Con la ley, funcionarios deberán ponerse las pilas: PWC

Con las sanciones que se impondrán en la reforma a la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), los funcionarios públicos deberán, ahora sí, ponerse las pilas, consideró el socio líder del sector gobierno de PricewaterhouseCoopers (pwc), Germán Ganado.

En entrevista, dijo que en ese apartado se pone con mayor precisión las penas que habrán de implementarse en caso de que no cumplan con lo estipulado. Lo anterior cobra relevancia si se toma en cuenta que con la ley actual, que entró en vigor en el 2009, no se ve un progreso porque no es un tema prioritario que esté en las agendas de los mandatarios estatales y municipales. A veces, están más preocupados por atender asuntos del gobernador y en otros casos no se avanzó por el cambio de gobierno.

Explicó que la reforma contiene penas a servidores públicos que no cumplan con las disposiciones de la ley reformada, pero además se establecen las sanciones por omitir registros de la contabilidad, alteren o falsifiquen documentos. Estas precisiones harán que haya más profesionalismo de los encargados de las cuentas públicas.

En general, agregó, son nuevas disposiciones que van dirigidas principalmente a los estados y municipios para que entreguen reportes periódicos a la Secretaría de Hacienda.

POCOS AVANCES

Destacó el papel que tendrá el Auditor Superior de la Federación como invitado, ya que si se hubiera metido a fiscalizar o sancionar a los gobiernos locales, se estaría violando la autonomía de las entidades federativas y municipales.

Sobre las sanciones penales, consideró que lo mejor sería que estuvieran a cargo de la autoridad judicial porque los órganos fiscalizadores se convertirían en ?juez y parte.

De la ley vigente que se aprobó en el 2008 y se comenzó a implementar de manera gradual desde el 2009, el especialista de pwc comentó que, si se ve de manera general, el avance ha sido muy poco.

Hay estados que van muy adelantados, pero otros que están retrasados.

Una de las razones es el cambio de gobierno. Hay que recordar que para los municipios el periodo de gobierno dura solamente tres años.

Además, el Consejo de Armonización Contable no ha dado a conocer el grado de progreso para ver cuáles y cuántos están presentando un cumplimiento parcial o total.

Con ello se corre el riesgo de que los que van atrasados tomen decisiones muy precipitadas.

Ahora que se les viene encima el plazo, pueden generar información con la calidad que no esté conforme a la ley , advirtió.

leonor.flores@eleconomista.mx