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Nueva Ley de Educación en Nuevo León no incluye impacto presupuestal: secretario de Finanzas
La diputada local, Guadalupe Rodríguez, expuso que destinar 8% del PIB al sector educativo debe considerarse como una inversión social redituable.
Foto EE: Archivo
Monterrey, NL. La aprobación de la nueva Ley de Educación del Estado de Nuevo León, que se homologó con la Ley General de Educación del 30 de septiembre del 2019, podría ser devuelta al Congreso local por el gobierno estatal debido a que no incluye un impacto presupuestal, declaró a la prensa el secretario de Finanzas y tesorero general del estado, Carlos Garza Ibarra.
En este sentido, Jorge Moreno Treviño, profesor-investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), comentó a El Economista que esta ley tiene “la intención de garantizar la educación básica y superior gratuita, pero también representa una nueva planeación del presupuesto educativo y una mayor carga en materia de presupuesto para el gobierno entrante”.
La actual administración, expuso, está enfrentando retos importantes en el gasto público ante la necesidad de rehabilitar los hospitales, así como nuevos compromisos en la previsión de medidas sanitarias para garantizar la seguridad de estudiantes y maestros debido a la pandemia de Covid-19.
Con la nueva ley será necesario generar una logística totalmente distinta a la que prevalecía en las escuelas antes de la contingencia sanitaria, lo que genera presiones muy importantes en muy corto plazo, ya que obliga a la administración a rehabilitar las escuelas y a estar preparadas para nuevos requerimientos: rotación de estudiantes, tamaño de grupos, protocolos de sanidad, precisó Moreno Treviño.
Cabe mencionar que el gasto en Educación en el 2015 representó 38% del presupuesto estatal por 86,631 millones de pesos, mientras que para el ejercicio del 2021 bajó a 35% de 107,167 millones, según datos de la Secretaría de Finanzas de la entidad.
Por su parte, la diputada local, María Guadalupe Rodríguez Martínez, comentó a El Economista que cuando se hizo la reforma al artículo 3 de la Constitución se estableció que se iban a presupuestar de manera progresiva los gastos para la educación inicial y superior como política educativa del estado.
El artículo 3 de la Constitución Política indica: “toda persona tiene derecho a la educación. El Estado-Federación, estados, Ciudad de México y municipios impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior”.
Sociedad inclusiva
Rodríguez Martínez aseguró que la educación es un eje de transformación social, “la mejor inversión es el gasto en educación desde el nivel inicial porque es el comienzo de la vida, hasta el nivel superior, y no es una carga porque es una oportunidad para potenciar el crecimiento y el desarrollo de los niños y jóvenes”.
La ley que se aprobó en el estado, dijo la legisladora, busca eliminar las diferencias y dar oportunidades de desarrollo, aprendizaje para fincar una sociedad inclusiva donde todos tengan los mismos derechos, que se priorice el interés de la infancia con una visión humanista y también obliga a que sea laica y gratuita.
Puntualizó que con el fin de que se incrementen los niveles educativos, no debe asustar que se tiene que invertir 8% del Producto Interno Bruto (PIB) en educación, sin embargo, el gasto público en educación está cerca de 5%, por lo que se debe considerar como una inversión social redituable.
