IFT analiza redefinir los criterios de cobertura y títulos de concesión de la Red Compartida

El Estado mexicano, a través de órganos sectoriales como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), examina una serie de modificaciones al contrato de asociación público-privada y eventualmente a los títulos de concesión en los que se soporta la Red Compartida —una red mayorista de servicios de telecomunicaciones inalámbricos fijos y móviles que es operado por la empresa Altán Redes— para que los siguientes hitos de cobertura de esa red ocurran primero en zonas desconectadas de internet o telefonía y no en áreas urbanas ya cubiertas por las redes de terceros operadores.

La intención del IFT, del Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Promtel) y de la SCT está en alinear los objetivos de cobertura de la Red Compartida de Altán Redes con los planes de conectividad del gobierno federal.

Ello justifica entonces la reunión del 9 de octubre en la sede del IFT entre representantes del Promtel y cuatro reguladores del pleno en la que se solicitó al órgano autónomo una opinión en materia de competencia económica para modificar el contrato APP de la Red Compartida.

Una probable modificación de los contratos de la Red Compartida no significará liberar de obligaciones a Altán Redes o una incerteza a la inversión, comentó el comisionado presidente del IFT, Gabriel Contreras, sino que será un redireccionamiento de objetivos y recursos para acelerar la penetración de los servicios de conectividad para los mexicanos que no la tienen.

La Red Compartida tiene el mandato de conseguir una penetración de servicios del 92% de la población mexicana en el largo plazo, en el año 2024, y cuando su contrato fue adjudicado por la SCT entre 2016 y 2017 al consorcio Altán Redes se pensó que su despliegue de cobertura podría iniciar en zonas urbanas, para hacer más posible que su concesionario pudiera conseguir un retorno de inversión que le permitiera continuar con su avance sobre áreas descubiertas por las redes de otras compañías.

“Es una cuestión que tiene que ver con el contrato de APP que se suscribió con la SCT”, dijo el comisionado presidente del IFT.

“Lo que se pretende es que, siguiendo la política (de conectividad) anunciada por el presidente de la República, poder destinar desde ahora recursos públicos allá donde no hay ningún tipo de conectividad (…) es una cuestión que le toca revisar al pleno; se está revisando y en principio, desde el punto de vista regulatorio, no pareciera haber mayor inconveniente, salvo lo que resuelva el pleno”, dijo Gabriel Contreras, luego de participar en un foro sobre telecomunicaciones organizado por el Senado de la República.

Para Gabriel Contreras, las potenciales adecuaciones a los títulos de concesión implicarían solamente un cambio en el orden de factores en cuanto los cumplimientos de cobertura de la Red Compartida, más no una eliminación de obligaciones:

“Estamos revisando el planteamiento y lo que podría implicar claramente una modificación al contrato, también implicaría una modificación a los títulos de concesión (…) De ninguna manera esto implica liberar de obligaciones a Altán. Es un cambio en el calendario de despliegues para que se enfoquen los recursos en este momento allí donde no hay conectividad y no dejarlos hasta el final. Es cambiar el orden de los factores”.

Al 31 de octubre de 2019, la cobertura de la Red Compartida llegaba a 51 millones de personas, 45.5% de la población total de México, de los que 9.5 millones de estos mexicanos se ubicaban en poblaciones de menos de 10,000 habitantes.

kg