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La informalidad crece en estados petroleros

La entidades con mayor peso de este sector en su PIB son Campeche (68.3%), Tabasco (40.6%), Veracruz (3.3%), Chiapas (2.6%) y Tamaulipas (2.5%).

Foto: AFP

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En el país, la informalidad disminuyó, aunque un grupo de 15 entidades federativas trazó una dinámica contraria, siendo los principales territorios petroleros los más afectados.

Al cierre de septiembre de este 2017, en México el coeficiente que corresponde a este mercado fue de 57.19% de la población ocupada, frente a 57.37% un año antes, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Tabasco quedó en primer lugar nacional como el estado con el mayor avance anual de la tasa de informalidad laboral 1 (TIL1) en el periodo de análisis (de 64.02 a 69.22%); completaron el podio Durango y Querétaro.

Mientras Campeche, en cuarta posición, pasó de 61.51 a 64.07%; después de esta entidad siguieron Baja California Sur, Guerrero, Nuevo León, y Nayarit. Por su parte, Chiapas presentó un incremento de 0.49 puntos porcentuales (de 79.91 a 80.40 por ciento).

En la lista siguen Hidalgo, Sonora, Yucatán, Baja California, Puebla y Veracruz (de 69.83 a 69.89%); Tamaulipas fue el único estado petrolero donde descendió la TIL1, de 48.23% de sus ocupados en el noveno mes del 2016 a 46.98% en igual lapso de este año.

La entidades con mayor peso de la minería petrolera en su Producto Interno Bruto (PIB), es decir, con alta dependencia al comportamiento de este sector son Campeche (68.3%), Tabasco (40.6%), Veracruz (3.3%), Chiapas (2.6%) y Tamaulipas (2.5 por ciento).

Estos territorios aún resienten el desasosiego de dicho ramo económico. La merma petrolera comenzó su dibujo a partir de junio del 2014, con el inicio de la tendencia descendente del precio del crudo.

A septiembre del 2017, considerando el punto más alto del sexto mes del 2014, las caídas son las siguientes: WTI, con 51.8%; Brent, con 50.0%, y la mezcla mexicana, con 52.1%, cuyas cotizaciones rondan, por barril, entre 49 y 57 dólares.

La producción de petróleo crudo en México, en el mismo periodo, se contrajo 29.0%, cuya región con la disminución más pronunciada fue la del sur, con 45.4%; le siguieron el norte (26.9%) y marinas (24.9 por ciento).

Es importante aclarar que en junio de 1995 se modifica el nombre de Sonda de Campeche por el de regiones marinas y, además, Petróleos Mexicanos deja de reportar cifras para la región mesozoico, Chiapas-Tabasco y otras zonas, sustituyéndolas por las regiones norte y sur.

Como línea de consecuencias en las entidades petroleras, esta dinámica golpeó a la producción del sector, inversiones, empleo, consumo interno, particularmente, para finalmente traer como resultado reducciones en la actividad económica, que del 2016 a la primera mitad del 2017, quedo así: Tabasco, tasa anual desestacionalizada promedio de 7.5%; Campeche, de 6.2%; Chiapas, de 1.7%, y Tamaulipas, de 0.3 por ciento.

Solamente la economía de Veracruz registró un crecimiento de 0.8%; lo anterior se resume en que entre mayor dependencia petrolera, más rezago económico.

Presión financiera

La informalidad únicamente es uno de los problemas de los territorios petroleros. El reporte “Estados productores de petróleo experimentan efectos tardíos ante la caída de precios”, de Moody’s, indica que para el periodo 2018-2019, estas entidades seguirán presentado presión financiera, que conducirá a que opten por recortes del gasto de capital, a que se debilite su liquidez y, posiblemente, a que incrementen su deuda.

“Casi tres años después del colapso de los precios del petróleo, algunos estados mexicanos productores de petróleo han comenzado a experimentar una disminución en los ingresos relacionados con el sector. El impacto tardío en los ingresos de estas entidades se explica por la fórmula de distribución de las participaciones —transferencias federales no etiquetadas que representan en promedio 35% de los ingresos totales de los estados—”, destaca la calificadora.

La contracción de la actividad económica en las entidades petroleros disminuye su participación en las transferencias federales no etiquetadas, las cuales exhibieron un descenso de su contribución (coeficiente de distribución) respecto del total de las participaciones en el 2017.

“En la fórmula de distribución de las participaciones, el crecimiento del PIB estatal tiene una ponderación de 60% y la desaceleración de las economías de estos estados es el factor principal que explica sus menores coeficientes relativos”, explica Moody’s.

rodrigo.rosales@eleconomista.mx

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