleza autorizada, mientras que ocho tienen sus expedientes a la espera de ser aprobadas y 23 son de nivel básico, es decir, que, por su nivel de activos, no requieren de la autorización para operar.

"Solo aprobaron una sofinco y hay sofincos que tienen hasta 12 años en espera para ser autorizadas", detalló la directiva de Amucss y contrastó que, en los últimos cinco años, ha habido más de 65 autorizaciones para el sector de Instituciones de Tecnología Financiera bajo la Ley Fintech. 

"Si eso no es discriminación, explíquenme qué es discriminación", expresó Cruz Hernández.

En el 2009, las sofincos fueron integradas en la Ley de Ahorro y Crédito Popular, con el mandato a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de emitir una regulación específica para esta figura; sin embargo, el regulador no ha actuado al respecto.

Estas entidades con sentido mutualista se distinguen por apoyar a sus socios, mediante servicios financieros, para el desarrollo de actividades productivas del sector rural, a favor de personas que residen en zonas rurales. Actualmente, estas sociedades suman 1,300 millones de pesos en activos, con atención a 231,165 socios y 65% de su membresía son mujeres.

Cruz Hernández indicó que, en estos 14 años, estas entidades se han enfrentado a distintas barreras, debido al limbo regulatorio en el que se encuentran, pues además de no contar con un seguro de depósito para los ahorradores, también han sufrido el cierre de cuentas por parte de los bancos, sin que la autoridad interceda al respecto.

"Tampoco nos han ayudado a que las empresas que trasladan dinero hagan un servicio para nuestras 144 sucursales, porque decidieron que sólo van a trasladar dinero de empresas que tengan 100 millones de pesos facturados al año, una pequeña sofinco no llega a ese tamaño de movimiento", declaró Cruz Hernández.

Asimismo, indicó que la falta de claridad regulatoria ha puesto a estas entidades en una situación dispareja con las entidades no reguladas con las que compiten. "Se inhibe el crecimiento en las regiones, nos invaden los montadeudas y piratas del crédito, nadie ve que estamos a dos fuegos: la competencia regulada y la competencia no regulada, que es la mayoritaria".

Se comprometen a analizar

Hace algunos meses, el senador de Morena, José Narro Céspedes, presentó una iniciativa de ley propia para el sector de las sofincos. Al respecto, el legislador reiteró su disposición de explicar dicha iniciativa para su posible aprobación.

"¿Para qué la ley? Para rescatar la existencia de sociedades financieras comunitarias como organizaciones de la economía social y propone mejorar el espacio legal en el sistema financiero mexicano para su expansión y fortalecimiento", declaró Narro Céspedes.

De acuerdo con el legislador, si bien actualmente existen instrumentos gubernamentales que buscan atender financieramente a la base de la pirámide, las sofincos son fundamentales en regiones rurales, debido a su sentido de organización de la misma comunidad.

En este contexto, apuntó Narro Céspedes, la aprobación de una ley propia daría certeza a los recursos que llegan provenientes de las remesas a estas regiones donde atienden las sofincos.

Al respecto, Ana Lilia Rivera Rivera, presidenta de la Mesa Directiva del Senado, reconoció la necesidad de fortalecer legalmente a esta figura. "Reconocemos que tenemos que fortalecer legalmente a estas instituciones financieras para poder darles completa legalidad y facilidad para llegar hasta abajo y darle apoyo financiero a quienes nunca podrá ser financiado por las grandes empresas bancarias".

Ernesto Pérez Astorga, presidente Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado, indicó que se analizará con detenimiento la propuesta de la ley, pero destacó que las sofincos son un mecanismo poderoso para abordar desafíos y fomentar la inclusión financiera.