Dependencia federal, burocracia y deuda merman finanzas locales

La dependencia de recursos federales, la preferencia por refinanciamiento antes que inversión pública productiva y los altos niveles de gasto burocrático son los principales factores que merman las finanzas estatales y municipales.

Estados y municipios están en contra del recorte en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2019 al Ramo 23: Provisiones Salariales y Económicas, por 43,467 millones de pesos, con respecto al monto aprobado en este año.

¿El motivo? Este ramo es considerado como la caja negra del presupuesto debido a que algunos de sus fondos carecían de reglas de operación, por lo que “bajar” recursos del Poder Legislativo se le facilitaba a los gobiernos subnacionales. Además, las transferencias del apartado de Provisiones Salariales y Económicas representan, en promedio, menos de una décima parte de los ingresos totales de las entidades.

Es importante mencionar que el dinero proveniente del Ramo 23 se utilizaba en algunos casos para proyectos de infraestructura o cubrir un déficit financiero, pero en otros se desconocía el destino, era una bolsa discrecional.

Asimismo, al final de cada ejercicio fiscal las cifras no coincidían. En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2017 se asignaron 131,866 millones de pesos para el Ramo 23, mientras las estadísticas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) revelan que se ejecutaron 131,821 millones. Transparencia Presupuestaria registra que el año pasado los recursos modificados fueron por 387,500 millones de pesos, un monto superior en más de 190% en ambos datos.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 este ramo contaba con 30 fondos, mientras en el PPEF 2019 se propone la desaparición de 14 por un monto de 34,195 millones de pesos, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

De estos fondos destacan Proyectos de Desarrollo Regional (17,853 millones de pesos en el PEF 2018), Programas Regionales (2,858 millones) y Fondo para el Fortalecimiento Financiero (2,538 millones).

A pesar del recorte al Ramo 23, para el próximo año se prevé un aumento de 39,200 millones de pesos en las transferencias federales a estados y municipios, en comparación con el PEF 2018, es decir, dicha disminución no afecta, en teoría, a las finanzas locales.

Del total de recursos para los gobiernos subnacionales, 48.2% corresponde a participaciones, 41.5%, a aportaciones y el restante 10.3% a otros conceptos en los que se encuentran las asignaciones para convenios de coordinación, subsidios y otros gastos (incluye Ramo 23).

Tanto participaciones como aportaciones exhiben crecimiento en el PPEF 2019. El primer rubro es del gasto no programable —ejercicio libre—, pero la mayoría de las administraciones estatales y municipales ocupan estos recursos como garantía de pago para algún financiamiento, mientras el segundo es del gasto programable, lo cual significa que este dinero ya tiene un destino que en este caso es para combatir rezagos en infraestructura, educación, seguridad, salud y financieros.

Falta mayor recaudación

Uno de los factores que obstaculizan las finanzas sanas de estados y municipios es la dependencia a la Federación, problema que se solucionaría si se implementaran estrategias para aumentar el nivel de recaudación.

Durante el 2017, con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la capital del país fue la entidad que ostentó el porcentaje más alto de ingresos propios sobre totales; le siguió el Estado de México con un coeficiente de 27.7 por ciento. Las entidades restantes se ubicaron por debajo de 20.0%, mostrando la necesidad que tienen por los recursos federales.

A esto se suma el destino del gasto. En relación con la cantidad de dinero que se destina al pago de la deuda (capital e intereses), las 32 entidades suman 8.0% de los egresos totales. En Quintana Roo, Nuevo León, Veracruz y Zacatecas el porcentaje superó el umbral de 20 por ciento.

Preferencias

También los gobiernos locales han preferido apostar por refinanciamiento antes que por inversión pública productiva. Si bien este proceso alivia deuda heredada de administraciones anteriores, brindando mejores condiciones de mercado, la inversión es un detonante de la actividad económica que generará ingresos.

Entre enero y el 15 de diciembre del 2018, los financiamientos y obligaciones inscritos en el Registro Público Único ascendieron a 246,706 millones de pesos, el mayor monto registrado en la SHCP; de esta cifra, 62.3% tuvo como destino el refinanciamiento, es decir, por cada 10 pesos de deuda de los estados, más de 6 pesos se dirigieron a este rubro.

Otro inconveniente de las entidades es el gasto administrativo, cuyo incremento reduce el gasto de capital.

Según información del Instituto Mexicano para la Competitividad, el gasto burocrático de las entidades federativas, que suma servicios personales, materiales y suministros y servicios generales, significó 30.8% del gasto total devengado durante el año pasado.

En resumen, el recorte al Ramo 23 que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador no es el problema, sino cómo realizan la planeación financiera los estados y municipios.