¿Cuáles son los casos de corrupción que obligan a cambiar la Ley del Infonavit?

Uno de los motivos para cambiar la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y darle mayor peso al gobierno dentro de las decisiones financieras del organismo, por encima de los sectores laboral y patronal, es evitar casos de corrupción que se han dado en los más de 52 años de historia de esta institución.

Durante su participación en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, Octavio Romero Oropeza, director del Infonavit, presentó algunos casos de supuesta corrupción al interior del organismo y donde tanto el comité de Vigilancia como el de Auditoría no ejercieron las acciones correspondientes para impedir y castigar, debido a, según el funcionario, la incidencia de los sectores laboral y empresarial.

A continuación, un resumen de los casos presentados:

Caso TELRA REALTY

En el 2014, el Infonavit, en ese entonces encabezado por Alejandro Murat Hinojosa (actual senador de Morena), contrató a la firma TELRA REALTY para diseñar y operar una plataforma para administrar soluciones de vivienda de acreditados que cambian de lugar constantemente.

Al no entregar la empresa el servicio contratado, tuvo que ser penalizada, pero contrario a ello el Consejo de Administración del Infonavit autorizó el pago de una indemnización por 5,000 millones de pesos.

Posteriormente, cuando surgió el escándalo, los socios de TELRA devolvieron 2,000 millones de pesos que fueron entregados al Infonavit; sin embargo, tres socios de la empresa se han negado a devolver los 3,000 millones de pesos restantes.

Según Romero Oropeza, la dirección sectorial empresarial del Infonavit realizó acciones, apoyadas en el despacho White & Case, para justificar la indemnización de 5,000 millones de pesos.

"La Auditoría Superior de la Federación descubrió, a través de la información presentada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que en el caso de TELRA existió triangulación de dinero entre las empresas contratadas directamente por el instituto y la cuenta bancaria de un funcionario del Infonavit que fungió como asesor del director general en el 2018 (David Penchyna)", expuso Romero Oropeza.

Financiamiento a constructores

Otro de los casos presentados por el director del Infonavit supuestamente relacionado a actos de corrupción es sobre el programa de Línea III del organismo, el cual tiene la finalidad de financiar a constructores para el desarrollo de vivienda para derechohabientes.

De acuerdo con Romero Oropeza, los proyectos en este esquema son propuestos únicamente por las direcciones sectoriales de los Trabajadores y Empresarial del organismo.

Así, se han identificado al menos 22 proyectos autorizados entre el 2017 y el 2018 que no han sido concluidos y presentan un adeudo vencido al Infonavit por 575 millones de pesos. Adicionalmente, existen 18 desarrolladores con adeudos por 768 millones de pesos, esto debido a deficiencias en el seguimiento a pagos y aplicación de penalizaciones.

Ventas sucesivas de viviendas

Uno de los casos que más llamó la atención dentro de la conferencia mañanera, fue el de las ventas sucesivas de vivienda, donde una supuesta red delictiva actúa con el fin de otorgar múltiples créditos sobre una misma vivienda.

De acuerdo con Romero Oropeza, la red delictiva está compuesta por trabajadores del Infonavit, notarios, despachos y peritos valuadores, que se coludieron para la entrega de 12,000 créditos sobre 1,400 viviendas, es decir, que estos inmuebles se vendieron hasta cuatro veces por año cada una.

"Todo lo anterior, sin que la Comisión de Vigilancia o el Comité de Auditoría tomara acciones en contra de los responsables. Este mecanismo delictivo es empleado para estafar a los trabajadores cobrándoles hasta 40% de sus ahorros para vivienda, que hasta el momento de la revisión que no se ha concluido, asciende a más de 1,200 millones de pesos", expresó el director del Infonavit.

Juicios masivos

En el 2019, el Infonavit informó a la Unidad de Inteligencia Financiera el pago de más de 3,600 millones de pesos a cuatro despachos plenamente identificados para recuperar viviendas por la vía judicial.

Según las investigaciones entre el 2013 y el 2015, los despachos en contubernio con funcionarios del Poder Judicial y notarios de Nayarit realizaron juicios fraudulentos en contra de 60,000 derechohabientes.

Romero Oropeza ejemplificó que un derechohabiente que vivía y tenía su casa en Chiapas, fue notificado irregularmente en un domicilio en Nayarit, dentro de un juicio tramitado en ese mismo estado.

"El Infonavit no recuperó ninguna vivienda y miles de derechohabientes fueron despojados de su vivienda, sin un juicio justo", acotó el funcionario.

Contratación ilegal de seguros

Entre el 2013 y el 2014, durante la gestión de Alejandro Murat, funcionarios del Infonavit contrataron un seguro de vida colectivo con la firma Mapfre Tepeyac por 550 millones de pesos para los derechohabientes con crédito, adicional al que se cubre por ley.

“Es ilegal porque el Infonavit ya cubre ese seguro… La cobertura era contra riesgos de fallecimiento de las personas acreditadas sólo en casos de desastre natural o de pandemias, o sea se adelantaron al Covid-19, lo que hacían que esta póliza fuera incobrable”, apuntó Romero Oropeza.

Corrupción en el registro único de vivienda

Otro de los casos presentados tiene que ver con el Registro Único de Vivienda (RUV), que en el 2011 se decidió convertirlo en una entidad independiente con la figura de un fideicomiso perteneciente al Infonavit.

Al respecto, pese a que los recursos que se generan por brindar información a la industria de la vivienda no deben de ser clasificados como ganancias y deben integrarse al ahorro de los trabajadores, hace algunos meses se instruyó el pago de las utilidades generadas.

De acuerdo con Romero Oropeza, por esta acción tres funcionarios han sido cesados y se analizan acciones legales correspondientes.

Salarios de representantes sectoriales

Por último, el director del Infonavit resaltó los salarios de los directores del sector laboral y patronal al interior del organismo, los cuales son superiores al ingreso neto anual de la presidenta Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con Romero Oropeza, el ingreso neto anual del director sectorial de los trabajadores es de 3.2 millones de pesos, mientras que el dirigente empresarial percibe 3.1 millones de pesos al año, cifras que contrastan con el salario anual de la presidenta, que es de 1.9 millones de pesos.

“Todo esto se paga con el ahorro de los trabajadores”, puntualizó el director del Infonavit.