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VU Manufacturing cierra y elude cumplir con derechos sindicales
Luego de dos denuncias ante la instancia de defensa laboral del T-MEC, la empresa autopartista instalada en Coahuila comenzó su disolución y procedió al despido de sus más de 400 trabajadores, antes que cumplir con el esquema de remediación.
La empresa de autopartes VU Manufacturing, instalada en Piedras Negras, Coahuila; tomó la decisión de “cerrar sus operaciones” en el país antes que cumplir con las acciones a que obliga el Plan de Remediación acordado por los gobiernos de México y Estados Unidos para dar cumplimiento a los derechos de democracia sindical tal y como lo marca el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC).
Lo anterior pone en duda la efectividad del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida, pues esta empresa fue denunciada en dos ocasiones ante el gobierno de Estados Unidos, y a pesar de que se comprometió a cumplir y respetar la libre asociación de los trabajadores, de manera unilateral fue despidiendo a los trabajadores, incluso a su director, comentó en entrevista Pablo Franco, representante de ILAW Network en México, una organización de membresía para abogados y abogadas de derechos sindicales y laborales.
Explicó que el impacto que esta determinación puede representar, es que “aquellas empresas que no estén de acuerdo (con las obligaciones mexicanas ante el T-MEC en materia de libertad sindical)” puedan seguir el mismo camino y pasar por alto las acciones que garantizan el derecho a la libre asociación y contratación colectiva.
“Demuestra lo vulnerable que siguen siendo los derechos de los trabajadores, a pesar de la reforma laboral, ante gobiernos estatales que siguen ofreciendo a su población como mano de obra barata”, dijo Franco.
VU Manufacturing fue denunciada por los trabajadores de la Liga Sindical Mexicana por primera vez el 21 de julio de 2022 y la segunda ocasión el 30 de enero de este año, acusándola de coartar los derechos de sus trabajadores a la libre sindicación.
Al respecto, Alfonso Bouzas, coordinador del Observatorio Laboral, comentó que desde ahora los socios comerciales de México, Estados Unidos y Canadá, podrán tomar acciones concretas. “Estamos ante nuevos escenarios, pero seguramente en la práctica tomarán medidas para contrarrestar este tipo de acciones que vienen de las empresas, y quedarán (plasmados) en los acuerdos a los que se lleguen en el plan de reparación a fin de poner en práctica estos nuevos escenarios, que incluso, llevarán a una mejor comprensión cuando se tenga que hacer una nueva revisión del T-MEC”.
De acuerdo con indagaciones de los trabajadores, la empresa VU Manufacturing operaba, en realidad, como una empresa “fantasma”, pues, afirman, se descubrió que el terreno de sus instalaciones y la maquinaria pertenecían a sus clientes, “una nueva modalidad de terciarización y esto sólo es posible con la complicidad del gobierno del Estado con compañías de prácticas fraudulentas”.
Proponen más instrumentos legales para el CFCRL
En ese sentido, Franco destacó que:
es necesario dotar de instrumentos legales expresos y contundentes al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) para sancionar conductas que violan derechos fundamentales. En lugar de ofrecer alfombra roja a las inversiones debe garantizarse que toda inversión que se instale nuestro país asuma un compromiso de neutralidad en materia de libertad sindical”.
La plantilla laboral de la empresa sumaba más de 400 trabajadores, y el Plan de Remediación, que le permitiría solventar las acusaciones y evitar la imposición de sanciones económicas (como aranceles a sus exportaciones), concluye en septiembre de este año; fecha en la que se deberá notificar el cumplimiento.
Para evitar estas situaciones, “es indispensable que los patrones asuman un compromiso de negociar colectivamente de buena fe y sobre todo demostrar que es solvente y que está en condiciones de responder con su patrimonio ante un posible pasivo laborales”, argumentó Franco.
Para Bouzas, México enfrenta un nuevo escenario en donde no se trata de los actores históricos -sindicato y empresa-, sino que ahora está también gobierno de Estados Unidos y los sindicatos estadounidenses; “todo ello viene a complejizar el panorama, y viene a evidenciarse que las acusaciones, las imputaciones que se hacían respecto de que no se respetaba la ley, de que no se respetaban los derechos laborales, de que en México la violación de trabajo es una realidad”.
Bouzas destacó que “la normatividad está bien. El problema es la conducta de los actores; se tiene que modificar todo aquello que tienen que ver con autorizaciones. Tiene que ser más exigente que los gobiernos, tienen que vigilar con mayor cuidado la conducta de las empresas desde el día en que se instalan para evitar desenlaces como este”, apuntó.
