IP y municipios mexiquenses inician trabajos para recuperación económica

El presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (Concaem), Gilberto Sauza Martínez, dio a conocer que ya comenzaron los trabajos de coordinación con las nuevas administraciones municipales para que se puedan generar criterios que permitan el proceso de recuperación y el desarrollo económico.

En sintonía, el líder empresarial local aseguró que están trabajando también con las autoridades estatales para que desde los dos ámbitos de gobierno se pueda promover el empleo y mejorar las condiciones de vida de la población.

Ahondó que dentro de estos trabajos están planteando que es necesario impulsar una regulación administrativa más eficiente y así agilizar el proceso de apertura de empresas

“Generar mejores condiciones para la llegada de inversiones y promover un criterio de confianza para el establecimiento de nuevas unidades económicas de manera acelerada, permitirá fortalecer la creación de empleos y mejores remuneraciones”, ahondó.

Sauza Martínez refirió que es indispensable que se tomen medidas en torno al Dictamen de Giro, la digitalización de procesos y trámites, así como concluir el proceso de instalación de los Comités Municipales Anticorrupción.

“Lo que pedimos no es un cheque en blanco, sino un voto de confianza, que las empresas de bajo impacto puedan abrir prácticamente de forma inmediata y que después se hagan revisiones aleatorias para verificar su operación. En caso de no cumplir, la sanción debe ser ejemplar, pero el proceso debe dejar de ser complicado, porque limita las nuevas inversiones”, agregó.

Sauza Martínez recalcó que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas del 2020, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 28.2% de las empresas en el país señalan que el marco regulatorio ha constituido un obstáculo para hacer negocios, porque la tramitología y la pérdida de tiempo afectan el inicio de sus operaciones.

El estudio del Inegi indica que las pequeñas iniciativas de negocio son las más afectadas al representar el 74.8% de los casos, también consideran que no pueden concretar la instalación por temas vinculados con la realización de trámites y procedimientos administrativos.

“Los datos de la referida encuesta indican que más de 200,000 unidades económicas fueron víctimas de corrupción, lo que representó un costo estimado de 887 millones de pesos, equivalentes a 1% del PIB del país”, comentó Sauza.