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Sistema de coordinación fiscal no está agotado: SHCP

El marco normativo establece las bases para distribuir los recursos a estados y municipios, ofrece colaboración administrativa entre gobiernos federal y subnacional, e instituye derechos.

En medio del debate de si se debe cambiar o no la Ley de Coordinación Fiscal para reducir los porcentajes de recursos que entregan los estados y municipios a la Federación, Fernando Arechederra Mustre, jefe de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), consideró que se debe tener una visión más integral de este sistema y no enfocarlo sólo a un fondo.

“No creo que nuestro sistema de coordinación fiscal esté agotado; sin duda una norma es perfectible, es progresiva y hay que irla discutiendo, pero viéndola en el amplio espectro, no sólo enfocándonos en una pequeña parte, sino de manera integral”, dijo en entrevista con El Economista desde su oficina en Palacio Nacional.

Lo anterior lo comentó en referencia a que algunos gobernadores locales han mostrado su inconformidad respecto de la fórmula de distribución 80/20, es decir, 80% de los ingresos que generan a través del cobro de impuestos se lo entregan a la Federación y sólo les devuelven 20 por ciento.

A su parecer, el 80/20 se ha vuelto una especie de mito, pues dicho porcentaje sólo representa a uno de los 13 fondos que conforman el Ramo 28 de Participaciones.

“El Ramo 28 se divide en tres partes: por un lado, tienes los cuatro fondos referenciados, donde se encuentra el Fondo General de Participaciones, el más importante y de donde nace el mito 80/20. Después, están nueve fondos, que se dividen en dos formas: los fondos que permiten tener mayores recursos a las entidades y que también son de libre disposición y los fondos referentes a incentivos fiscales”, refirió.

Detalló que el Fondo General de Participaciones se conforma de 20% de la Recaudación Federal Participable, y se distribuye entre las 32 entidades federativas mediante la fórmula establecida en el artículo 2o de la Ley de Coordinación Fiscal, atendiendo a criterios de contribución económica y recaudatorios, ponderados por población.

“En este fondo nace el famoso 80/20, pero sólo estamos hablando de un fondo de 13 que tiene el Ramo 28. Si consideramos a los demás fondos, de lo que realmente estamos hablando es de un 70/30 (...) Si consideráramos los otros ramos como el 33 y 23, estamos hablando de un 50/50, por eso el 80/20 es relativamente un mito”, expresó.

Insistió en que la Ley de Coordinación Fiscal que se creó en 1980 contiene tres aspectos relevantes. Primero, permite una coordinación fiscal, es decir, establece las bases para distribuir los recursos, dada la cesión de potestades.

Segundo, se da la colaboración administrativa en materia fiscal federal, donde los estados y el gobierno federal establecen una coordinación para que se recauden ingresos, se dé seguimiento de los mismos y los estados sean partícipes o beneficiarios de los fondos federales.

Tercero, se da una coordinación de derechos, la cual pone un límite a ciertos cobros. “Antes de 1980, había múltiples contribuciones que volvían muy complicado el desarrollo económico a nivel municipal y restaba competitividad entre estados”.

Para el jefe de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP, es necesario acabar con la idea de que los estados solamente están “estirando la mano para vivir de la Federación”.

“Queremos romper con esa idea de que la distribución de los recursos es un juego de suma cero (...) No hay una dependencia, es lo que por norma y ley tienen derecho a recibir, no es que estiren la mano, les corresponde estos recursos en función de un marco normativo”, aseveró.

Se fortalecerán haciendas locales

Bajo este marco normativo y conociendo las circunstancias en las que se encuentra cada entidad y municipio, Arechederra Mustre consideró que se pueden fortalecer las finanzas públicas locales.

“Hay áreas de oportunidad que debemos abordar y fortalecer, en el caso municipal me refiero al tema del Predial y la tarifa de agua, que en algunos lados son municipales y en otros estatales. Todo esto considerando la heterogeneidad que hay a nivel estatal y municipal”, aclaró.

Reconoció que no todos los municipios tienen el mismo desarrollo de capacidades institucionales, “es de ahí donde tenemos que focalizarnos, es decir, fortalecer sus finanzas públicas dadas sus capacidades institucionales”.

Otro aspecto en que se enfocará la unidad que representa en la SHCP y con la cual busca tener una relación más cercana con los gobiernos locales y municipales es la infraestructura tanto básica como de mayor desarrollo.

“Lo que tenemos que fortalecer con las entidades es cómo mejoramos sus condiciones, entendiendo las diferencias que existen entre ellas, es decir, un esquema de convergencia de espacio y escenario que nos permita como país crecer”, aseguró.

Enfatizó que lo que se busca es empoderar a los municipios “fortaleciendo sus capacidades y que generen recursos y cumplan con los programas de gobierno para los que fueron electos”.

Áreas de oportunidad

Fernando Arechederra agregó que, si bien la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios permite un mayor control de la deuda y disciplina presupuestal, existen áreas de oportunidad en las que se enfocarán para prevenir que un estado se ubique en el color amarillo o rojo del semáforo del Sistema de Alertas, el cual permite conocer el nivel de liquidez que tiene un gobierno subnacional.

“Los que nosotros estamos haciendo es focalizarnos en qué está detrás del Sistema de Alertas para obtener un seguimiento muy puntual, que nos permita identificar de fondo circunstancias o alertas preventivas en cuestiones de liquidez, que es algo en lo que se fijan mucho las calificadoras”, expuso.

Puntualizó que no se debe satanizar el tema de endeudamiento público, pues es una fuente adicional de recursos, “mientras el crecimiento en tu endeudamiento sea menor al crecimiento de tus Ingresos de Libre Disposición no hay ningún problema.

“Es una ley nueva que está madurando y que tiene áreas de oportunidad, pero eso no significa que, dadas las reglas actuales, podamos dar un seguimiento más profundo sobre cómo funcionan las entidades federativas y qué están viviendo”, destacó.

La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios fue creada en el 2016, cuya aplicación comenzó en este ejercicio fiscal con todas sus modificaciones; tiene como objetivo evitar que los niveles de endeudamiento aumenten, frenando las prácticas que los gobiernos locales tenían anteriormente de contratar deuda sin control.

Este marco regulatorio establece el Sistema de Alertas, el cual clasifica el nivel de endeudamiento de la entidad en tres niveles: sostenible (semáforo verde), en observación (amarillo) y elevado (rojo), a través de tres indicadores: largo plazo, costo financiero y corto plazo.

La clasificación determina el techo de financiamiento neto al que podrían acceder los estados: en endeudamiento sostenible, a un adicional máximo equivalente a 15% de sus Ingresos de Libre Disposición; en observación, a 5%, y en elevado, no podrá contratar obligaciones.

¿Qué es la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas?

Es el enlace entre los gobiernos subnacionales y la SHCP. Se conforma de cuatro áreas:

1.- Participaciones. Se realizan los cálculos sobre lo que le corresponde a cada entidad en la distribución de los recursos.

2.- Deuda. Se registra el endeudamiento de todos los entes públicos, entidades y municipios.

3.- Área Jurídica. Se encarga de que se cumpla la Ley de Coordinación Fiscal.

4.- Área de análisis de las haciendas públicas locales. Se evalúa la situación fiscal de los estados y municipios.

estados@eleconomista.mx

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