Defoe, Conaculta, INEGI: borrón y cuenta nueva

No habrá consecuencias legales para Alejandra Sota, quien fuera vocera del Presidente Calderón. Por lo menos, en lo que refiere a su influencia para otorgar contratos. A la empresa Defoe le tocó uno en el Conaculta, donde Consuelo Sáizar le adjudicó de manera directa, por 7 millones de pesos, la elaboración de la Encuesta Nacional de Hábitos, Prácticas y Consumo Culturales del 2010.

Lo hizo, pese a existir otras cotizaciones, entre ellas una del INEGI, por alrededor de 4 millones de pesos. Y a pesar de que su antecesor, Sergio Vela, y de la entonces Comisión de Cultura de la LX Legislatura, se habían gastado en estudios parecidos unos 8 millones.

Sáizar lo hizo a sabiendas de que lo propuesto por Defoe difería, y por mucho, de la anterior encuesta, realizada en el 2004, por 3 millones de pesos, por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Particularmente, en un foro convocado por el Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultra (Grecu), en enero del 2011 en la UAM Xochimilco, se ofrecieron evidencias que descalificaban el mamotreto de la firma recomendada por la exvocera. Lo nodal, en la metodología. Tal fue su divergencia, que resultó imposible emplearla con fines comparativos, después de tan largo plazo entre una y otra. Tal fue el despropósito, que el INEGI sólo supo guardar silencio. No contenta del todo, Sáizar alentó su promoción y empleo para otros estudios, que permanecen bajo llave en Conaculta.

La del 2004 se titula Encuesta Nacional de Prácticas y Consumo Culturales. Tuvo volumen impreso con 273 páginas; 1,000 ejemplares de tiro con CD y acceso al portal del Sistema de Información Cultural (SIC). Comprende cinco regiones del país y tres zonas metropolitanas (Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey). Cinco estratos de población, con una muestra de 4,500 personas en viviendas de 15 años o más, en 27 estados del país. Características sociodemográficas. La metodología se explica ampliamente.

Integra, entre otros componentes: asistencia a recintos culturales, como bibliotecas, museos, sitios arqueológicos, cines, librerías y salas de lectura. Incluye indicadores sobre libros, periódicos, revistas e historietas. Exposición a medios audiovisuales y un comparativo. Uso de tiempo libre. Conocimiento y evaluación del Conaculta. Conclusiones. Anexos: diseño muestral, cuestionario de la encuesta, perfil de la muestra y tabulado.

La del 2010 sólo fue accesible a través del portal del SIC (207 páginas). Se aplicaron ¡32,000 entrevistas!, en vivienda cara a cara, en un marco-área de ¡3,200 secciones electorales!, 10 en cada sección, a mayores de 13 años, con resultados nacionales y por entidad federativa. En dos hojas se explica la metodología. Se presentan apartados con una serie de preguntas vinculadas a generalidades en cine, danza, música, teatro, economía de la cultura, uso del tiempo libre, percepción del Conaculta, valores y datos sociodemográficos.

No se presentan conclusiones. No contiene anexos que den cuenta ni de los criterios del diseño muestral ni del cuestionario, etcétera.

Aquí otro dato fundamental que descalifica lo obtenido por Defoe: mientras que el Atlas del 2003 no contó con referencias a estudios anteriores (no los había), sobre todo en lo que respecta a indicadores de asistencia, unidades económicas o número de recintos, llama la atención que en el Atlas del 2010 se hayan incluido algunos de los datos obtenidos ¡en la encuesta nacional del 2004!, y no en la del 2010.

Para coronar esta herencia de Sáizar, la presidenta detuvo por largo tiempo la elaboración de la Cuenta Satélite de la Cultura (CSC).

Cuando se decidió a desembolsar unos 7 millones al INEGI, se integró un grupo técnico de trabajo, al que, sobre todo, se invitó a formar parte a funcionarios del propio consejo. Yo fui uno "de fuera", de la UAM Xochimilco. A estas fechas se ha anulado una tarea indispensable: la transparencia y el trabajo colegiado. Esto se acentuó tan pronto inició la gestión de Rafael Tovar. ¿Explicaciones? Ninguna.

Tanto Tovar como Eduardo Sojo deben acordar que el amasijo de encuesta del 2010 quede sin efectos y notificar a la opinión pública. No pienso en que se haga una nueva, ya que es necesario esperar los resultados de la CSC, cuyos avances los funcionarios mantienen, inexplicablemente, bajo reserva. Mientras no hagan ambas cosas incumplen con sus responsabilidades en materia de transparencia y rendición de cuentas.

eduardo.cruz@eleconomista.mx