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Geopolítica

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La administración de Biden irá a la Corte Suprema para proteger el acceso al aborto con píldora

La medida de la administración del presidente Joe Biden se produjo pocas horas después de que un tribunal federal de apelaciones bloqueó la prohibición de la mifepristona, pero limitó el acceso al fármaco utilizado para más de la mitad de los abortos en Estados Unidos.

Protestas en Estados Unidos por la defensa de los derechos reproductivos. Foto: Reuters.

Protestas en Estados Unidos por la defensa de los derechos reproductivos. Foto: Reuters.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo el jueves que acudirá a la Corte Suprema para impugnar las restricciones impuestas a una píldora abortiva de uso generalizado, en el marco de una batalla cada vez más intensa por los derechos reproductivos en el país.

La medida de la administración del presidente Joe Biden se produjo pocas horas después de que un tribunal federal de apelaciones bloqueó la prohibición de la mifepristona, pero limitó el acceso al fármaco utilizado para más de la mitad de los abortos en Estados Unidos.

Iremos a la Corte Suprema "para proteger el acceso de los estadounidenses a una atención reproductiva segura y eficaz", dijo el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland.

En declaraciones a periodistas durante la visita de Biden a Dublín, Irlanda, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo: "Creemos que la ley está de nuestro lado y venceremos".

El miércoles por la noche, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos, en Nueva Orleans, Luisiana, dijo que la mifepristona debería permanecer disponible, pero con condiciones.

El fallo limita el acceso a la píldora a las primeras siete semanas de embarazo, en lugar de 10; requiere visitas en persona para obtener el fármaco, un requisito que había sido eliminado; y bloquea el envío del medicamento por correo.

El fallo 2-1 se produjo después de que un juez de Texas, designado por el expresidente republicano Donald Trump, anulara el viernes pasado la aprobación de la mifepristona por parte de la agencia estadounidense de medicamentos, FDA, hace dos décadas, suspendiendo así su autorización en todo el país.

Los dos jueces de Nueva Orleans que votaron para endurecer las restricciones de acceso a la píldora abortiva, Kurt Engelhardt y Andrew Oldham, también fueron designados por Trump. La tercera jueza, Catharina Haynes, fue nombrada por el expresidente republicano George W. Bush.

5.6 millones

La mifepristona es uno de los componentes de un régimen de dos fármacos que se puede utilizar en Estados Unidos durante las 10 primeras semanas de embarazo. La FDA estima que 5.6 millones de estadounidenses lo han usado para interrumpir embarazos desde que fue aprobado en 2000.

El fallo de la semana pasada del juez federal de Texas Matthew Kacsmaryk, también designado por Trump, se produjo después de que una coalición de grupos antiaborto presentara una demanda para suspender la distribución nacional de mifepristona.

En su decisión, Kacsmaryk adoptó el lenguaje utilizado por los opositores al aborto, refiriéndose a los proveedores de servicios de aborto como "abortistas" y diciendo que el fármaco se usaba para "matar al ser humano por nacer".

Kacsmaryk dijo que la toma de mifepristona, combinada con otra tableta, había resultado en "miles de eventos adversos sufridos por mujeres y niñas", incluido sangrado intenso y trauma psicológico.

Pero la FDA, científicos y el fabricante del medicamento dicen que décadas de experiencia han demostrado que el fármaco es seguro y efectivo cuando se usa según lo indicado.

Poco después de la decisión de Texas, un juez federal del estado de Washington (oeste), Thomas Rice, designado por el antecesor de Trump, el demócrata Barack Obama, dictaminó en un caso distinto -presentado por varios estados donde el aborto es legal-, que la mifepristona es "segura" y que la FDA debe preservar su acceso en más de una docena de estados.

Las encuestas de opinión pública muestran que una clara mayoría de estadounidenses apoyan el aborto seguro, incluso cuando los grupos conservadores presionan para limitar el acceso al procedimiento, o prohibirlo por completo.

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