Reforma eléctrica bloquearía arbitrariamente a inversionistas: Kevin Brady

Previo a la reunión de hoy de los subsecretarios de Comercio de los socios del tratado, representantes y senadores pidieron a la representación comercial de EU poner de manifiesto las afectaciones a las empresas estadounidenses por la nueva política mexicana

De aprobarse la iniciativa de reforma eléctrica en México, ésta bloquearía arbitrariamente a inversionistas estadounidenses, lo que va en contra del espíritu del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) alertó Kevin Brady, líder republicano del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

El 30 de septiembre de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados de México un Proyecto de Ley para reformar diversas disposiciones de la Constitución Mexicana.

“Si se promulgan, estas enmiendas prohibirán a la CFE contratar a inversionistas privados para suministrar electricidad en México y revocar los permisos de generación de electricidad existentes y pendientes”, dijo Brady, en una carta dirigida a Katherine Tai, titular de la representación comercial de la Casa Blanca (USTR, por su sigla en inglés).

Esta misiva se dirigió previamente a la reunión que sostendrán los Subsecretarios de Comercio de México, Estados Unidos y Canadá.

“También facultarán a discriminar a los inversionistas del sector privado al limitar o bloquear arbitrariamente su participación en el mercado eléctrico mexicano y en la extracción de litio y otros minerales estratégicos”, añadió Brady. Según él, estas enmiendas retrasarían la transformación del mercado eléctrico de México en un “sistema confiable, financieramente sólido y bajo en carbono”.

Por otro lado, en mayo de 2021, el Congreso de México modificó la Ley de Hidrocarburos a fin de otorgar facultades discrecionales al gobierno para suspender o revocar permisos en toda la cadena de valor de los combustibles.

La nueva ley facultaría al gobierno mexicano para expropiar instalaciones privadas y entregar sus operaciones a Pemex.

Si bien los tribunales mexicanos han suspendido la entrada en vigor de esta ley pendiente de impugnación judicial, el gobierno mexicano ha adoptado una serie de acciones administrativas y regulatorias que, según Brady, discriminan a los inversionistas privados en el sector de hidrocarburos.

“Estas acciones preocupantes, incluida la limitación de los lugares desde los cuales las empresas privadas pueden importar o exportar productos energéticos, parecen estar diseñadas para beneficiar a Pemex y CFE, al tiempo que dificultan que las empresas privadas estadounidenses y otras operen en México”, dijo.

En otra cuestión, el 26 de diciembre de 2020, la Secretaría de Energía de México eliminó los permisos de importación y exportación de hidrocarburos de 20 años y los reemplazó por permisos de 1 a 5 años. También aumentó la gama de productos que requieren dichos permisos.

“Además de obstaculizar gravemente los esfuerzos de las empresas estadounidenses para establecer y expandir redes minoristas en México, esta medida afecta la capacidad de los productores estadounidenses para importar combustibles de refinerías estadounidenses, que están sujetas a normas de seguridad y emisiones más estrictas”, planteó. 

Senadores se pronuncian

Por su parte, en otra misiva a Tai, Ron Wyden, presidente del Comité de Finanzas del Senado de Estados Unidos, y el senador Mike Crapo expusieron que México suspendió permisos de importación a más de 80 empresas energéticas para favorecer a Pemex y CFE.

Wyden y Crapo afirmaron que México ha cancelado los permisos para las instalaciones de importación de energía, lo que pone en riesgo la inversión estadounidense; y está avanzando en un proyecto de reforma constitucional que disolvería el mercado eléctrico mexicano, eliminaría a los reguladores independientes y cancelaría contratos y permisos de empresas privadas.

“Las acciones de México privan a las empresas privadas de energía, incluidas las empresas de energía renovable, del acceso al mercado, el trato no discriminatorio y la igualdad de condiciones en el sector energético de México”.

roberto.morales@eleconomista.mx

kg