Regresiones inaceptables

La idea de darle una Constitución a la nueva Ciudad de México ha abierto la puerta a grupos de interés que poco se preocupan por asegurar la viabilidad de nuestra entidad y garantizar las libertades ganadas por la ciudadanía. La sobre-rrepresentación de partidos que no tienen la simpatía de la mayoría, el proceso de designación de 40% de representantes que la sociedad no eligió y la elaboración de un borrador por un grupo de notables , respetables pero nombrados sin participación ciudadana ya anunciaban una trayectoria empedrada. No es extraño entonces que en este proceso surjan iniciativas ajenas a los intereses de una sociedad plural y diversa, cuyas luchas han ido ganando derechos y libertades inexistentes en otras entidades del país.

Uno de estos derechos fundamentales para las capitalinas es el derecho a decidir sobre nuestra maternidad, inscrito en el Artículo 4 de la Constitución federal y ampliado por la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, lograda en esta ciudad en el 2007. Esta reforma no es un asunto menor. El acceso a un aborto legal y seguro, regulado por plazos en este caso, incorpora el derecho a la salud, a la autonomía, a la igualdad y a ejercer la libertad. Se inscribe en el marco de los derechos humanos, inscritos en convenciones y tratados internacionales, firmados por nuestro país, que, desde la reforma constitucional del 2011, son parte integrante de nuestro marco jurídico.

Los derechos humanos son universales, imprescriptibles, irrenunciables y progresivos. Su progresividad implica que no se eliminan ni restringen. De ahí que proponer iniciativas orientadas a limitar o minar un derecho humano sea improcedente e inaceptable, se explicite o no esta intención. Éste es el caso de la iniciativa de ley para proteger la vida desde la fecundación hasta la muerte natural , presentada por la constituyente Cecilia Romero, integrante del panismo más añejo. Siguiendo la tendencia a imponer una visión confesional en las leyes que, con el apoyo del alto clero y de integrantes de todos los partidos, ha ido minando la laicidad y limitado los derechos de las mujeres en 17 estados, el PAN pretende hacer lo mismo en la entidad más progresista del país y aplanar así el camino hacia la reforma de la constitucional federal, planteada en su programa de gobierno 2015-2018.

La defensa de la vida desde la fecundación o la concepción hasta la muerte natural forma parte de una estrategia de control del cuerpo y la vida de las mujeres, y de los hombres. La vida que se protege no es la de las mujeres y niñas sino la del cigoto-embrión, al que se le otorga, antes de nacer, el carácter de persona y cuyos derechos se anteponen a los de la mujer, con el falso argumento de que el producto es autónomo y ella sólo un vehículo , imágenes que sólo un discurso conservador, misógino y contrario a la ciencia puede justificar.

Más allá de las complejidades que involucra el concepto de personalidad jurídica , que se otorga al ser nacido, no al ser en potencia, recordemos que la Suprema Corte determinó en el 2008 que cuando los derechos se contraponen, hay que ponderarlos. En este caso, los de la mujer tienen primacía: ella sí tiene autonomía y derecho a ejercerla, ella es quien padece las consecuencias de un embarazo o un hijo no deseado, que puede poner en riesgo su vida y su salud. Esto no excluye la regulación: el plazo máximo de 24 semanas, por ejemplo, corresponde al momento en que el feto puede ser viable fuera del útero.

La trampa de entronizar al cigoto-embrión en nombre de la dignidad humana arranca su dignidad a las mujeres al pretender imponerles la maternidad como destino u obligación. En los estados cuyas leyes protegen la vida , esto ha contribuido a criminalizar el aborto, hasta con penas de cárcel, a obstaculizarlo, incluso bajo las causales legales. En algunos países, ha llevado a prohibir la anticoncepción o a limitar la investigación genética. El carácter regresivo de esta iniciativa basta para desecharla.

lucia.melgar@gmail.com