Angola: 15% más allá del Acuerdo de París

Bajo el Acuerdo de París de 2015, Angola se comprometió a reducir incondicionalmente sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) hasta 35% antes de 2030. El país también fijó un objetivo de reducción adicional del 15% —una meta de atenuación condicional—, lo que convierte al compromiso angoleño uno de los más ambiciosos de los 195 países signatarios del documento en la 21ª Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Pero Angola también es el segundo productor de petróleo del continente africano, lo que conlleva a preguntarse: si la industria de los hidrocarburos es el principal responsable de las emisiones de GEI en el país, ¿los compromisos ambientales del país son alcanzables? Y de serlo, ¿cómo?

“Angola tiene un objetivo a cinco años para reducir la intensidad de carbono en la producción de electricidad. Esa es nuestra contribución", dice Giza Martins, director de la Oficina de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente de Angola.

Como país en desarrollo, Angola no se ha comprometido con los objetivos globales. Sin embargo, Martins señala que la propuesta del país está "circunscrita al sector energético" y se basa principalmente en "la construcción y puesta en marcha de grandes centrales hidroeléctricas". Impulsar la producción de electricidad permitirá al país diversificar su economía y desarrollar sus sectores agrícola e industrial para romper con el paradigma del petróleo.

Durante la última década, se han dedicado más de 17,000 millones de dólares al sector de las energías renovables, equivalente al 35% de la deuda pública contratada por el país hasta 2017. Esta inversión se destinó tanto al sector hidroeléctrico para abastecer a grandes núcleos de población como a los sistemas de energía solar que llevan la corriente a regiones remotas sin conexión al suministro, a pequeñas redes locales y a otras comunidades a través del programa gubernamental "Aldeas solares".

"Estos objetivos pueden ser viables si hay una inversión seria, no sólo en hidroelectricidad como se está haciendo con la construcción de las presas de Laúca y Caculo Cabaça, sino también con la implementación de sistemas mini-hidroeléctricos, eólicos y solares, como se declara en el Plan Estratégico de Energía de Angola de 2025", señala Vladimir Russo, ecologista y director ejecutivo de la fundación ambiental Kissama.

“Hoy en día, las plantas hidroeléctricas suministran 78% de la electricidad que se genera en el país. Hace un año esta tasa era del 60%”, apuntaba el presidente angoleño João Lourenço en su discurso a la nación el pasado agosto.

Se espera que en 2022 la inversión anual para aumentar la producción de energías verdes sea de 23,000 millones de dólares. De 2006 a 2016, la producción total de energía creció de 2.98 gigavatios a 10.71 gigavatios, según datos del Ministerio de Energía y Agua, pero sigue siendo insuficiente para garantizar la electrificación total del país.

El esfuerzo realizado durante la última década es fácil de apreciar (o más bien escuchar), ya que hace dos años el ruido de los generadores —una gran fuente de emisiones de GEI— se escuchaba constantemente no solo en la capital Luanda, sino en gran parte del país. Ahora se está analizando la capacidad de las energías renovables: la energía solar, con una potencia de 17.3 gigavatios, las centrales hidroeléctricas con 10 gigavatios, las plantas eólicas con 3.9 gigavatios y la energía eléctrica a partir de biomasa con 3.7 gigavatios.

Este potencial es una gran oportunidad de negocio para el sector privado, señala Russo. Explica que las empresas pueden contribuir a los esfuerzos del país, como ya lo hacen algunas con "inversiones en proyectos para reducir las emisiones de GEI, reemplazando las tecnologías dependientes de los combustibles fósiles por energías verdes y una gestión forestal sostenible".

El objetivo de la Estrategia Nacional para Energías Renovables aprobada por el Ministerio de Energía y Agua en 2015, es alcanzar 70% de producción renovable para 2025. Esto se conseguiría a través de una serie de medidas de mitigación de GEI, como la regulación del sector eléctrico y una reducción de las emisiones procedentes de la producción y exploración del petróleo y el gas natural. Éste último, por ejemplo, supuso 49% de las emisiones totales de GEI en Angola en el año 2005, el primer y único año en que se cuantificaron estas emisiones.

Para ello, el plan del gobierno es aprovechar el gas liberado en la producción de los hidrocarburos, "un gas carbónico similar al metano", explica Martins. Hoy se quema, cuando podría ser utilizado. La Ley del gas, aprobada el 18 de mayo pasado, regula la actividad de las compañías petroleras así como la Agencia de Petróleo y Gas, cuya creación está prevista para 2020.

El éxito o el fracaso de la estrategia de Angola se medirá a través del Sistema de Monitoreo Nacional para las emisiones de la red que, según Martins, se instalará en todas las fuentes de producción energética, incluida la industria petrolera. Este sistema revelará si el gobierno cumple con sus objetivos ambientales. Pero Russo cree que los angoleños, "normalmente guiados por un modelo de consumo alto y únicamente limitado por las dificultades financieras", aún tienen que darse cuenta de la importancia extrema del cambio climático y proteger el aire que respiran.