La COP26: la coronación de la política climática

La próxima COP26 en Glasgow representará un momento crucial. A nivel de políticas públicas, marcará la consagración de la política climática como uno de los impulsores macroeconómicos y geopolíticos principales para el siglo XXI. Los Estados Unidos se han reintegrado al Acuerdo de París y el presidente Biden hizo anuncios ambiciosos en la reciente Cumbre sobre la Ambición Climática de la que fue anfitrión en abril: Los EE UU anunciaron la meta de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 50 %, en comparación con el 55 % de la UE. Varios países hicieron lo propio, sobre todo Japón (reducción del 46% para 2030 frente al 26 % anterior) y Canadá (reducción del 40-45 % frente al 30% anterior).

Esto presionará a China e India. Beijing ya ha señalado su intención de ser neutro en carbono para 2060, aunque su plan de recuperación del covid-19 claramente se queda corto en el aspecto ambiental. Los autores de un informe reciente de TransitionZero afirman que China tendrá que cerrar casi 600 plantas de carbón si quiere cumplir sus promesas. A pesar de inversiones sustanciosas en energías eólica, solar y hasta nuclear, China sigue siendo el país que más contamina, debido a que los gobernadores regionales han estado construyendo nuevas centrales de carbón para impulsar el crecimiento económico. 

Otra señal de que la política climática impulsa la geopolítica está relacionada con los recientes anuncios de John Kerry y Xie Zhenhua, enviados estadounidense y chino para el clima, sobre la cooperación entre ambos países en materia de cambio climático. Habrá que esperar para ver si las palabras son respaldadas por medidas concretas, pero es un hecho inusual de lenguaje positivo entre las dos naciones más contaminadoras.

India se ha posicionado como socio clave para la COP26. Aún le queda por anunciar un plan cero, pero estará bajo presión para que se comprometa a ciertos objetivos climáticos.   

Desde el inicio de las negociaciones sobre el clima, la India ha defendido la justicia en términos de los contribuyentes a largo plazo: los países industrializados han contribuido más al problema que los países emergentes a largo plazo, y no parece justo que los países emergentes deban sacrificar su desarrollo para reducir las emisiones de carbono y, con mayor razón, teniendo en cuenta que per cápita India sigue contaminando menos que la UE o los EE UU.

No obstante, los políticos en la India aparentemente han entendido la importancia estratégica de la energía renovable, y Francia y la India crearon la Alianza Solar Internacional en la COP21 en París. El borrador filtrado de la India sobre la Política Eléctrica Nacional 2021 ejemplifica estas contradicciones, con inversiones significativas en energías renovables, compensadas por una puerta abierta a nuevas centrales eléctricas de carbón. La postura y los compromisos de la India en la COP26 serán un factor crítico para determinar si es una prueba superada o no.

La COP26 llega en el momento de la verdad, seis años después del Acuerdo de París. No ha habido un avance significativo en cuanto a la reducción de las emisiones, aparte del breve momento relacionado con el covid del año pasado. De querer llegar a cero emisiones netas en 2050, acorde con un escenario de calentamiento de 1.5 °C, se requiere una reducción de las emisiones a la mitad para 20301. Nuestros objetivos colectivos y ambiciosos tienen que traducirse en planes y medidas concretas ahora. 

Para hacerlo, sabemos desde Copenhague en particular que los responsables políticos tienen que abordar directamente algunos retos. Para abarcarlos en su totalidad, se podría decir que la acción climática es un ejercicio masivo de depreciación económica de algunas actividades (intensivas en carbono) y de apreciación de otros (neutrales en carbono). Los gobiernos cuentan con herramientas políticas para organizar dicho ejercicio de depreciación / apreciación: fijación de precios del carbono, normativa para prohibir actividades, e incentivos fiscales para actividades neutrales en carbono2.

1    Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente – Informe sobre la Brecha de Emisiones 2019.

2 Climate Casino.

Covid Covid-19: una ventana de oportunidad para reconstruir mejor

De alguna manera, la crisis del covid-19 debería considerarse como una oportunidad. La mayoría de los países actualmente están analizando (si aún no lo anuncian) paquetes de recuperación, de los cuales algunos cuentan con elementos ecológicos. De hecho, todas las principales economías del mundo han anunciado paquetes de estímulos que oscilan entre miles de millones y billones de dólares, con el respectivo impacto a todos los sectores sobre las emisiones de carbono y el ambiente. De ahí surge la pregunta: ¿Qué tan verdes serán estos planes de recuperación? La respuesta, hasta ahora, es un rango. Mientras que mucho está por verse respecto a los EE UU, ya ha quedado claro que las economías emergentes no se han puesto al día, y China, la India y Brasil, en particular, están esquivando los aspectos ambientales, a pesar de sus anuncios sobre inversiones en los sectores solar, eólico, de baterías y forestal. Como era de esperarse, la UE lleva la delantera con su paquete Next Generation EU. En la Unión Europea todos los préstamos y subvenciones de recuperación para los Estados miembros tendrán la cláusula automática de ‘no dañar al medio ambiente’.

A la fecha, casi un tercio de los estímulos anunciados en todo el mundo se destinarán a sectores de gran impacto ambiental que tienen efectos negativos sobre el cambio climático y/o la biodiversidad. La COP26 es una oportunidad clave para cambiar de rumbo y rediseñar dichos planes.

Más allá del cambio climático: incorporación del aspecto social

No se trata solo del cambio climático. Un factor importante es su aspecto social: el impacto social que el cambio climático tiene sobre las sociedades en todo el mundo, así como aquellos que resultan a partir de las políticas instrumentadas para combatirlo.  

La transición hacia un consumo y modelos más sustentables será exitosa solo si es socialmente aceptable. Eventos recientes lo han mostrado una y otra vez: desde el rechazo de incrementos al impuesto al carbono en Francia hasta la pérdida de puestos de trabajo en ciertas áreas de combustibles fósiles que no se compensan directamente con empleos verdes.

Entonces, ¿qué es una transición justa? En términos elegantes, es una en la que los impactos sociales negativos, tal como la pérdida de empleo, se minimizan; mientras que los impactos sociales positivos se maximizan. Sin duda el concepto no es del todo nuevo: sus orígenes se remontan a la década de los 70 en los Estados Unidos, cuando los sindicatos lucharon por los trabajadores cuyo sustento se vio amenazado por nuevas normas ambientales. Desde entonces ha tomado distintas formas. En las negociaciones climáticas internacionales, por ejemplo, algunos países o regiones han exigido una contribución ‘justa’ para combatir el cambio climático. Con ello se refieren a tomar en cuenta el hecho de que los países industrializados son los que más han contribuido a la contaminación desde la Revolución industrial.

El Acuerdo de París exigió en particular medidas que toman en cuenta “la necesidad de una transición justa de la fuerza laboral y la creación de trabajo digno y de calidad”. Por último, la declaración de Silesia de 2018 solicitó una consideración especial para las regiones carboníferas. Cada vez más el tema se ha extendido de los sindicatos y las negociaciones internacionales al día a día de la vida democrática: en Francia el gobierno lanzó una Convención Ciudadana para el Clima, invitando a ciudadanos seleccionados de todos los ámbitos a realizar una lluvia de ideas sobre una nueva generación de políticas climáticas.

Si el concepto existe desde hace medio siglo, ¿por qué es diferente esta vez? Por un lado, como se menciona arriba, la crisis climática ahora va acompañada de una crisis social: han aumentado los índices de pobreza y de desigualdad, y pueden incrementar aún más debido a que los niveles de deuda pueden limitar el apoyo a los pobres y las políticas de redistribución. En segundo lugar, a seis años del acuerdo de París, queda claro que si pretendemos cumplir las ambiciosas promesas climáticas las palabras tendrán que convertirse en acciones, con el potencial de que sus impactos sociales sean más destacados que nunca. Esto aplica aún más porque, mientras más esperamos para realizar acciones contundentes, más enfrentamos el riesgo de una “respuesta política inevitable”, tal como lo describe Vivid Economics y los Principios de Inversión Responsable. Dicho esto, la crisis del covid-19 también representa una oportunidad fabulosa de reconstruir mejor y así incluir el aspecto social en nuevas políticas sustentables. 

¿Cuál es el siguiente paso?

Los debates en torno a la transición justa dan fe de su complejidad. De hecho, dicha transición tiene repercusiones para todos los sectores, países y grupos sociales. Una forma de analizarlo es desde cuatro ámbitos: trabajadores, consumidores, comunidades locales y sociedades. Siguiendo este orden, una transición justa tiene que garantizar que los trabajadores en industrias que se están reestructurando puedan encontrar empleo en industrias sustentables, y/o cuenten con mecanismos de protección social adecuados. También se pretende que los bienes y servicios estén alineados con los objetivos del Acuerdo de París y todos tengan acceso a ellos. Las comunidades locales se verán afectadas de otra manera y por ello es crucial que los beneficios y costos se compartan equitativamente. La transición justa tiene que garantizar que todos los interesados cumplan su papel mediante un diálogo constructivo y acciones coordinadas.

Consecuencias para los inversionistas

¿Qué significa todo esto para los inversionistas? Significa que necesitan claridad, un plan y las herramientas precisas. La claridad es primero. Se tratarán muchos temas en la COP26, desde cero emisiones hasta transición justa y biodiversidad. Entender qué conlleva cada uno y qué implican para las inversiones será absolutamente clave.  

En segundo lugar, un plan. Los inversionistas tendrán que especificar planes ambiciosos creíbles y transparentes para cada tema para cumplir sus objetivos climáticos. Los administradores de patrimonios deberían trabajar con sus clientes para acompañarlos en este camino, desde la fase de planeación hasta las inversiones, y hasta los informes de avance. Dichos planes tienen que integrar cuatro palancas: procesos de inversión, políticas de participación, divulgación y fijación de objetivos. Las empresas adoptan cada vez más programas de descarbonización, sobre todo a través de la iniciativa Objetivos Basados en Ciencia (SBTi, por sus siglas en inglés). Esta iniciativa evalúa los objetivos de reducción de emisiones contra los objetivos sectoriales requeridos para alcanzar el cero neto, trabajando sector por sector. A la fecha, queda mucho por hacer, debido a que muchas empresas aún no han hecho sus reportes (véase la Figura 4).

No obstante, los objetivos SBTi ofrecen un indicio útil y transparente sobre la postura de las empresas respecto a su transición baja en carbono. Por ejemplo, en el sector energético, estar alineado con 1.5 °C significa llegar a cero emisiones de carbono en 2040. 

Tercero, las herramientas correctas. Debe entenderse en términos amplios: tanto respecto a los productos de inversión como a datos extra financieros. En cuanto a los productos es importante que los administradores de patrimonios empiecen a lanzar soluciones de transición justas, por ejemplo, en el tema de créditos a través de compañías calificadoras con base en un puntaje de transición justa. Respecto a este último factor hay tendencias emocionantes en el área de datos climáticos. Por ejemplo, algunos proveedores de datos ASG ahora calculan puntajes de temperatura, una nueva métrica que evalúa la trayectoria de una compañía hacia el cero neto. Es importante que los administradores de activos integren esta métrica vanguardista en nuestros procesos de inversión.