Comienza el proceso legislativo para la creación de la próxima Ley de Humanidades, Ciencias, Tecnología e innovación

Una de las principales preocupaciones de la comunidad académica de frente a la futura aprobación de una nueva Ley que definirá la política científica, tecnológica y de innovación en este país es la falta de consenso, criterios y procedimientos precisos para garantizar que la discusión sea amplia, incluyente y vinculante.

En días pasados diversas instituciones e investigadores a título personal, han denunciado no haber sido tomados en cuenta para la creación de la iniciativa con proyecto de decreto presentada por el ejecutivo y que lleva por nombre Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. Es sabido que este documento fue realizado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), institución que presume haber realizado una gran cantidad de foros y reuniones para su creación, sin embargo, quienes han estado en ellas han expresado una sensación de simulación, pues no encuentran en el documento indicios de que este haya sido construido a partir de la discusión y los diferentes puntos de vista.

Este 14 de marzo las juntas directivas de las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología y de Educación, de la Cámara de Diputados, publicaron el acuerdo para establecer la metodología que se aplicará para el proceso de dictaminación referentes a la iniciativa de Ley presentada por el titular del poder ejecutivo federal.

Este documento precisa diversos puntos, por ejemplo, acordó convocar a una reunión de trabajo a la doctora María Elena Álvarez Buylla, directora general del Conacyt, para este 15 de marzo, primer punto que no se cumplirá porque la reunión fue cancelada hasta nuevo aviso. También se habla de la realización de siete foros de parlamento abierto, con la participación del Observatorio de Transparencia Legislativa y Parlamentaria y el Parlamento Abierto de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Por otro lado, se habla de siete ejes temáticos: Derecho humano a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica, definición y diseño de la política pública, Sistema Nacional de HCTI y bases de coordinación con entidades federativas y municipios, fomento y financiamiento público, el Consejo Nacional, el Sistema Nacional de Centros Públicos y participación del sector privado y Sistema Nacional de Innovación.

El documento asegura que todas las reuniones tendrán convocatorias previas a través de los medios de comunicación a su alcance donde se precisarán fechas, formas de registro y criterios de participación, además de que todos los foros se difundirán a través del Canal del Congreso.

Solo el consenso dará legitimidad a la nueva Ley de ciencia y tecnología

Una vez conocido este documento el Colectivo por la Ciencia celebró que se iniciaran las gestiones para analizar la futura Ley de manera colectiva y en parlamento abierto, pero también en un mensaje firmado por más de 600 personas y dirigido al diputado Javier Joaquín López Casarín, presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación y a la diputada Flora Tania Cruz Santos, presidenta de la Comisión de Educación, solicitaron que la ley general sea el resultado del consenso entre las comunidades de CTI y de todos los partidos políticos, lo que dará “indudablemente la legitimidad que requiere su adopción e implementación”.

El grupo de firmantes considera de vital importancia también que el acuerdo de las Comisiones incluya criterios y procedimientos precisos para garantizar que la discusión sea amplia, incluyente y vinculante y sobre todo, que se tomarán en cuenta las diversas iniciativas presentadas hasta la fecha sobre la nueva ley, pues de entrada el acuerdo sólo menciona como base el documento enviado por el ejecutivo.

También hicieron sugerencias puntuales para este ejercicio, por ejemplo, que el formato del parlamento abierto se concrete en foros con temas que cubran los aspectos centrales del mandato constitucional e incorporen las diversas perspectivas presentadas en los últimos años, incluir las 5 iniciativas de ley existentes y extraer lo mejor de cada una, añadir al Programa de las Mesas temas que están ausentes en la propuesta de Conacyt, como: Un órgano de estado con la participación de todos los niveles de gobierno y de los sectores social y privado, y un órgano de consulta autónomo y plural.

Agregan el poder precisar el número de mesas técnicas, los temas a tratar y quiénes serán invitados a participar, pues estos puntos son cruciales, igualmente importante es asegurar que en ambos espacios el Legislativo promueva activamente la participación amplia de todos los actores vinculados con la ley, por último, que las conclusiones de los foros sean vinculantes y que se le dé una debida difusión para el conocimiento de todos los interesados en el proceso.

nelly.toche@eleconomista.mx

kg