Acusan a bancos de colusión en precio de bonos

Una demanda colectiva presentada en Nueva York relativa a operaciones con bonos del gobierno mexicano mencionó a HSBC, Credit Suisse, Barclays y Deutsche Bank como acusados, reportó el lunes IFR.

Dos fondos de pensiones de Estados Unidos, Oklahoma Firefighters Pension and Retirement System y Electrical Workers Pension Fund Local, presentaron el 30 de marzo la demanda, que acusa que los bancos se coludieron para manipular los precios de los bonos emitidos por el gobierno de México.

La querella de los fondos se deriva de la pesquisa que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) anunció en abril del 2017 sobre el asunto.  Los fondos alegan que pagaron de más como resultado del esquema de precios de los bancos.

“Esas acciones alegan en general que los acusados conspiraron para arreglar los precios de los bonos del gobierno mexicano entre enero del 2006 y abril del 2007 en violación de leyes federales antimonopolio”, indicó HSBC en la presentación de sus resultados del primer semestre.

Por su parte, Credit Suisse refirió la semana pasada que había sido mencionado en varias demandas colectivas en Estados Unidos que “acusan una conspiración entre Credit Suisse y otros bancos para manipular el mercado de bonos del gobierno mexicano”, reportó IFR. La acción fue confirmada también por Barclays y Deutsche. Este último señaló que el caso estaba en etapas iniciales.

¿Qué pasó?

En abril del 2017, los intermediarios financieros (bancos, casas de Bolsa y sociedades de inversión) eran investigados por la Cofece por posibles prácticas monopólicas absolutas en el mercado de la intermediación de valores de deuda emitidos principalmente por el gobierno federal, estatal y municipal.

Hace un año la Cofece, a través de la investigación de oficio IO-006-2016, investigaba a los intermediarios financieros con alguna participación en subastas en los últimos 10 años partiendo desde octubre del 2016 (a abril del 2017) para ver si han manipulado el precio de estos valores, las tasas de interés o si han tenido algún tipo de intercambio de información para manipular la demanda sobre estos valores.

Según funcionarios de la Cofece, si al final la investigación determina que hubo colusión para manipular el precio de estos valores o las tasas de interés, implicaría una afectación al erario público. En caso de comprobar estas prácticas, perjudicará al erario público porque el gobierno debe pagar más por la deuda que está contrayendo, que son miles de millones de pesos y que pudo evitar si hubiera más competencia.

Difícil, pensar en manipulación

El sistema de asignaciones de subastas de valores del gobierno que lleva a cabo el Banco de México (Banxico) para otorgar títulos del gobierno federal a los intermediarios financieros, difícilmente se prestaría para prácticas monopólicas, aseguraron analistas de Signum Research.

Explicaron que Banxico realiza las asignaciones de manera transparente entre los participantes del mercado.

Comentaron que la investigación que está haciendo la Cofece sobre las prácticas monopólicas en el mercado de intermediación de valores de deuda emitidos por el gobierno federal difícilmente arrojará un culpable, sobre todo entre los 10 bancos más grandes del sistema bancario.

Los analistas destacaron que la Secretaria de Hacienda y el Banco de México han autorizado a bancos para fomentar la competencia dentro de la asignación de títulos gubernamentales.

El Banxico asigna los títulos gubernamentales al mejor postor, y por su puesto a los intereses del gobierno federal, es decir, los valores del gobierno son asignados a la menor tasa posible, además de ser competitiva en el mercado, destacaron.

Explicaron que cuando Banxico realiza la subasta de valores semanalmente, normalmente las asigna entre los 10 bancos más grandes del sistema bancario, y a eso no se le puede llamar “prácticas monopólicas”.

Tercer periodo

La indagatoria que efectúa la Cofece en el mercado de bonos de deuda del gobierno mexicano se encuentra en el tercer periodo de ampliación que marca la ley. Este lapso inició el pasado 1 de junio, por lo que a la fecha han transcurrido 47 días de los 120 días hábiles que conforman el periodo de investigación ampliado.

El órgano antimonopolios goza, por ley, de 120 días hábiles para investigar, más hasta cuatro ampliaciones, también de 120 días hábiles, de modo que dispone de hasta 600 días hábiles, que se traducen en alrededor de dos años y medio naturales de indagatoria.

En caso de que la Cofece empleara al máximo lo que la ley le permite, la segunda quincena de noviembre podría solicitar una ampliación más, que, de agotarse también en su totalidad, llevaría el término de la investigación hacia mayo del 2019.

El proceso legal del órgano que preside Alejandra Palacios dio inicio formal el 28 de octubre del 2016, pero fue notificado a la opinión pública hasta el 19 de abril del 2017.

A finales de mayo pasado, trascendió que los agentes económicos que estarían bajo investigación, Santander, BBVA Bancomer, JPMorgan Chase, HSBC, Barclays, Citibanamex, Bank of America-Merrill Lynch, Credit Suisse y Deutsche Bank, estaban presionando para que se concluyera la investigación antes de que iniciara el próximo sexenio, lo cual fue desmentido por Alejandra Palacios. (Con información de Reuters, Ricardo Jiménez, Octavio Amador y Elizabeth Albarrán)