ONU abre el camino para una convención fiscal internacional

Después de más de 20 años, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó en su septuagésima séptima sesión, la propuesta del Grupo Africano, que representa a 54 Estados, para iniciar el camino de discusiones intergubernamentales sobre una convención fiscal en la ONU.

Lo anterior es un paso para los países en desarrollo dado que han pedido un proceso de negociación fiscal internacional en la ONU, lo que permitiría a todas las naciones participar en las discusiones y en la toma de decisiones relacionadas con los impuestos en igualdad de condiciones, explicó la Alianza Global por la Justicia Fiscal (GATJ, por su sigla en inglés).

Adrián Falco, coordinador de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe, comentó a El Economista que la decisión de la ONU es importante e histórica por el impulso de los países africanos y que ha sido también apoyada por los países de América Latina.

Es histórico porque corre el foco del debate sobre la gobernanza fiscal global y la saca del centro del hegemónico europeo blanco y lo coloca en una plaza de debate en donde habrá igualdad en el uso de la palabra o de propuestas”, dijo el también co-presidente de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Lantidadd).

Falco explicó que el siguiente paso es la implementación del espacio de diálogo y quién liderará los procesos por asignar. “Ahora comienzan los problemas más serios y vamos a ver qué responde la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y cómo se posiciona frente a esto. Vienen meses de mucho debate y estrategia de los países que son parte del sur global”.

Actualmente, la OCDE trabaja con más de 135 países para la implementación del impuesto mínimo global de 15% a grandes corporaciones multinacionales, su entrada en vigor sería hasta el 2024. Los detractores de la propuesta han dicho que la tasa debería de ser de, al menos, 25 por ciento.

En tanto, el coordinador de la Red de Justicia Fiscal comentó que también será importante cómo transmitir los rimbombantes postulados surgidos en los espacios de diálogo a las políticas públicas para frenar el flujo de dinero a paraísos fiscales.

El abuso fiscal de las empresas multinacionales y personas multimillonarias que depositan su dinero en paraísos fiscales deja pérdidas para los gobiernos del mundo por arriba de 483,000 millones de dólares cada año, de acuerdo con organizaciones no gubernamentales.

Implementación de tres pilares

De acuerdo con el integrante de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe, que también es parte de la Alianza Global por la Justicia Fiscal, habría tres bases claves para la implementación de un nuevo marco fiscal a nivel mundial.

El primer eje sería el registro de beneficiarios finales, es decir quiénes son los dueños de la riqueza o de bienes en el mundo, lo que no es fácil de detectar porque existen prestanombres o empresas fantasmas, explicó.

La segunda cuestión es el intercambio automático de información entre países para conocer dónde están las cuentas o bienes de las personas que esconden su dinero en paraísos fiscales y por lo tanto evaden el pago de impuestos.

Finalmente, los reportes de empresas, un informe de actividades empresariales, sobre todo de las multinacionales en cada uno de los países que operan y ver cuál es la planificación fiscal que utilizan para pagar impuestos.

santiago.renteria@eleconomista.mx