Permitir que Hacienda desconecte sitios web creará un “queso gruyere” contra la libertad de expresión: Edison Lanza

La desconexión de internet sólo debe aplicar en “casos realmente muy extremos, como cuando un sitio promueve el terrorismo, incita a la violencia o la pornografía infantil”, dijo Edison Lanza, relator especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), preocupado por la propuesta del Gobierno de México de bloquear sitios o aplicaciones digitales que incumplan con la regulación fiscal a partir de 2020.

“Si todas las agencias estatales comienzan a tener autoridad para en definitiva, por cualquier tipo de razón, bajar páginas así nada más, bueno pues internet se puede volver un queso gruyere y aparte se puede afectar su forma de funcionamiento”, advirtió Lanza en entrevista con El Economista. “Toda medida que puede afectar la libertad de comunicación, de información, tiene que estar pautada por la intervención de un organismo autónomo e independiente del poder económico, del poder político, del poder fiscal, con la posibilidad de un debido proceso”.

Las empresas de la economía digital, dijo Lanza, “tienen que tener compromisos con los efectos que tienen en cada jurisdicción” y los gobiernos tienen la soberanía para imponer regímenes fiscales y regulaciones al comercio electrónico. Pero eso, dijo, hay que buscarlo sin distorsionar “el funcionamiento de la red con medidas que pueden ser desproporcionadas”.

Lanza sugirió adoptar otros mecanismos para que el fisco pueda cumplir con el objetivo legítimo del Estado de recaudar más impuestos y que puedan “afectar menos la libertad de expresión o la libertad de comunicación”.

Apagón digital

El Congreso de la Unión discute una propuesta de la Secretaría de Hacienda para “que se bloquee temporalmente el acceso al servicio digital" de los operadores de la economía digital residentes en el extranjero que incumplan con las leyes fiscales nacionales "hasta el momento en que dicho residente cumpla con las obligaciones omitidas” (artículo 18-H de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, IVA). De ser aprobada, la sanción entraría en vigor en 2020.

La medida es parte de un paquete de reformas para gravar a los operadores de la economía digital radicados en el extranjero y que tienen operaciones en México, como los proveedores de servicios de video y audio en streaming (Netflix, Amazon Prime, Spotify, Apple Music), de videojuegos (Xbox Live, PlayStation Network), de información sobre el tráfico vial o pronósticos meteorológicos, o los intermediarios en servicios de transporte privado (Uber, DiDi), de entregas de comida a domicilio (Rappi, Cornershop) o de hospedaje (Airbnb).

El bloqueo de internet que propone Hacienda, también llamado apagón digital, ha sido criticado por organizaciones no gubernamentales y empresas como Google en México, que consideran la sanción como una medida desproporcionada y que atenta contra la libertad de expresión.

La neutralidad de internet, dijo Lanza, “tiene que ver con que obviamente no se apliquen mecanismos de censura, de bloqueos o de supresión de aplicaciones si no es bajo los estándares de que estamos ante un discurso que es ilegítimo —a partir de la aplicación del debido proceso— y de que efectivamente se trata de una medida necesaria y proporcional”.

El incumplimiento fiscal claramente está fuera del catálogo de “casos realmente muy extremos” previsto por el sistema interamericano de derechos humanos, del que México forma parte a través de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como el Pacto de San José.

Edison Lanza es desde 2014 el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) responsable de realizar actividades para la protección y promoción del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. La relatoría fue creada en 1998 por consenso de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

La propuesta de la Secretaría de Hacienda se discute en la Cámara de Diputados como parte de la llamada Miscelánea Fiscal 2020, que entrará en vigor el próximo año y con la que el Gobierno de México espera recaudar por lo menos 4,394 millones de pesos de los operadores de la economía digital. De aprobarse en la Cámara baja, la propuesta irá al Senado para su ratificación o rechazo.

De avanzar en ese sentido, el desarrollo de internet puede volverse “más cerrado, menos abierto a la innovación y el intercambio de información”, dijo Lanza.