Inversión pública, en el olvido en la contratación de deuda subnacional

Si bien a partir de la entrada en vigor de la Ley de Disciplina Financiera, en abril del 2016, las finanzas de estados y municipios comenzaron a sanear en términos de endeudamiento, el destino de éste continúa como un desafío. 

Actualmente, los gobiernos estatales, a excepción de Coahuila, ya se encuentran en un nivel de endeudamiento sostenible, sin embargo, el fin de la adquisición de deuda no se dirige a un beneficio social.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en los primeros nueve meses del presente año, el monto de financiamientos y obligaciones inscritos en el Registró Público Único ascendió a 48,095 millones de pesos.

De este monto, 66.2% se destinó a refinanciamiento, que es la contratación de uno o varios financiamientos cuyos recursos se destinen a liquidar total o parcialmente uno o más financiamientos previamente contratados.

Es decir, se adquiere deuda para pagar pasivos antiguos con el objetivo de obtener mejores condiciones de mercado: una tasa de interés más baja, pero en un plazo de pago mayor.

En tanto, 33.2% de las obligaciones financieras contratadas se dirigió a cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal, que significa deuda de corto plazo que debe ser liquidada en máximo 12 meses.

Focos rojos

La preocupación se centra en la inversión pública productiva, pues de los 48,095 millones de pesos, apenas 0.3% se destinó a esta erogación por la cual se genera, directa o indirectamente, un beneficio social. Únicamente los gobiernos municipales contrataron deuda para este fin.

La finalidad de este destino es la construcción, mejoramiento, rehabilitación y/o reposición de bienes de dominio público; la adquisición de bienes asociados al equipamiento de dichos bienes de dominio público, comprendidos de manera limitativa en los conceptos de mobiliario y equipo de administración, mobiliario y equipo educacional, equipo médico e instrumental médico y de laboratorio, equipo de defensa y seguridad, y maquinaria.

Así como la adquisición de bienes para la prestación de un servicio público específico, comprendidos de manera limitativa en los conceptos de vehículos de transporte público, terrenos y edificios no residenciales.

Mayoría

Durante los primeros nueves meses del 2024 se contabilizan 72 adquisiciones de créditos que sumaron 48,095 millones de pesos, monto del cual, 98.7% se refiere a gobiernos estatales.

Por deudor, los mayores montos fueron para los estados de Quintana Roo (19,346 millones de pesos), Oaxaca (12,137 millones), Nuevo León (9,400 millones) y Sinaloa (2,926 millones).

Mientras en el top 10 encontramos sólo a un ayuntamiento, el de Solidaridad en Quintana Roo, por 494 millones de pesos, cuyo destino fue refinanciamiento sin autorización del Cabildo, con una fecha de vencimiento en febrero del 2034.

Quintana Roo, en la cima

En tanto, el financiamiento con el mayor monto de contratación fue también para el gobierno de Quintana Roo, de 5,000 millones de pesos para refinanciamiento y una fecha de vencimiento hasta enero del 2054.

El segundo fue para la administración estatal de Oaxaca, de 4,000 millones de pesos para refinanciamiento que vence en septiembre del 2044; los siguientes en la lista también pertenecen a Quintana Roo, con cifras entre 2,800 y 3,300 millones de pesos, todos con destino a refinanciar su deuda y con fecha de pago en el año 2049.

La obligación contratada más alta para inversión pública productiva la realizó el municipio de Lerdo, en Durango, con 70 millones de pesos. De hecho, los otros tres ayuntamientos de este estado que adquirieron deuda fue para este fin: Canatlán, Guadalupe Victoria y San Dimas.

Los otros municipios que contrataron deuda para inversión pública productiva fueron Matamoros, en Coahuila; Santiago Jocotepec, Santa Catarina Mechoacán y Santa Cruz Acatepec, en Oaxaca; Totutla y Sochiapa, en Veracruz.