5 años de Reforma de Telecom: esto le falta a la iniciativa más exitosa de Peña Nieto

La reforma sectorial que alcanza a las industrias de telecomunicaciones y radiodifusión cumple esta semana un lustro de que fue aprobada. Como algunos ejemplos, en cinco años ha conseguido disminuir en más de 40% los precios de los servicios móviles; atraer más de 7,000 millones de dólares en inversión extranjera directa y aumentar en 51 millones el número de mexicanos con Internet de banda ancha móvil, pero escasamente ha tocado con su cobertura a los 50 millones de mexicanos de menores recursos o aquellos que viven en zonas lejanas del país.

Esta es la reforma estructural de Enrique Peña Nieto con mayor éxito tangible y que ha calado en los monederos de los mexicanos, consideran especialistas; por ello, es objetivo del próximo gobierno continuar extendiendo sus beneficios y en su oportunidad, actualizarla a las condiciones del mercado y reforzar las atribuciones de las autoridades que participan de su desarrollo. 

Un IFT fuerte, más medios públicos y cobertura social

En principio, plantea Agustín Ramírez, abogado especializado en telecomunicaciones y un día asesor de constituyentes en la materia, deberá ser prioridad del nuevo gobierno la conformación de una política pública que fomente el despliegue de infraestructura en regiones económicas menos favorecidas o el aprovechamiento al máximo de la ya existente allí o por llegar; la Red Compartida, por ejemplo. Llevar servicios como telefonía e Internet abonará al crecimiento y competitividad de esas zonas, dice.

Para lograr esta meta, una alternativa es una reforma que establezca que en adelante sea el Instituto Federal de Telecomunicaciones la autoridad, como órgano regulador especializado en telecomunicaciones, que cuente con las atribuciones para imponer políticas de cobertura social y no la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que todavía fue la dependencia que originalmente fijó los criterios de cobertura social para la subasta del espectro móvil en la banda de 2.5 GHz y que no gustó a la industria. 

“Es necesario impulsar una reforma para que el IFT tenga mayor capacidad jurídica para acompasar el desarrollo de infraestructura con penetración en zonas rezagadas”.

También queda cómo abordar las atribuciones de los municipios en lo que toca a las autorizaciones sobre uso del suelo y aunque ya hay planes de redefinir el Artículo 115 constitucional, su actual interpretación hace que las intenciones de la SCT y el IFT junto con las empresas por expandir las redes de comunicación choquen con los intereses de las alcaldías. “En términos del 115 constitucional, son exclusivas de este nivel de gobierno; habría que hacerlas consistentes con las atribuciones del IFT, de tal suerte que se eliminen barreras de entrada y de naturaleza jurídica, para el despliegue de infraestructura. Ahí hay mucho camino por delante”, explica el especialista.

Para los medios públicos, aún falta homologar criterios para su operación y que la reforma no dejó del todo claro, además de que debería configurarse un sistema que aglutine a canales de radio y TV con alcance a todo el país.

En el sexenio que se acaba, hubo planes como la Agenda Digital dirigida por una oficina de la Presidencia de la República y el programa e-México que dieron magros resultados y sus desperfectos también deben corregirse pronto para meter a México en buen tiempo a la economía digital.

En cuanto al regulador, una buena señal del próximo poder Ejecutivo para el mercado sería aquella en que proponga a los senadores un método más eficiente y claro para la selección de comisionados, luego que, por ejemplo, el Senado se metió en un embrollo a mediados de 2017 en su intento por elegir o ratificar rápidamente al jefe del IFT. Agustín Ramírez también propone aquí que el comité de notables que construye la terna de candidatos entreviste y evalúe de manera personal a los interesados en ser comisionados, para que de esta manera pueda identificar posibles conflictos de interés. 

Para el IFT igualmente es necesario un órgano fiscalizador, pues la Cámara de Diputados lleva un año de retraso en la designación de un contralor y ello puede provocar que “dentro de la institución se generen fácilmente irregularidades administrativas importantes”.

¿Por qué AMLO atacaría la reforma telecom?

Andrés Manuel López Obrador es el candidato puntero en las intenciones de voto para ganar la elección presidencial del 1 de julio. Diversos actores industriales temen que su arribo a Los Pinos signifique echar abajo una o más de las reformas estructurales del sexenio peñista, en principio la energética y la educativa.

Pero en lo referente en telecomunicaciones hay dudas sobre lo que piensa hacer el político de Tabasco. El jefe de sus asesores en temas económicos, Abel Hibert, niega que López Obrador haya pensado siquiera en echar atrás esta reforma. “De ninguna manera y bajo ninguna circunstancia piensen que se va echar para atrás. Él no puede y no quiere tirar la reforma”, dijo Hibert en una entrevista con este medio. 

Abel Hibert platica que el aspirante presidencial trae consigo ya un plan para impulsar la banda ancha en las zonas desconectadas; también su propuesta sobre neutralidad de la red y el ecosistema digital. Y para los concesionarios de los medios electrónicos también tiene un mensaje: 

“Vamos por un esquema más eficiente en aprovechamiento del espectro. Proponemos buscarlos a todos y revisar el sistema de cobro por el uso del espectro, pues nos parece muy alto el costo para el operador; las actualizaciones que hace la Secretaría de Hacienda son costosas, porque la concesión que compraste hace 20 años, la estás pagando hoy como si fuera el mismo mercado, cuando los precios están bajando y los equipos también y entonces el costo del espectro llega a ser una barrera, es algo que se debe modificar”. 

Hibert Sánchez cuenta además que el equipo del tabasqueño piensa en cómo construir un organismo que aglutine los recursos y las áreas “dispersas” en varias dependencias federales para crear entonces una unidad transversal que tenga un mejor impacto en el avance de la pública. De momento el Promtel está en el radar.

Agustín Ramírez, abogado en el despacho Ouraboros, desestima que sea una intención de este candidato atacar la reforma de telecomunicaciones. “Es la que más beneficios tangibles ha arrojado y sería un sinsentido que pretendiera ir en su contra; debe entender que la conectividad forma parte importante de los niveles de medición del desarrollo humano; es más, el llamado desarrollo informacional es, junto con el desarrollo cultural y el económico, uno de los tres índices que aseguran un pleno desarrollo humano”.

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