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Quitar autonomía a reguladores va contra el T-MEC: comisionados

Iniciativa manda una mala señal rumbo a la próxima revisión del acuerdo en el 2026, coinciden. El presidente López Obrador anunció que será este 5 de febrero cuando presente su iniciativa para desaparecer órganos autónomos.

La eventual desaparición o degradación de las agencias mexicanas regulatorias en los ámbitos de competencia y telecomunicaciones es incompatible con los compromisos del país bajo el T-MEC, alertaron comisionados de dichos organismos.

La semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que su gobierno prepara una iniciativa de reforma constitucional para desaparecer órganos autónomos, entre los que se cuentan la Comisión Federal de Competencia (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Y agregó que las funciones que actualmente tienen estos organismos serían sectorizadas en instancias de la administración pública centralizada, dependientes del poder Ejecutivo.

Una reforma de esta naturaleza con toda probabilidad pondría en riesgo el cumplimiento efectivo de todos los principios, de todos los valores y todos los entendimientos que están plasmados en el capítulo de competencia del T-MEC”, dijo Alejandro Faya, comisionado de la Cofece.

Para el funcionario, si bien el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) no establece un blindaje explícito para la autonomía de la Cofece, sí contempla disciplinas y condiciones técnicas que sería difícil cumplir bajo otro arreglo institucional.

“Existe un claro entendimiento entre los socios del T-MEC de que la mejor manera de desarrollar y aplicar eficazmente la política de competencia es a través de autoridades nacionales”, agregó, tras ser consultado luego de su participación en la reunión trilateral “Tendencias regionales de la política de competencia: México-Estados Unidos-Canadá”, celebrada en la sede de la Cofece, en la ciudad de México.

Y recordó que el T-MEC establece un compromiso de los firmantes de aplicar una política de competencia que se conduzca bajo parámetros de transparencia, debido proceso y trato nacional a todos los inversionistas, lo cual se garantiza con la autonomía del ente antimonopolios.

Una reforma como la propuesta por el Ejecutivo manda, además, una mala señal rumbo a la próxima revisión del T-MEC, que está programada para el 2026. “La señal que esto manda precariza las condiciones de discusión. Esto pude mandar una señal que puede afectar los trabajos”.

Consultado por separado, Javier Juárez Mojica, comisionado presidente por suplencia del IFT, coincidió en que la autonomía es el arreglo institucional más adecuado para la regulación.

Y aunque pidió esperar para conocer a detalle el contenido de la eventual iniciativa del Ejecutivo, refirió que “la autonomía constitucional es un diseño jurídico que lo que busca es que se tomen decisiones al margen de cualquier coyuntura política basados en criterios estrictamente técnicos y jurídicos”.

Y subrayó que, a diferencia de lo que sucede con la Cofece (que no tiene un blindaje explícito), el T-MEC sí establece en su apartado de telecomunicaciones el compromiso de los países socios de tener un ente regulador con las características que actualmente tiene el IFT.

Finalmente, ponderó los beneficios que hasta la fecha ha dado la actuación de la agencia regulatoria y, por citar solo uno, recordó que en la década de operación que lleva el IFT, los precios de los servicios de telecomunicaciones han bajado 30%, mientras que la inflación general ha sido de más de 60 por ciento.

“Esto ha sido posible gracias a las mayores opciones con las que cuentan ahora los consumidores”, refirió.

octavio.amador@eleconomista.mx

Editor de Empresas y Negocios en El Economista

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