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Advierten riesgos para Centros Públicos de Investigación en el anteproyecto de la nueva ley
Académicos reconocen aciertos en la iniciativa de Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, pero expresan preocupaciones en temas como seguridad jurídica, control de la investigación, la omisión de la ciencia básica y la innovación para generar valor.
Investigadores integrantes de la Red ProCienciaMX y que laboran en distintos Centro Públicos de Investigación Conacyt (CPI), realizaron un análisis detallado del anteproyecto de Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación presentado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) a la Presidencia de la República para su análisis y futura remisión a la Cámara de Diputados para su discusión y aprobación, ya que este instrumento será el que defina la política pública de investigación y tendrá efecto sobre las distintas labores de dichos centros.
Pese a reconocer algunos aciertos en la iniciativa, los académicos expresaron diversas preocupaciones en temas como la seguridad jurídica, el control de la investigación, la omisión de la ciencia básica, la innovación para generar valor y la creación de fuentes de empleo para quienes egresan de los centros de investigación, que a su juicio no están contemplados satisfactoriamente en el anteproyecto.
La directora general del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, ha insistido en que las investigaciones subsidiadas por el gobierno tienen que responder a las necesidades y problemas de la sociedad mexicana, pero la ciencia básica no necesariamente responde a ello, advierten los investigadores: la ciencia básica responde justo a preguntas elementales que después puedan abrir otros horizontes.
En un foro convocado por la Red ProCienciaMX participaron la antropóloga social Guadalupe Serna, del Instituto Mora; el físico Eugenio Méndez, del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada; la química Liliana Quintanar, del Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav); el matemático Ricardo Femat, del Instituto Potosino de Ciencia y Tecnología; y el historiador Pablo Mijangos, del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE).
Los académicos explicaron que los Centros Públicos de Investigación provienen de una política descentralizadora de la actividad científica mexicana que empezó en 1970 con la creación del Conacyt, y a partir de ese momento la preocupación fundamental fue trabajar para que las actividades científicas y tecnológicas no estuvieran concentradas en la Ciudad de México.
Hoy existen 26 Centros Públicos y 67 subsedes en todo el país. En términos de producción científica generan 4,500 publicaciones al año, imparten 150 posgrados inscritos en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) y realizan el 6.8% del total de la investigación en el país. Por su magnitud, se trata del segundo sistema de investigación más importante de México.
Después de plantear el panorama, cada uno de los investigadores a título personal realizó diversas observaciones. La doctora Guadalupe Serna, socióloga y antropóloga social, dijo que reconoce la importancia que se le da a la Asamblea General del personal académico que tiene carácter obligatorio y consultivo para el funcionamiento de los CPI, sin embargo dijo que hay que tener en cuenta las características de cada institución, como su tamaño y dispersión.
La investigadora Serna califica como favorable que el artículo 2 del anteproyecto consigne el derecho humano a la ciencia, tecnología y la innovación; sin embargo, dijo, es necesaria una amplia discusión sobre todo para la parte de las humanidades, es decir, presentar mucho más data, pues por ahora no se explica claramente cuáles son las garantías de que se cumplirá el compromiso.
Explica que el artículo 6 de la propuesta establece que el Estado garantizará la libertad de investigación, pero no se establecen los mecanismos para el ejercicio pleno de esa libertad. “Se tiene clara la absoluta necesidad de que el objetivo de creación se mantenga y fortalezca sobre bases claras, de respeto a la libertad de investigación, sin menoscabo de contribuir con propuestas de política pública o generación de nuevas tecnologías de impulso a la innovación, pero…¿cómo se garantiza lo anterior?”, preguntó.
Por otro lado, se menciona el artículo 10 sobre fomento y consolidación de las capacidades nacionales en materia de humanidades y CTI como política de Estado, pero los investigadores aseguran que es urgente incluir los mecanismos para la generación de esta agenda de Estado, pues por ahora la información es ambigua.
Preocupa también que la figura de los CPI aparezca hasta el artículo 65. Los investigadores reclaman que al ser actores participantes y activos de la ciencia en el país, los CPI “deberían ser incluidos junto con las universidades y aparecer desde el artículo 10 al hablar sobre política de Estado”.
Finalmente, preocupa también que se mantiene la “equivocada” idea de que el personal científico son funcionarios públicos, “se trata de académicos asalariados sin recursos económicos adicionales, esto sin demerito de quienes tengan responsabilidades de manejo de fondos públicos deban cumplir lo que en ellos se establece”, concluyó Serna.
