La JUR no compensará a los afectados de Banco Popular

La Junta Única de Resolución (JUR) decidió de forma preliminar no compensar a los accionistas y acreedores de Banco Popular afectados por la resolución de la entidad el año pasado porque un informe concluyó que hubieran sufrido mayores pérdidas si se hubiese seguido un procedimiento nacional de insolvencia.

“La JUR decide de forma preliminar, sobre la base de las conclusiones del informe Valoración 2, que no tiene intención de pagar una compensación a antiguos accionistas y acreedores del Banco Popular afectados por la decisión de resolución”, explica la institución europea en un comunicado que publica tanto la decisión preliminar como la versión no confidencial del informe.

Según la JUR, el último informe sobre la operación revela que éstos hubiesen perdido más en un proceso de insolvencia al uso. “El informe de Valoración 3 llega a la conclusión de que, bajo procedimientos normales de insolvencia, las pérdidas generales habrían sido sustancialmente mayores que las pérdidas que se realizaron en resolución”.

De acuerdo con este informe, que evalúa si los afectados hubieran tenido mejor trato con una liquidación bajo las normas nacionales que con la resolución, las pérdidas para los acreedores del banco habrían sido mucho mayores con la liquidación ordinaria y, en todos los escenarios, los afectados por la resolución habrían perdido también 100% de sus derechos.

INFORME DELOITTE

En concreto, la consultora Deloitte calcula que, dependiendo del escenario, las pérdidas para los acreedores habrían sido, en el mejor de los casos, de 23,400 millones de euros, y en el peor de 34,100 millones, frente a los 11,400 millones que perdieron con la resolución.

En un escenario a 18 meses, como el que refleja la ley concursal española, Deloitte estima que las pérdidas totales para los acreedores habrían sido de 28,200 millones en el mejor escenario y de 34,100 millones en el peor.

Esto supondría que los acreedores de renta variable y subordinados (incluidos los accionistas y acreedores afectados) habrían sufrido pérdidas equivalentes a 100% (20,200 millones de euros en total) y además los acreedores no asegurados, que no estuvieron afectados por la resolución, habrían perdido entre 8,000 y 14,000 millones (entre 33 y 54% de sus derechos).

En un escenario con un periodo de liquidación a tres años, las pérdidas para los acreedores habrían ascendido a entre 26,000 y 31,600 millones, con pérdidas de 100% para la renta variable y subordinada y entre 24 y 44% para los acreedores no asegurados (entre 5,800 y 11,500 millones en el mejor y peor caso, respectivamente).

Por último, con una liquidación en siete años, el escenario más benévolo, las pérdidas habrían estado entre 23,400 y 28,700 millones, con pérdidas totales para la renta variable y subordinada y entre 13 y 33% para los acreedores no asegurados (entre 3,300 millones y 8,500 millones, respectivamente).

INSOLVENCIA

Además, según el informe, la insolvencia ordinaria habría generado unas pérdidas de entre 1,800 y 2,200 millones de euros para el Fondo de Garantía de Depósitos, que habría tenido que utilizarse para proteger los depósitos de menos de 100,000 euros de la entidad.

“De este informe de evaluación se deduce que no hay diferencia en el trato real de los accionistas y acreedores afectados y el trato que habrían recibido si la institución hubiera estado sujeta a procedimientos de insolvencia ordinarios en la fecha de resolución”, dice la JUR, que justifica así su decisión preliminar de no compensar a los afectados.

Sin embargo, la decisión final sólo se adoptará una vez que los afectados que así lo deseen hayan expresado su opinión a la JUR a la vista del informe y la decisión preliminar.

Para ello, los afectados podrán registrarse desde este lunes y hasta el 14 de septiembre y, en una segunda fase, aquellos que según la JUR sean elegibles para pronunciarse, podrán hacerlo a través de una plataforma electrónica.