Someten a prueba a Jóvenes Construyendo el Futuro tras alcanzar meta sexenal

Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF), uno de los programas más importantes del gobierno federal, contribuye “fuertemente” a que dicha población acceda al derecho al trabajo, al derecho a la salud y a la alimentación nutritiva y de calidad, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Pero cumple “medianamente” con la no discriminación.

Según el reporte Consideraciones para el proceso presupuestario 2023, el programa de aprendices atiende “ligeramente” el derecho a la seguridad social. El documento “recoge los resultados de diferentes análisis realizados por el consejo en materia de evaluación y monitoreo de los programas y acciones de desarrollo social”.

De cinco programas y políticas que implementa la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), éste fue el mejor evaluado. El informe de Coneval indica que también tiene una “fuerte” vinculación con el bienestar económico a partir del ingreso mínimo.

JCF fue construido para atender a las personas jóvenes que no tienen empleo y tampoco están estudiando. Esta población había sido excluida y estigmatizada. La STPS les vincula con un centro laboral lo más cercano a su lugar de residencia, donde reciben capacitación en el trabajo por un año y una beca mensual.

En este año, el gobierno federal les entrega 5,258 pesos mensuales a jóvenes de entre 18 y 29 años que reciben capacitación en centros de trabajo. Dicha cantidad representa 22% más que en 2021 y 46% mayor al monto que dispensó en 2019, el primer año del programa, cuando la beca era de 3,600 pesos.

Conforme el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) ha aumentado el salario mínimo general anual, así también los apoyos económicos para que las becarias y los becarios tengan posibilidad de asumir los gastos que implica trasladarse a un centro laboral y adquirir al menos una canasta básica. La transferencia monetaria “forma parte de los criterios de la medición del indicador y se capta en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH)”.

Derecho al trabajo, pero no a la seguridad social

Según el Coneval, JCF realiza una “fuerte” contribución al derecho al trabajo “a través de capacitación y apoyos económicos que permiten la inserción laboral y prioriza en municipios de alta y muy alta marginación”. En septiembre de 2021, la Conasami publicó los resultados del estudio El efecto del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro durante la pandemia, los cuales señalan que cinco cada 10 aprendices encontraron trabajo.

“En promedio, los egresados del programa tienen el doble de probabilidad de encontrar trabajo comparado con aquéllos que no están en el programa (46.2% vs 23.6%)”, señala el documento. Las y los aprendices obtuvieron ingresos 2,741 mensuales adicionales respecto a jóvenes que no estudian ni trabajan, tanto en el área urbana como rural.

Debido a que cuentan con un seguro del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que cubre las ramas de enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo, tiene una fuerte vinculación al derecho a la salud y a eliminar las carencias por acceso a los servicios de salud.

Sin embargo, su afiliación temporal al IMSS no abarca todos los tipos de seguros, pues no hay una aportación tripartita, como sí funciona el sistema para personas asalariadas. Por tanto, ya que el programa no está ligado al acceso a la seguridad social, no combate las carencias por la falta de inscripción a ese derecho.

Llamado a rendir mayores cuentas

Para el primer año de operación, 2019, el programa contó con un presupuesto de más de 40,000 millones de pesos. Pero la STPS ejerció 23,900 millones, así que para el siguiente año le fue asignada casi la mitad del monto inicial. De acuerdo con el Coneval, en 2020 la secretaría utilizó 24,800 millones de pesos y para 2021, 20,500 mil millones.

Al arranque del programa, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) indicó que JCF “requeriría de 99,360 millones de pesos para cumplir el objetivo de capacitar a 2.3 millones de jóvenes que no estudian y no trabajan, otorgándoles una beca de 3,600 pesos mensuales hasta por un año. Sin embargo, STPS cuenta con un presupuesto de 40,000 millones”, señaló.

Desde junio, la STPS alcanzó la meta que se había trazado llegar al final del sexenio, de 2.3 millones de personas jóvenes beneficiadas. Así que el nuevo objetivo se ha ampliado a 3 millones de becarias y becarios, según ha dado a conocer la titular de la dependencia, Luisa María Alcalde Luján.

A inicios de este año, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) publicó diversas irregularidades halladas en la operación de Jóvenes Construyendo el Futuro. Según dicho organismo, la STPS entregó 351,720 pesos de apoyos a 38 personas que habían fallecido entre 2019 y 2020.

En mayo pasado, la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados acordó solicitar información a la STPS al respeto. Sería el segundo llamado, según el diputado Manuel Baldenebro Arredondo (Morena), presidente de la comisión. “La Secretaría del Trabajo sigue sin dar respuesta, vamos a mandarle otro oficio, pidiéndole que venga y nos atienda”, dijo en una reunión ordinaria.

“Queremos información clara y precisa, cuál es el avance y cómo está repercutiendo el tema de Jóvenes Construyendo el Futuro, porque la verdad no vemos a los jóvenes que estén metidos ya en un empleo”, reclamó la diputada Margarita García (PT). “En cada recorrido que damos hay una queja generalizada sobre la terrible corrupción”, sostuvo.