Señalan presupuesto insuficiente para proteger a periodistas y defensores de DDHH

En tres años del gobierno en turno, las solicitudes para la atención del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que proporciona el Estado, ha tenido un aumento del 85 por ciento. Lo anterior quiere decir que la percepción de riesgo de parte de personas defensoras o periodistas prácticamente se ha duplicado en lo que va de la presente administración.

A decir de Alberto Xicoténcatl Carrasco, presidente del Consejo Consultivo de dicho mecanismo, el 60% de las agresiones en contra de personas defensoras y periodistas no se cometen por bandas delictivas o cárteles de la droga, sino que son perpetradas por instituciones o servidores públicos y es desde las autoridades de los municipios donde se cometen más agresiones hacia activistas y periodistas.

De esta manera, en lo que va de esta administración han sido asesinados 43 periodistas y 68 personas defensoras de derechos humanos, según información de la propia Secretaría de Gobernación, con datos hasta julio pasado.

Estas referencias fueron compartidas por el activista durante su participación este fin de semana en la mesa de diálogo “Alzamos la voz ante la adversidad. La reducción de espacios para la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos", en el marco del XIV Foro de Derechos Humanos que en esta edición fue organizado por el Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, del ITESO.

“Hemos sufrido diferentes tipos de agresiones porque en muchas ocasiones tocamos aquellos intereses ocultos, o que se intentan ocultar, y el trabajo que estamos desarrollando los evidencia, porque exponemos al o a la agresora. Eso en definitiva nos coloca en una situación de riesgo”, precisó el activista. “No estamos en contra de ningún partido político ni de ningún funcionario. Estamos a favor de las víctimas, de la verdad, de la justicia y del respeto a los derechos humanos, sin importar partido político ni persona que esté en el poder (…) pero hace falta capacidad, profesionalismo, iniciativa, para que esto pueda ser posible (un mecanismo efectivo de defensa)”, agregó.

No obstante, reconoció que para que haya un mecanismo de defensa efectivo, capaz de atender las necesidades de personas que ven en peligro su integridad o la de sus allegados, es necesario contar con recursos. En ese sentido, compartió que para que el mecanismo cumpla con su encomienda bajo estas condiciones requiere de un techo presupuestal de aproximadamente 450 millones de pesos.

Sin embargo, dijo, en el mejor de los casos, si se aprueba el ejercicio fiscal 2022 como llegó al Legislativo, el mecanismo dispondrá de 380 millones, de los cuales, 150 millones están comprometidos para pagar un adeudo por el ejercicio del presente año, lo cual reduciría el presupuesto a un total de 230 millones de pesos. “Esto quiere decir que para 2022 el recurso destinado para proteger a personas defensoras es completamente insuficiente”, lamentó.

Recuperar la noción de riesgo

De esta mesa de diálogo también participaron Leopoldo Maldonado Gutiérrez, director regional para México y Centroamérica de Artículo 19, así como Rossana Reguillo, Víctor Hugo Ábrego y Diego Arredondo, integrantes de Signa Lab del ITESO.

La doctora Rossana Reguillo, coordinadora de Signa Lab, investigadora Nivel III del SNI e investigadora emérita del ITESO, señaló como necesario “colocar un término que me parece se ha desdibujado mucho en nuestro vocabulario actual, que es la noción de riesgo (…) el riesgo de la pérdida de institucionalidad, de espacios, del achicamiento de las libertades”.

En ese sentido, señaló que “es importante entender que estamos frente a ese riesgo de la pérdida cotidiana de densidad en el debate argumentado, que estamos viviendo una agenda pública y política tomada por la banalidad, por el ataque y la crispación. A veces una termina el día revisando qué fue lo que pasó en términos del debate colectivo y me deja muy preocupada una creciente desafección democrática y un creciente autoritarismo”.

Libertad de expresión desde el poder

Finalmente, Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19, opinó que “nos han tratado de inocular una falacia” cuando líderes políticos de indistintas facciones políticas y geografías señalan y estigmatizan a manifestantes, personas defensoras de los derechos humanos, al movimiento feminista y el periodismo, “y nos hablan de que están ejerciendo su libertad de expresión como cualquier ciudadano, sin tomar en cuentas las asimetrías de poder y la responsabilidad que conlleva tener una tribuna como la que tienen los jefes de Estado y otros funcionarios públicos”.

Calificó este como “un presente atroz”, uno en el que las cifras de desapariciones están desvaneciendo los rostros y las historias detrás de la atrocidad: las ejecuciones extrajudiciales, la tortura también de carácter sexual, sobre todo de las mujeres bajo custodia del Estado; la violencia en los centros penitenciarios y a través del aparato penal, la falta de garantías de los procesos, que, amplió, “sirve para criminalizar la pobreza y, en algunos estados del país, la disidencia política. Y eso es lo más escalofriante”.

Las cifras

1,478 personas reciben protección actualmente del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

43 periodistas han sido asesinados en la presente administración.

68 personas defensoras de derechos humanos han sufrido el mismo destino.

60% de las agresiones cometidas contra periodistas y personas defensoras de derechos en el país es cometido por instituciones o servidores públicos.

450 millones de pesos, el presupuesto requerido para la operación del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

380 millones de pesos, el presupuesto anticipado en el PPEF 2022.

150 millones de pesos, la deuda a saldar por el ejercicio del presente año.

“Sí tienen un derecho a la libertad de expresión las y los jefes de Estado y los funcionarios públicos, por supuesto, pero limitado en la medida que violentan su calidad de garante del derecho a la libertad de expresión de otros y el derecho a la información de la sociedad. En esta dimensión colectiva del derecho a la información, cuando tienen otros datos, cuando desinforman desde la tribuna pública, están vulnerando el derecho a la información de la sociedad”, dijo Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19.