Desechan amparo contra intención presidencial de convertir Calica en reserva natural

Cancún, QRoo.- El Juzgado Octavo de Distrito con sede en Cancún desechó un amparo con el que Calica pretendía detener la declaratoria de Área Natural Protegida (ANP) de sus terrenos ubicados en Punta Venado, Playa del Carmen.

La trasnacional demandó por la vía constitucional al presidente Andrés Manuel López Obrador, luego que en octubre pasado hizo pública su intención de convertir los terrenos de Calica en un área natural protegida.

Hasta ahora el decreto no se ha publicado; sin embargo, el próximo viernes 8 de diciembre se termina el plazo para participar en la consulta del estudio técnico justificativo para crear esta nueva ANP que llevará por nombre Leona Vicario y que abarca las 2,400 hectáreas que posee Calica, filial de Vulcan Materials en Playa del Carmen.

Una vez se concluya este procedimiento, el poder ejecutivo tendrá vía libre para expedir una expropiación, y finalmente declaratoria de ANP antes de concluir el sexenio de López Obrador.

Según el anuncio hecho por el gobierno federal el pasado 9 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación, la nueva reserva natural en Calica tendrá estatus de zona protección de flora y fauna y llevará el nombre de Leona Vicario.

Abarcará una superficie de 2,387 hectáreas en los municipios de Solidaridad y Cozumel, que incluyen la mina a cielo abierto y el muelle de Punta Venado, ambos propiedad de Vulcan MAterials.

El objetivo anunciado por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador es que antes de que concluya su mandato quede lista la declaratoria de área natural protegida para evitar que se siga extrayendo piedra caliza y esta se exporte a Estados Unidos, “a costa de la destrucción del territorio nacional”.

Sin embargo, la tierra sigue siendo privada. Hasta el momento sólo ha habido anuncios desde la conferencia mañanera del presidente López Obrador mediante los cuales el mandatario ha dicho: “Les estamos haciendo una propuesta, ya mandamos a hacer un avalúo, tienen 2,400 hectáreas, ya va en camino la carta que le envío al embajador Esteban Moctezuma, para que formalmente se les haga la propuesta de que se les compra todo por 6,500 millones de pesos”.

En respuesta, la empresa ha solicitado expresamente la intervención del gobierno estadounidense y del propio embajador Ken Salazar, argumentando que:

“Aunque nos hemos enterado a través de la prensa que el presidente pretende adquirir nuestra propiedad por $6,500 millones de pesos- actualmente, aproximadamente USD $360 millones de dólares- sólo hemos recibido de su gobierno un inadecuado ejercicio de avalúo con respecto a nuestro terreno por esa cantidad realizado por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Públicos (Indaabin), que es una agencia gubernamental no independiente.

“Ese importe representa una pequeña fracción del valor justo de mercado de nuestras inversiones. Además, las tasaciones del Indaabin no tienen en cuenta el valor de nuestro negocio en su conjunto, ni el valor de las reservas de piedra caliza que poseemos, como se ha demostrado en el arbitraje de inversiones en curso en el marco del TLCAN”.