Inversión: IP hace la tarea y gobierno se aplica, pero aún queda a deber

El 2023 ha sido un año de notable recuperación de la inversión pública en México, de la mano de la construcción de los proyectos insignia del gobierno del presidente López Obrador. Pero la inversión privada, de la que son responsables el grueso de las empresas del país, es la que ha conseguido hasta la fecha la meta que pactaron gobierno e iniciativa privada al inicio del sexenio.

Medida como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) a precios corrientes, durante el tercer trimestre, la formación bruta de capital fijo, que es como se le conoce a la inversión fija en el argot de las cuentas nacionales, alcanzó un nivel de 24.7%, de acuerdo con los indicadores trimestrales de la oferta y demanda y del ahorro bruto, divulgados la semana pasada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

Se trata del mayor nivel desde el cuarto trimestre del 2016 (25.3%) y es el tercer mayor registro desde hay datos armonizados (1993). El récord del cuarto trimestre del 2011, de 26.1%, sigue vigente.

La inversión física es uno de los cuatro componentes que conforman el PIB de cualquier economía desde el punto de vista del gasto de los agentes económicos. Los otros tres son el consumo privado, el gasto gubernamental y las exportaciones netas (exportaciones menos importaciones).

Sin embargo, la formación bruta de capital fijo es el pilar que tiene mayor incidencia en la capacidad de crecimiento de la economía en el largo plazo. Y lo es porque determina las dimensiones y la calidad de la planta productiva, que, a su vez, fija el piso para la productividad.

En México, en junio del 2019, el gobierno federal y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) firmaron el Acuerdo para Promover la Inversión y el Desarrollo Incluyente, que planteó como meta conjunta elevar la inversión física total en el país a un nivel sostenido de 25% del PIB.

Esta cuantía, se dijo, sería suficiente para escalar el crecimiento de la economía a un ritmo de 4% anual, luego de haber mostrado un magro crecimiento anual promedio de 2% durante lo que el actual gobierno llama “el período neoliberal”.

“Nos hemos propuesto hacer que la inversión total vaya hasta el 25% del PIB, esto significa que vamos a trabajar, no de un día para otro, evidentemente, sino que en los próximos dos años vamos a hacer una inversión de 35,000 millones de dólares”, dijo en ese momento Carlos Salazar, presidente entonces del CCE. Puntualmente, la iniciativa privada se comprometió a aportar 20 puntos del PIB, y se pactó que el gobierno debía aportar los cinco puntos restantes para alcanzar el objetivo.

Este año las empresas privadas superaron la meta. Durante el primer trimestre, su aporte escaló a 20.8 puntos, en el segundo se expandió a 21.6 puntos y en el tercer cuarto del año se ubicó en 21.5 puntos del PIB.

Estos dos últimos son, respectivamente, el segundo y tercer mejores registros del indicador desde que hay datos armonizados, solo superados por la lectura del cuarto trimestre del 2016 (21.8 por ciento).

En tanto, el aporte de la inversión pública fue de 3.2 puntos del PIB, el mayor nivel desde el último cuarto del 2017 (3.4%), reflejando una mejora consistente en los últimos dos años. No obstante, el dato está lejos del récord de 6.2 puntos del primer trimestre del crítico año de 2009.

Otro dato: durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón, la participación de la inversión pública fue en promedio de 5 puntos del PIB y fue durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto que el dato se debilitó, con una media sexenal de 3.5 puntos.

¿En qué invierten privados y sector público?

El gasto de inversión tiene dos destinos. El primero es la construcción, tanto de infraestructuras privadas como públicas, que tienen el común denominador de expandir la capacidad de producción de bienes y servicios de la economía.

En el ámbito privado encontramos naves industriales, plantas eléctricas de gestión privada, gasolineras, obras ferroviarias en vías concesionadas, aeropuertos concesionados, edificios administrativos, centros comerciales o vivienda, entre otras.

Y en el público figuran obras como carreteras, puentes, obras ferroviarias en vías asignadas a entes del Estado, líneas de transmisión eléctrica, ductos de transporte de petróleo o gas, obras de saneamiento y agua, líneas de transmisión eléctrica, aeropuertos estatales, refinerías o plantas eléctricas de empresas públicas, por mencionar algunas. Al tercer trimestre del año, los gastos en construcción absorbieron 57.5% de la inversión fija del país, según los datos del Inegi.

A su vez, los privados realizaron 81.4% de la inversión en construcción, dejando el aporte restante al sector público.

El segundo destino de la inversión es la compra de maquinaria, equipo y medios de transporte. El 42.5% del gasto de inversión en México al tercer trimestre se dirigió a estas categorías. Los privados participaron con 96.1% del valor de las compras.

Desde otra perspectiva, los privados destinaron 56% de su presupuesto de inversión a la construcción de activos fijos y el resto, a la compra de maquinaria y equipo. Mientras que el sector público tiene un mayor enfoque en la infraestructura, pues emplea 87.2% de su gasto de inversión en trabajos de construcción, y menos de 13% a la adquisición de maquinaria y equipo.

octavio.amador@eleconomista.mx