La 4T dará el paso político para bajar los precios del espectro en México: SICT

México podría cerrar el año 2023 con la sorpresa de que su gobierno dispuso de una nueva política de tributación por el uso, aprovechamiento y explotación de bandas radioeléctricas en servicios masivos de telecomunicaciones.

El gobierno federal promete que ahora sí ajustará a la baja las tarifas que año con año impone a las empresas que usan bandas para comercializar servicios como telefonía, televisión o Internet móvil en el país. Esto, con modificaciones a la Ley Federal de Derechos (LFD) y en el contexto del Paquete Económico que votarán los disputados en octubre y noviembre para el ejercicio fiscal del año 2024.

La reubicación de cadenas de producción de Asia hacia México, más conocido como el nearshoring, que ya demanda la existencia de infraestructura suficiente para empresas como Tesla que se instalará en Nuevo León y otras de todos los sectores de la economía digital que también analizan instalarse en México, más el amago de los industriales por no aumentar más el ritmo de sus inversiones en el despliegue de redes en tanto el Estado mexicano cobre caro el espectro, ya está generando presión en los círculos del poder político mexicano.

México es uno de los dos países de América Latina —el otro es Colombia— con la política de tributación más onerosa por usar bandas. Aquí, de todo el dinero que pagan los concesionarios por usar espectro, entre el 70 y 92% tiene que ver con los pagos anuales de derechos, según la banda radioeléctrica y la vigencia de la concesión que se trate. La cifra casi dobla el promedio del porcentaje que presentan otras naciones del continente en el mismo rubro.

Rogelio Jiménez Pons, subsecretario de Transportes de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), reconoció que el Congreso de la Unión tiene el poder de bajar los precios del espectro en México y a propuesta de la Secretaría de Hacienda, pero la decisión se tomará al “más alto nivel político”.

Ya hay mucho análisis técnico y conclusiones… La conclusión es que falta dar el paso político que va a definir qué vamos a hacer. Nos falta llegar a una decisión y esa decisión está en el poder político (…) Antes, el argumento era una cuestión recaudatoria… Las condiciones que prevalecían entonces pudieron haber estado justificadas, pero ahora hay nuevas condiciones y hay que tener un nuevo posicionamiento (…) No hay una posición homogénea en el gobierno; hay varias voces y a todas hay que oírlas. Pero ya estamos en el umbral de tomar la decisión (…) Hay muchas posiciones encontradas y esta es una decisión política que se tomará al más alto nivel”, dijo Jiménez Pons. 

Si México redefine su política tributaria en cuanto el espectro radioeléctrico de cara a la Licitación IFT-12 de frecuencias para los servicios 5G, será la primera ocasión en casi cuarenta años que el país ajusta sus precios por usar espectro, desde que la extinta Cofetel licitó bandas para servicios 2G y 3G, en los años 90s. En materia política, para el gobierno federal será un jonrón, pues en los dos sexenios pasados, del PAN y el PRI, se intentó en varias ocasiones que las tarifas disminuyeran, todas sin ninguna esperanza de éxito.

“(El nearshoring) sería una presión para bajar los costos del espectro, porque cambia al mercado y las circunstancias, y se tienen que buscar mejoras para que incrementemos la infraestructura y evidentemente las tarifas del espectro serán un elemento de estímulo para desarrollar las redes de telecomunicaciones”, agregó Rogelio Jiménez Pons en su participación en el foro GSMA Mobile 360 Latin America / CLTD 2023.

Estimaciones de la industria indican que el nearshoring generará inversiones por 35,000 millones de dólares en América Latina entre los años 2023 y 2030; y 78,000 millones de dólares en todo el mundo en el mismo tiempo. Este tipo de reubicaciones de infraestructuras y producción debe aprovecharla México, luego de que el PIB del país se incrementaría en 1.3% año con año hasta el 2030, alentó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), a manera de que el Ejecutivo federal valore ubicar los precios del espectro en los mismos parámetros de la media internacional.

El mismo IFT anunció esta semana que en julio presentará un proyecto de bases de licitación para concursar frecuencias de espectro para servicios de quinta generación o 5G. La industria, principalmente AT&T y Movistar, ya han confirmado que no participarán en el proceso, si la política actual de tributación se mantiene. Las empresas señalan que la construcción y mantenimiento de infraestructura ya absorbe el 75% de los ingresos que generan las compañías por sus operaciones y ello complica que puedan comprar más bandas en un contexto también de encarecimiento de insumos. De ser así, sólo Telcel estaría interesada en comprar espectro 5G en México.

Este será el primer proceso de su tipo que se realiza en México y con el que el país se convertiría en la quinta nación de América Latina en emprender una licitación de frecuencias para servicios 5G. Antes, Brasil, Chile, la República Dominicana y Uruguay han concluido sus licitaciones de espectro 5G, en tanto que Argentina, Colombia y Perú afinan todavía sus propios procesos.

México lleva tres años intentando llevar a buen puerto un proceso de licitación de 5G, pero el contexto de política pública que impone una alta tributación por el uso de frecuencias ha impactado negativamente a la realización del concurso. El Gobierno federal ha prometido en prensa que este año bajaría el nivel de tributación por la explotación de frecuencias, con modificaciones a la Ley Federal de Derechos que todavía debe votar el Congreso de la Unión entre septiembre y octubre próximos.

Las bandas ya consideradas de manera oficial para este concurso son aquellas de los 600 MHz, de los 800 y 850 MHz; de los 1.5 Gigahertz (GHz), también llamada “Banda L”, y de los 3.5 GHz; todo un paquete heterogéneo de frecuencias con distinta naturaleza técnica para llevar capacidad y cobertura de 5G por todo México.

Informes trimestrales del Instituto Federal de Telecomunicaciones indican que la recaudación fiscal por el aprovechamiento de las bandas radioeléctricas se ubicó en 20,237 millones de pesos en el año 2019, unos 1,150 millones de dólares de entonces, esto sin contar las bandas de 700 MHz entregadas a Altán Redes, porque este espectro se entregó ese concesionario bajo un mecanismo regulatorio distinto. 

Para el año 2022, la cifra de recaudación por explotación de bandas se había reducido en 9.7% frente al 2019, hasta situarse en 18,272 millones de pesos, unos 1,030 millones de dólares y tras la devolución de bandas que las empresas Telefónica Movistar y AT&T comenzaron hacer con sus frecuencias en los 850 MHz y de 1.9 GHz y en los 2.5 Gigahercios. 

“Juntos podemos buscar escenarios de ganar-ganar, en los que encontremos coincidencias todos los interesados (…) ¿Quién no quisiera que se simplificaran los trámites administrativos para facilitar el despliegue de redes de telecomunicaciones? ¿Quién estaría en contra de que los costos del espectro radioeléctrico en México se ubiquen en niveles más competitivos conforme a las referencias internacionales y que eso se pudiera traducir en beneficio para todas las actividades productivas del país? Seremos coadyuvantes a proveer la información técnica que se requiera para que las autoridades de Hacienda y el Legislativo puedan tomar las decisiones en beneficio de la población”, dijo Javier Juárez Mojica, presidente del IFT.